La semana pasada murió Renzo Antonelli, el niño de solo dos años que nació con una miocardiopatía congénita. Estuvo varios meses conectado a un corazón artificial hasta que apareció un donante y el pequeño fue trasplantado mediante una operación que duró 14 horas. Así como Renzo hay miles de personas que esperan un trasplante. Por ley, todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario. Pero, según detectó la Auditoría General de la Nación (AGN), la falta de claridad en la legislación hace que este principio quede limitado por un artículo que expresa que “en caso de no haber manifestado el deseo, la decisión recae sobre el familiar”.

Es que en 2005 la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos fue modificada mediante la incorporación del artículo 19 que expone que es potencial donante “toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición”. Sin embargo, uno de los artículos preexistentes, el número 21, atenúa el alcance del anterior al establecer que “en caso de falta de manifestación expresa del difunto es la familia quién tiene la última palabra”.

De este modo, “la voluntad del fallecido a favor de la donación”, tal como sostiene el artículo 19 “puede ser sustituida por las creencias y voluntades propias de la familia mediante una simple declaración jurada”. La Auditoría sostiene que este acto supone un hecho “imposible de probar”.

La AGN observó que en 2011 “de las 1588 muertes encefálicas potencialmente aptas para donar, hubo 628 procesos interrumpidos de los cuales 531 fueron por negativa familiar”. En 2010, se encontraron números similares. Queda claro que “la legislación actual no resguarda adecuadamente el derecho de las personas a decidir al respecto”.

 

 


 La lista de espera es nacional y única y está administrada por el INCUCAI. La AGN destaca que el Instituto “realiza campañas y publicidad pidiéndole al ciudadano que sea donante pero no explica que, de acuerdo a la legislación, todas las personas son donantes aunque no manifiesten su voluntad de serlo”.

En 2011 la Argentina tuvo la tasa más alta de donantes en América Latina. Pero si se la compara con Europa, aún falta trabajar mucho. En ese continente, España lidera el ranking seguido por Portugal. El informe, aprobado este año, señala que “ambos países poseen una legislación clara y concisa como herramienta eficaz de captación de voluntarios” y hace hincapié en la importancia de ambos factores.
En Portugal, por ejemplo, “se consideran dadores post mortem a quienes no hayan manifestado su condición contraria mediante una inscripción en el Registro Nacional de No Dadores”. En España, “si bien no existe este registro, todos son donantes salvo que hayan dejado expresa una constancia de su oposición”.

 

 

Continuando con la cantidad de donantes en nuestro país, el organismo de control determinó que “si bien aumentó un 22% entre 2007 y 2011, hay variables que no acompañan ese crecimiento”. Por ejemplo,  “la demanda registrada en la lista de espera se incrementó un 33% entre esos años”, por lo que la suba de donantes no logra cubrir la crecida de los pedidos.

Además, el informe señala que “si bien los trasplantes realizados se incrementaron un 7% entre 2007 y 2011, entre 2008 y 2009 bajaron”, por lo tanto, “el programa tuvo un estancamiento”.

La base de datos del INCUCAI es el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA). Allí se registran “las altas y las bajas de los pacientes en lista de espera”.  Los auditores detectaron, en su informe que evalúa los años 2010 y 2011, que existieron casos de  “cierres de procesos de donación y pérdidas de órganos por problemas de logística y negativas sin certificar, entre otras cuestiones”.