Publicado: 10-03-2010
 
Salta.- El juez de Instrucción Formal 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, llamó ayer a prestar declaración al jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 (RIMte 28) de Tartagal, Javier Laperutta, para que contara todo lo que sabía sobre el caso del ex concejal Hugo Torina, quien se halla detenido y es investigado por el robo de donaciones enviadas por la ciudadanía argentina para los damnificados por el alud que sacudió la localidad norteña en febrero del año pasado.

Toda la mercadería despachada para las víctimas era acopiada en un galpón del establecimiento castrense, cuyo comandante deslindó en la víspera todo tipo de responsabilidad en el manejo de estos elementos, ratificando ante el juez los dichos que había hecho públicos durante la semana anterior a través de los medios de comunicación locales.

No obstante, luego de que el jefe militar se retirara de Tribunales, el periodista Ricardo Cuéllar, de la emisora tartagalense FM Contacto, de propiedad del concejal del Partido Renovador de Salta (PRS), Fabián Cimadevilla, lo acusó públicamente de "faltar a la verdad" y de ser "cómplice" del retiro permanente de bienes y mercaderías que se acopiaban en la unidad militar y que "se sacaban para repartir en la campaña" electoral de 2009.

"Esto lo hemos dicho durante la campaña política el año pasado -manifestó Cuéllar- y ahora el propio teniente coronel Laperutta reconoce que del regimiento se sacaba mercadería por la parte de atrás. El asegura que era para facilitar la entrega a quienes viven (en los barrios cercanos a la unidad militar) en Santa Rita, La Loma y Villa Güemes. Pero la verdad es que en plena campaña electoral los camiones ingresaban y sacaban ropa, mercadería y otros elementos..., eso fue lo que realmente sucedió", aseguró el periodista radial.

Luego de tales aseveraciones El Tribuno trató de comunicarse, insistentemente, con el jefe de la unidad militar pero en todas las oportunidade un asistente contestó que "el teniente coronel Laperutta no se encuentra en el regimiento".

El caso

Torina, un profesor de educación física con fuertes lazos con la Iglesia Católica, era, cuando ocurrió el alud, secretario de Deportes de la comuna y fue comisionado por el intendente Sergio Leavy para que coordinara la entrega. Sin embargo, el sujeto, que el 10 de diciembre de ese mismo año había jurado como concejal tras ser electo en octubre por el oficialista Frente Para la Victoria (FPV), decidió darle un destino diferente a algunos elementos, entre ellos, una partida de colchones y un aire acondicionado, que instaló en su propia casa. Nadie sospechó nada pero la producción del programa periodístico porteño CQC, que había enviado los donativos, puso en cada uno un GPS, ante la presunción de que "algo raro" podía acontecer con el destino de los objetos recaudados a partir de aportes solidarios. Los GPS se apagaron a un mes de llegar pero el del aire acondicionado se activó luego de que encendieran el aparato. El periodista Rodríguez viajó a Tartagal y lo ubicó el 2 del corriente en el domicilio del edil, quien en un principio quiso negar todo, pero luego, abrumado por las evidencias, pidió perdón por los medios y renunció a su cargo. 

Cambio de estrategia defensiva

Jorge Daniel Soruco, el abogado del ex concejal Hugo Torina, quien se halla preso en un destacamento policial en Campamento Vespucio, decidió realizar un cambio de estrategia defensiva: ayer solicitó al magistrado que se halla a cargo de la causa, Nelso Aramayo, que cambie la carátula del caso "supuesto peculado" por "retención indebida". Y para ello esbozó argumentaciones que causaron risas y sonrisas en la ciudadanía tartagalense.

Soruco deslizó la teoría de que su cliente en realidad no se quiso llevar a su domicilio, en el barrio Roberto Romero ubicado en la zona este de la ciudad, el aire acondicionado donado por CQC para las damnificados por el alud, sino que lo que realmente pretendía era arreglarlo puesto que el equipo se hallaba descompuesto.

Soruco ocupó el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas del municipio hasta marzo de 2000 -durante la gestión de Tito Angel- pero fue destituido tras ser apresado en Mendoza con un cargamento de cocaína que iba a pasar a Chile. El letrado cumplió su condena y regresó a Tartagal hace dos años.

Un juicio por una Land Rover

El juez de Instrucción Formal Nelso Aramayo se apresta a elevar a juicio una causa similar en contra del ex presidente del Concejo Deliberante de Tartagal, Roberto Quiroz, quien se halla acusado de haber vendido, en 2000, una camioneta Land Rover 4x4 donada por el Gobierno de la Provincia a la comunidad aborigen Lakha Honat. Quiroz fue descubierto en 2007 por la Brigada de Investigaciones y la instrucción ya ha concluido. Siete años antes, cuando era secretario del senador Mashur Lapad, le encomendaron que trasladara el vehículo de Salta a Tartagal, pero éste nunca llegó.