Se define como un operador del sistema, pero no ahorra calificativos al momento de cuestionarlo. Lo dice ante un grabador prendido pero también lo señala en sus sentencias. Felipe Celli hace 21 años que es juez penal en Paraná y, como cualquier juez, mira con preocupación la multiplicación de delitos violentos que llegan a su despacho. Entonces, en esta entrevista con Cronista Digital comienza a indagar en las causas y luego dispara una catarata de críticas: "El Estado carece de autoridad moral para imponer pautas", "La gente le tiene pánico a la Policía", "El sistema penal representa al poder dominante, y selecciona al más vulnerable, al más marginal", "Los políticos irresponsablemente piden penas más duras, sólo para acallar sus conciencias".

-¿Cómo se ve, desde el estrado de juez en materia penal la evolución de hechos delictivos?

-La experiencia particular, con 21 años en la magistratura, toda desarrollada aquí en Paraná, me permite trazar una progresión de lo que me pregunta.

En ese sentido, es preocupante el crecimiento permanente, cualitativo, de la violencia. Y dentro de esta violencia, en este cuadro de descomposición social creciente, se advierten cosas a las que, a través de las ciencias sociales, se les encuentra explicación.

Si no, sería muy dificultoso entender por qué los niveles de homicidios, por ejemplo, de afectación del bien más preciado, que es la vida, se da dentro de los sectores más marginales.

Y lo primero que se advierte, al buscar las causas, es que esta gente está en el mayor nivel de marginación social y de privación de todas las necesidades básicas. De pérdida de toda contención social, que es la familia, que no existe, y que de alguna manera lleva directamente a vivir el momento.

Entonces, hablar del valor vida, es una cosa totalmente extraña. No la conocen, no la pueden ponderar. Esta gente está en el nivel de frustración de manera tal que los únicos códigos que se manejan son los violentos y del momento.

Nunca vamos a encontrar una explicación de esas conductas desde nuestro plano. No tiene, desde este punto, ningún nivel de racionalidad tanta violencia.

-¿Significa que los delitos se dan en el plano de la marginalidad social, solamente?

-En estos momentos se dan las muertes en los mismos niveles sociales marginales, a diferencia de lo que ocurre en los grandes centros urbanos, donde los hechos violentos resultan ser con víctimas extrañas a estos sectores sociales. Por ejemplo, víctimas de un robo que conlleva a la muerte. Este hecho todavía no ha llegado aquí. Esto es más propio de los grandes sectores urbanos, donde también se dan casos que involucran a policías.

En relación con la Policía tienen que ver ejecuciones sumarias, con la actuación violenta de la Policía, que sigue manejando códigos al margen de la ley, y que permanentemente están en una disputa del segmento del poder.

A esto lo podemos advertir observando la permanente puesta en el tapete de personajes nefastos como (Luis) Patti, diciendo que la receta para combatir la inseguridad es volver a darle poder a la Policía, derogar el Código de Procedimientos de la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los más avanzados del país, porque avanza en el rescate de las garantías.

Un homicidio por semana

-Volvamos a lo que pasa aquí en el medio local.

-Desde el punto de vista de la progresividad de los niveles de violencia delictivos en la Provincia, nosotros hace ocho años, hablábamos aquí en la Cámara de cuatro homicidios anuales, y esa cantidad de hechos hoy se registran en un mes.

Desgraciadamente tenemos un déficit de una política criminal con estudios serios de campo, que permita conocer una suerte de mapa de la delincuencia, con categorías, y establecer en qué sectores hay, por ejemplo, predominio de delitos contra la propiedad, o en qué otros sectores se producen los abusos sexuales o delito contra la vida especialmente. Esto no existe; nos seguimos manejando con improvisación.

En este contexto de marginación social creciente, empobrecimiento del pueblo todo, y donde los Estados nacional y provincial están corriendo para ver cómo se pagan los sueldos, las necesidades básicas pasaron a ser un gasto. Y un gasto que no se puede afrontar por el déficit fiscal conformado por un enorme porcentaje de deuda absolutamente ilegítima. Todas estas cuestiones que terminan siendo un asunto de neto corte social, pasan a ser una materia pendiente, que nunca se cumple.

-¿Cómo juega la Policía en esto?

-En una política seria para abordar la sociedad, la Policía debiera tener un lugar frente a la sociedad, absolutamente distinto al que tiene. La Policía debiera ser amiga del buen ciudadano, y para eso hay que recomponerla totalmente, modificando la formación y capacitación del cuerpo de la Policía; donde se tenga como norte esencial el sustento de las garantías y de los derechos humanos. Y donde el cumplimiento de sus cometidos estén acotados a normas, a pautas de cómo proceder y de cómo respetar al ser humano.

Para esto se necesitan partidas, se necesita pagarle al policía un sueldo que le permita tener una vida digna.

Hoy día, ¿de dónde recolectamos la fuerza de la policía que sale a enfrentar estos niveles de conflictividad terrible?: de todos estos sectores marginales.

Porque ingresar a la fuerza policial, lejos de basarse en una vocación de servicio que debe tener un policía, hoy es una fuente desesperada de empleo; entonces quien no tiene acceso al mercado laboral busca el cobijo de la Policía, y son largados a la calle con una virtualmente nula capacitación para portar un arma. Y los resultados están a la vista: la gente le tiene pánico a la Policía, hay altísimos niveles de corrupción y hay una ausencia de capacitación notoria.

Esto trae como consecuencia que los hechos graves difícilmente se esclarezcan, salvo por azar. Ni qué hablar cuando se trata de delitos cuyos autores no son la "clientela" habitual, sobre todo marginales, sino que son los sectores más altos, que tienen un mínimo poder. Tampoco se aclaran los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. No tenemos formas de abordar y de esclarecer estos hechos.

La "esquizofrenia" del sistema

-¿Cómo se traduce en una sentencia esta postura de tomar en cuenta el contexto social en que se produce un hecho delictivo?

-Este es un permanente desafío que tenemos quienes pensamos que el sistema penal sólo hace creer que un conflicto se soluciona con una respuesta punitiva, fundamentalmente con una pena de encierro o privación de la libertad. Está demostrado científicamente que estas recetas, en relación con el conflicto, no sirven, porque no lo resuelven.

Por eso, algunos maestros piensan, con atinado criterio, entiendo yo, que la máxima aspiración del sistema penal frente a un conflicto es buscar redefinirlo en términos de menor violencia, y no solucionarlo. Es decir, cuál tiene que ser nuestra meta más alcanzable: bajar los niveles de violencia y buscar respuestas alternativas más humanas para todos.

Porque debemos pensar que si encerramos a alguien, en relación con la víctima no solucionamos nada; en relación con la sociedad tiene un altísimo costo económico, y también niveles de violencia, porque se desplaza al sector al cual pertenece la persona que mandamos a la cárcel. Al quedar privado su sustento, se destruye una familia más, está generando y repotenciando la violencia, con un saldo que, si lo evaluamos en forma correcta, es absolutamente negativo.

Lo que pasa en que en los sectores del poder hay como una suerte de venda, y esto no interesa. Se maneja como un simbolismo que es decir estamos haciendo justicia, mandamos gente a la cárcel. Pero esto tiene una esquizofrenia porque desde el propio sector del poder se pretende exigirles a los jueces mayor encierro, mayor aplicación de penas duras.

La cárcel de Paraná: tierra asolada

-Se le pide que encierren el conflicto...

-Exacto. Y hoy encontramos en Paraná, que la Unidad Penal N 1 tiene una población de 230 internos que la ponen en un colapso no sólo edilicio, sino también humano y material. Las instalaciones están diezmadas.

El otro día tuve oportunidad de ingresar a las instalaciones y quedé aterrado de las imágenes. A mí se me representaron las escenas dantescas de lo que pasó en la ex Yugoslavia, de tierra asolada; como si hubiera habido un bombardeo adentro, y el emergente de miseria de lo que queda, de abandono, de suciedad, de mugre...

Si le sumamos a eso el hacinamiento que decíamos, esa unidad, con 100 internos está en el límite. No hay partidas presupuestarias, se les mandan (bonos) federales con cuentagotas, les están faltando la comida, la gente está padeciendo hambre; es una situación realmente pavorosa. Entonces, que desde el propio Estado se salga a demandar mayor violencia, me parece una esquizofrenia injustificable y una generación de más violencia.

-Usted sabe que no todos los jueces son críticos con el sistema penal. Tampoco hay en las sentencias mayores alusiones a la situación social. ¿Se puede decir, entonces, que un caso puede tener una sentencia totalmente distinta entre un juzgado y otro?

-Sí, sí, sí. Eso evidentemente ocurre y hay diferencias notorias entre quienes tenemos una posición crítica frente a respuesta punitiva y quienes no la tienen. Una posición crítica, que lamentablemente somos los menos quienes la tenemos. No deja de tomar en cuenta que científicamente se ha demostrado que el encierro no sirve. Porque el discurso de que la cárcel es resocializadora es un mentís a la realidad.

-Las cárceles se toman como una institución natural, y nadie las discute.

-No es casual que no se discuta, porque el poder se ocupa de ocultar esto y de mantener esta suerte de statu quo terrible, donde esto que digo del aumento de la población carcelaria es un problema mundial.

En Estados Unidos hay cerca de 2 millones de internos, aunque puede haber una diferencia en el manejo de los recursos, pero en las condiciones en que vive un persona privada de la libertad no hay diferencias.

Entonces esto tiene que entenderse desde una perspectiva del poder; otra forma de entenderlo no tenemos. El sistema penal representa al poder dominante. Por eso selecciona al más vulnerable, al más marginal.

Desde esta comprensión puedo yo ponerme en un plano crítico y tratar, desde mi posición de operador del sistema judicial, de bregar, primero por el respeto máximo de las garantías individuales y de los derechos humanos, y luego bregar por hacer que este sistema funcione de la manera menos violenta posible. Es decir bajar los niveles de violencia y buscar los máximos niveles de racionalidad, son metas posibles y metas realizables.

Obviamente que por ahí pretender mayores cosas es entrar en un plano de utopía irrealizable.

-El sistema penal es funcional al poder, dice usted. Cuestionarlo debe traer problemas.

-Absolutamente. Esto lo asumo como un compromiso militante, con las ideas, los principios y una pretensión de coherencia de hacer lo que pienso. No tener un discurso acomodaticio a las circunstancias.

La vida me ha puesto en el lugar de ser un operador del sistema, y de formar jóvenes en la facultad con el mismo discurso. Esto, por supuesto que genera problemas por parte de los detentadores del poder, adentro, afuera, pero lo asumo como las reglas de juego por defender una posición que debe ser coherente.

El Estado inmoral y violador de la Constitución

-¿Alguna vez le ocurrió que el sistema le manda fallar de una manera que no comparte? O le pregunto de otra manera: ¿Le ha pasado que no pueda dormir alguna noche por la sentencia que firmó ese día?

-Tengo la particularidad de ser firme y tener tranquilidad de conciencia, y la verdad es que en la trayectoria de magistrado no me he arrepentido de las decisiones tomadas. Advierto con satisfacción que el tiempo no me ha ido en vano, por un avance de crecimiento intelectual y de la firmeza de convicciones.

Esto, como decíamos recién, trae sinsabores, enfrentamientos con el sistema. Se me ha pretendido demonizar como abolicionista, como si abolicionista fuera un demonio. No soy abolicionista.

El abolicionismo es una corriente de la Criminología que ha hecho aportes valiosos para desmitificar el sistema penal, para poner en crisis la vieja receta de la dogmática penal, y eso posibilitó avances enormes.

Y estos avances han sido provechosos para que el sistema penal tenga conciencia de que tiene que actuar como última receta frente a los conflictos. Exactamente al revés de lo que demandan los políticos irresponsablemente todos los días, a nivel provincial y nivel nacional, de mayor restricción de las garantías y de una inflación legislativa en materia penal. Ya lo dijimos, esto es propio de una esquizofrenia irresponsable que sólo tiende a acallar sus conciencias y a engañar a la gente, diciéndole que está afrontando el problema de la delincuencia. Esto es una forma de esconder bajo la alfombra los deberes que el Estado no hace mínimamente, que es atender las necesidades básicas de la comunidad y edificar una política de seguridad ciudadana abordando las verdaderas causas.

Y a nivel institucional tenemos una pérdida total del respeto a las normas, con un Estado a través de sus distintos poderes que es el máximo violador de la Constitución todos los días. El Estado carece de autoridad moral para imponer ninguna pauta de nada.

La impunidad y los crímenes del poder

-¿En qué medida influye la impunidad del poder en el nivel de hechos delictivos violentos? ¿Puede tener influencia en el registro de delitos que la sociedad vea que en este país se puede ser genocida o ladrón de saco y corbata y no ir preso por eso?

-Tiene una directa consecuencia. Basta remitirnos a la corrupción, que lamentablemente es un problema estructural en todos los sectores. Lo cual muestra cuán difícil va a ser revertir esta situación. Esto implicará una lucha militante de todos los sectores de la sociedad y no obstante quién sabe cuánto tiempo llevará erradicarla.

Por un lado el tema de delitos de corrupción, donde incluso el quebranto de la norma fue una forma de manejo del poder hacia abajo. Basta recordar la época del menemismo y de allí para acá.

-Cuando se ampliaron los miembros de la Corte, en lo que fue quizás uno de los manoseos más groseros en toda la historia del Poder Judicial.

-La ampliación de los miembros de la Corte, los legisladores truchos. Es decir, un maquiavelismo llevado hasta sus últimas consecuencias, donde el fin justifica los medios y el fin era enajenar los destinos del país. Y hoy tenemos un país quebrado, un país que no es dueño absolutamente de ningún resorte de la soberanía, y quebrado moralmente.

Todo esto implica al Poder Judicial, donde todos tenemos que hacer una severa autocrítica y ver en qué estamos fallando, cómo tenemos que responder.

-Los casos Gómez y Basualdo mostraron que aun en democracia se mantiene en pie el método de desaparición forzosa de personas. Usted tuvo una actuación en esos casos, ¿qué opina?

-Yo diría que en los casos Gómez y Basualdo, como los más recientes, el de Gorosito, son casos de ejecución sumaria por parte de la Policía. Esto es muy grave. No sólo pasa en Buenos Aires, sino también pasa aquí, en Entre Ríos. La Policía comete excesos, y en esto son responsables el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial emergentemente en cuanto le toque al control jurisidiccional.

-Además de los delitos entre sectores marginales, además de las muertes en manos de policías, también hubo en Entre Ríos crímenes relacionados con el poder. ¿Ustedes a esto lo tienen claro?

-Por supuesto que lo tenemos claro. Ha habido un manto de impunidad, de hechos que debieron haber sido investigados y no lo son. De hecho, desde el poder de turno, que son casos de corrupción. Y hay materias que no se resuelven, materias que no se tocan.

-Sí pero hay otras cuestiones que yo, lamentablemente no puedo mencionar porque son muy graves y están acá adentro, pero que son muestra de que tenemos que hacer una profunda autocrítica. Si no, no salimos.