Publicado: 26-06-09

Mientras los miembros del Tribunal de Cuentas siguen debatiendo internamente qué tipo de medidas deberían adoptar para lograr hacerse del original del expediente de la Secretaría de Hidrocarburos, vinculado con la venta de gas de regalías y construcción de una planta de metanol y otros productos químicos por parte de Tierra del Fuego Energía y Química, trascendió que la semana entrante los integrantes del órgano de control podrían ser objeto de un pedido de juicio político, por la tarea desarrollada en torno al control de la operación con la mencionada sociedad anónima.

A principios de mes el Tribunal había comenzado a evaluar la posibilidad de realizar una presentación ante la Justicia reclamando la adopción de medidas tendientes a obtener toda la documentación referida al tema "Energía y Química".

La definición de esta cuestión quedó en suspenso luego de que el pasado jueves 11 el Gobierno le entregara una serie de documentación que contenía un informe contestando las observaciones que habían sido formuladas sobre el borrado del contrato de venta y por diversas irregularidades detectadas en expediente 4215/09 de la Secretaría de Hidrocarburos (falta de folios y documentación no certificada, entre otras); copia del contrato firmado por la Gobernadora y la modificación acordada con la empresa, y una serie de actas de Directorio de TFEQ SA.

Del análisis de esa documentación surgió que esta consistía en fotocopias no certificadas, razón por la cual desde la Presidencia del Tribunal se solicitó, por nota, al Ejecutivo la remisión del original del expediente administrativo de marras, el que ya fue mandado a archivar por el Secretario de Hidrocarburos, Eduardo D'Andrea, dando para ello un plazo de 72 horas.

Vencido ese plazo, y conocida las declaraciones de D'Andrea en las que aseguraba que no se accedería al pedido del órgano de control, dentro del Tribunal volvió a ser analizada la conveniencia de solicitar la colaboración de la Justicia para hacerse de toda la documentación original que esté en poder del Gobierno, pero la falta de unanimidad de criterio entre los vocales sobre los pasos a seguir a demorado una definición sobre el particular.

A estas divergencias internas se le sumó, en las últimas horas, la amenaza de que los máximos responsables de ese órgano de control sean objeto de una denuncia ante la Legislatura, para que se los someta al proceso de juicio político previsto en el artículo 144 de la Constitución.