Publicado: 23-08-09


Auditores del Tribunal de Cuentas (TC) investigan el destino de los fondos de regalías mineras del municipio de Recreo. Estuvieron desde el martes hasta el viernes auditando los movimientos contables realizados durante el período 2008-2009.


El Tribunal de Cuentas se instaló en el municipio lapaceño ante un pedido formal del Concejo Deliberante de Recreo.


Es que los ediles solicitaron información sobre los fondos de regalías mineras al Ejecutivo Municipal en más de una oportunidad, pero el intendente Daniel Polti no habría respondido a la solicitud. Y esto derivó en una serie de gestiones ante la subsecretaría de Asuntos Municipales y el TC para conocer el destino de los fondos de regalías. Y de hecho, los concejales promovieron la investigación a raíz de supuestos movimientos sospechosos en la cuenta de regalías. Los ediles recreínos sostienen que las regalías ascienden a más de $2.800.000 y que hasta la fecha no se realizó ninguna obra –con proyecto aprobado- con los fondos derivados de la minería.


La concejal Norma Rotta (FCS) señaló que el CD, como órgano de contralor del Ejecutivo Municipal, impulsó los pedidos de informes. "El intendente no respondió ninguna solicitud sobre regalías que hicimos desde el Concejo. De ahí que insistimos con el Tribunal de Cuentas. Estamos esperando el informe del Tribunal y el intendente tendrá que hacerse cargo de la situación", aseveró Rotta.


Por su parte, la edil Ingrid Barrera (MAP) sostuvo que es "prioritario" conocer la cantidad de dinero existente en el municipio por regalías. "Se trata de dinero que tiene un destino específico, que debe ser utilizado para el desarrollo de la comunidad. En un par de días más el TC nos informará sobre el resultado de la auditoría", acotó Barrera.

La próxima semana el TC deberá informar sobre el resultado de la auditoría.

Las irregularidades detectadas durante una gestión polémica  
 
La piedra basal de la investigación iniciada en 2005 fue justamente un informe preliminar de auditoría realizado por el Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones efectuadas por la Subsecretaría de Acción Social entre septiembre y diciembre de 2003, el que sirvió para fundamentar los argumentos del juez Palacios en su pedido de desafuero de Brandán.

 
Entre otros conceptos, el magistrado destacó que se había observado en los polémicos trámites de compra "la inexistencia de organización y previsión en la adquisición de alimentos destinados a la población", a la vez que resaltó la imposibilidad de determinar en forma fehaciente si los artículos habían sido efectivamente recibidos por los presuntos beneficiarios.


A Palacios también le llamó la atención que, "al no existir licitación, se observa que todos los proveedores en todos los expedientes resultan comunes" y que "no se aplicaron los principios generales de toda contratación: concurrencia, publicidad, igualdad de posibilidades de rango constitucional".


Por testimonios de varios empleados y ex empleados del área de Acción Social en el marco de la auditoría del TC, el juez concluyó que "con personal a sus órdenes, entre los que se encuentran familiares y amigos de su entorno perfectamente identificados por los testigos, (Brandán) implementó la metodología del temor, avasallando los elementales principios establecidos por el derecho administrativo para el contrato de suministro, e inclusive favoreció a empresas proveedoras del medio que obtuvieron finalmente pingües ganancias", lo que conformó "un verdadero aquelarre de maniobras ilícitas que en su momento el Ministerio Público Fiscal deberá investigar".


Desaparecieron expedientes vinculados con la causa Brandán.