Córdoba.- La vigencia de la emergencia durante sus cuatro años en el municipio le permitió renovar por decreto millonarios contratos. El más emblemático es el de Cliba, a quien le subió el canon de $ 3,2 millones a $ 17 millones.

Entre otros rasgos salientes, la administración municipal de Luis Juez -2003/2007- pasará a la historia por ser una de las pocas, tal vez la última, que no recurrió al sistema de licitación fijado por la ordenanza de contabilidad. Hubo un instrumento legal que le permitió este manejo que mantuvo vigente a lo largo de sus cuatro años de gobierno y que recién derogó Daniel Giacomino en marzo de 2008: la Municipalidad en estado de emergencia.

El caso más emblemático, lejos, fue el servicio de recolección de residuos domiciliarios -el contrato económicamente más grande que tiene el municipio- que venció el 13 de diciembre de 2006. Es decir, vio su vencimiento con dos años de antelación al asumir, y contó con otros dos más para sustanciar el proceso.

Sin embargo, no lo hizo. Apeló sistemáticamente a sucesivas renovaciones por decreto. Su secretario preferido y directo hombre de relación con la empresa Cliba, Rubén Borello, se encerraba en un silencioso cuarto del Palacio 6 de Julio con directivos de Cliba, y de esa conversación alumbraban los nuevos términos -números- del decreto de ampliación del contrato.

De esta manera, Cliba terminó cobrando de la administración Kammerath 3,2 millones de pesos y cuando se fue Juez, cuatro años después, embolsaba 17 millones de pesos: se benefició con la friolera de un incremento del 530% . Todo por decreto.

Esta fue la renovación contractual emblemática, pero en general, casi sin excepciones, no hubo licitaciones para contratar bienes o servicios en la Municipalidad de Córdoba durante esos cuatro años en los que en el frontispicio del despacho de Juez brillaba su lema "se acabó el choreo".

Nadie puede saber lo que pasa en un cuatro cerrado en el que negocian proveedores y funcionarios; el resultado puede ser bueno, puede ser malo. Pero el Estado sospecha con sus leyes lo que allí puede suceder, por esos las normas articulan concursos públicos y licitaciones también públicas.

Ese personaje malidicente que es Juez ha respondido a preguntas enderezadas a develar por qué negociaba de esta manera con el grupo de Cliba, con insultos de su calibre, ya lo sabemos.

Es probable que ahora, si prospera la investigación de la jueza Servini de Cubría, puedan develarse algunas incógnitas sobre un hombre que vivió cuatro años dividiendo en dos con su hermano Daniel el sueldo proletario con que se obsequiaba a él, a sus funcionarios y concejales, y renovaba sus vehículos con una frecuencia asombrosa. Esto es muy verificable documentalmente.

Hay un pago a Cliba, por 5,5 millones de pesos, ya cuando terminaba el gobierno de Juez, que trascendió públicamente y que terminó en el despacho del fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco. La denuncia quedó pisada en ese despacho y ya tiene que haber preoo.

Pero lo que contenía la denuncia tal vez defina la verdadera naturaleza de la relación de Juez con el principal proveedor de servicios de la Municipalidad. El Tribunal de Cuentas, presidido por Jorge León, no había visado el trámite ni tampoco se habían vencidos los plazos fatales (sanción ficta) pero el certificado igual fue pagado.

León luego cayó en desgracia tras su papelón en Tiendas Mechi y hasta su denuncia contra Juez por enriquecimiento ilícito, que también recaló en el hiperactivo fiscal Amayusco, ni siquiera fue abierta. Lástima, tal vez hubiera surgido la oportunidad de escuchar los motivos por los que Borello le reclamaba una rápido paso por el Tribunal de Cuentas.