“Es necesario aumentar la cobertura radioeléctrica en los espacios de la Ciudad que aún no la tienen”, señaló la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) sobre el servicio de comunicación que la Policía Metropolitana tiene a su cargo y desde el cuál se comunica con áreas críticas como el SAME, Defensa Civil y Tránsito. De no hacerse, sostienen que, “en el caso de un gran accidente, la situación sería inmanejable”.

La Auditoría destaca que el sistema opera en la banda de los 800 mhz y que para ello utiliza las 10 frecuencias que fueron asignadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). A modo comparativo, el informe señala que la Federal utiliza 40 canales. Sin embargo, pese a que la fuerza dispone de la tecnología para ampliar el espectro, no se puede utilizar porque no fueron incrementadas las frecuencias ni sus posibilidades de alcance.

Al sistema de comunicaciones, el trabajo de la AGCBA le dedicó un tratamiento especial. Según el equipo “si se llegara a aumentar la cantidad de terminales o incorporaran más servicios de emergencia, los problemas serían exponencialmente más grandes”. Para el organismo de control, los espacios físicos con cobertura radioeléctrica “deberían ser revisados, ampliados y adaptados en vista de las posibilidades del alcance de las comunicaciones frente a las nuevas necesidades”.

Cámaras ¿de seguridad?

La reglamentación de la ley que dio vida a la Policía Metropolitana se sancionó el 20 de marzo de 2010. Esta nueva fuerza tenía entre sus objetivos “la ampliación de la red de cámaras de monitoreo en la Ciudad”, que se esperaba que fuera “una de las herramientas principales para la prevención del delito”. Sin embargo, la Auditoría detectó algunas “debilidades” en el Centro de Monitoreo de Imágenes.

En primera instancia, de las dos centrales, “a junio de 2012 solo uno estaba en operaciones”. La misma posee 20 puestos de trabajo y opera las 24 horas los 365 días del año. A mayo de 2012 había 1772 cámaras instaladas en la Ciudad “de las cuales solo 300 estaban señalizadas”. Sobre este punto los auditores manifestaron que “no se cumple con la Ley 2.602 que exige la señalización de todas las cámaras con un cartel indicativo de manera clara y permanente”, ni con la 3998 que “obliga a publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad los puntos donde se instalan las cámaras”.

Otra de las irregularidades que se detectaron en el Centro de Monitoreo de Imágenes, y que se publicaron en el informe de la AGCBA aprobado este año, es que “no se prohíbe el uso de celulares particulares en las salas de monitoreo”. Por esto, “se encuentra en riesgo la confidencialidad de las imágenes”. Además, pese a que los videos deberían guardarse por 60 días hábiles solo se resguardan por 60 días corridos.

Criminalística

Es el área dentro de la fuerza que se encarga de realizar las pericias químicas y balísticas en el lugar de los hechos y de identificar físicamente a quienes cometieron un crimen.

Sin embargo, la Auditoría señaló que “no disponen del equipamiento y la tecnología específica para su trabajo”. De hecho, no “tienen software de reconocimiento facial y uno para huellas balísticas, entre otros”. Además,  la Policía Metropolitana no tiene convenios formales para contar con las bases de datos de otras instituciones, tales como el Registro Nacional de las Personas y la Federal, esto dificulta “obtener y operar” con datos más precisos.

El equipo de auditores, que evaluó el período junio 2011/diciembre 2012, detectó que los agentes que trabajan en este sector “no cuentan con un espacio físico para realizar las pericias de forma adecuada”.

Otros delitos

La pedofilia, los casos de pornografía infantil, las estafas, amenazas, tráfico de estupefacientes y otros delitos suelen estar relacionados con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Sobre el sector que actúa en estos casos, los auditores observaron que “no posee un laboratorio bien equipado donde realizar las pericias”. El informe destaca que “solo hay un espacio disponible para oficinas administrativas, pero la fuerza lo usa para guardar las evidencias recolectadas” porque el depósito destinado para ello “está excedido”.

A esto se suma que, “pese a que solicitaron los programas necesarios para realizar sus estudios y análisis, al cierre de la auditoría, aún no los habían recibido”. Además, como no hay suficientes computadoras, “el personal utiliza máquinas personales”.