Publicado: 05-07-2013

Tierra del Fuego.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia recomendó a la ministra de Obras Públicas, Gabriela Muñiz Siccardi, cumplir con la ley en el desarrollo de las obras que se realizan al amparo de la ley de emergencia hídrica, impuesta en ésta ciudad, para garantizar el servicio de agua potable a la población.

El organismo de contralor objetó que el anterior titular de la cartera de Obras Públicas, Manuel Benegas, se apartara de la ley, evitando que el expediente de obras tuviera la intervención previa del Tribunal de Cuentas, lo cual fue calificado como una "desprolijidad", omitiendo los pasos legales que están vinculados en forma directa con la "transparencia", sobre todo cuando se trata de la ejecución de fondos públicos.

Al no haber advertido perjuicio fiscal, en la investigación desarrollada con posterioridad a la ejecución de los fondos asignados para atender la emergencia hídrica, el organismo de contralor resolvió cerrar la causa, aunque con la recomendación a Muñiz Siccardi para que, en lo sucesivo, las actuaciones sean debidamente encuadradas en lo que marca la ley de procedimiento.

La emergencia hídrica

La emergencia del servicio de producción y suministro de agua potable en Ushuaia, fue establecida en ley 850 y prorrogada por ley 862. La decisión de que los expedientes no tuvieran el control previo del Tribunal de Cuentas fue asumida por el exministro Manuel Benegas, aunque en un escrito del secretario de Infraestructura, Daniel Lépez, este asumió "todas las responsabilidades que por esta circunstancia pudiesen caber".

Las objeciones

"No fueron remitidas las actuaciones al Tribunal de Cuentas para su control preventivo" con lo que se incumplió lo establecido en la ley 50, en los artículos 2 y 32, indica en su informe el organismo de contralor.

"Se pueden constatar desprolijidades en cuestiones procedimentales, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la ley, lo cual se vincula directamente con la "transparencia" que debe reinar en la Administración Pública, máxime cuando se trata de manejo de bienes del Estado", sostienen los fundamentos del informe elaborado.

"De todas maneras, ante la falta de verificación de un presunto perjuicio fiscal, resultaría razonable una recomendación a las actuales autoridades de la cartera de Obras Públicas para evitar en el futuro el incumplimiento de la ley", puntualiza el escrito.