Publicado: 24-01-2012 
  
Mendoza.- Una de las inquietudes pasa por el manejo de fondos. Francisco Pérez pretende vincular los cambios con la asunción del nuevo titular del organismo.

"No tenemos margen político de error en la designación del próximo superintendente general de Irrigación", ha remarcado en los últimos días el gobernador Francisco Pérez a al menos a tres de sus colaboradores inmediatos.

La frase es descriptiva de la cautela con la que el mandatario provincial se mueve a la hora de referirse al titular de un pliego que -según ha dicho- enviará a la Legislatura durante los primeros días de febrero.

Todo sucede en medio de una crisis hídrica que provoca que el Río Mendoza traiga este año un 40% menos de su caudal histórico y cuando aún no han desaparecido del todo los coletazos que dejaron el pedido de jury y la posterior renuncia del ex superintendente, Eduardo Frigerio.

El nombre de su remplazante es evaluado por el Gobierno provincial en contacto con autoridades de la UCR y con intendentes de todos los colores. Mientras, las especulaciones que hacen girar nombres se reiteran en dos principales: los de Mariano Pombo (asesor y ex subsecretario de Obras) y Luis Loyola (ingeniero de Irrigación, actualmente en la FAO en Chile).

La aspiración del Gobernador es que el nuevo superintendente no sólo tenga un nivel técnico reconocido sino también una aceptación política generalizada en línea con los entendimientos alcanzados con la oposición, especialmente con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

La decisión final no dejará de tener efectos sobre la vida interna del Partido Justicialista, entre unos descendentes azules y unos ascendentes "neonaranjas".

Pero el mandatario mendocino agrega también un tercer requisito a su postulante. Es que quien comande el organismo administrador del agua, deberá encarar reformas en el Departamento General de Irrigación "que lo pongan en línea con la situación de crisis hídrica que vive la provincia".

Todo indica que la intención del Gobernador es que Irrigación funcione con una vinculación más estrecha al Ejecutivo.

Ante sus colaboradores más cercanos, Paco Pérez ha cuestionado la distribución interna de los recursos en la estructura de funcionamiento de Irrigación, ya que considera que se concentran excesivamente sobre el Río Mendoza en detrimento de los otros ríos: Tunuyán, Diamante, Atuel.

Al tiempo que ha mostrado malestar por el grado de autonomía con el que se define el destino de los fondos internos "que van a cubrir sueldos o viáticos, en lugar de obras".

A Francisco Pérez no le hace demasiada gracia la denominación de "gobernador del agua" con la que se hace referencia al superintendente de Irrigación. En plena tarea de construcción del poder político propio con el que aspira a encarar los próximos cuatro años, parece vivirla como una especie de "recorte de poderes" al Ejecutivo provincial.

Es altamente probable que la definición del nuevo superintendente vaya acompañada por el impulso a una serie de cambios en el funcionamiento de Irrigación.

Aunque el detalle de estas modificaciones aún no se conoce, todo indica que se orientará hacia una menor autarquía de Irrigación o -al menos- hacia una mayor coordinación entre el funcionamiento de Irrigación y las políticas que establezca la Casa de Gobierno.

En la actualidad y por disposición constitucional y legal, el Departamento General de Irrigación es un organismo descentralizado y doblemente autárquico (institucional y funcionalmente) que sanciona su propio presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Como no se encuentra subordinado jerárquicamente al Ejecutivo puede disponer libremente de sus fondos, bajo el control del Tribunal de Cuentas de la provincia.