Catamarca.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia no tiene los medios suficientes para cumplir sus importantísimas funciones de seguimiento de los funcionarios del Poder Ejecutivo, de los legisladores, intendentes municipales y comunas en relación con la percepción e inversión de los caudales públicos. La consecuencia no puede ser otra que la dificultad para analizar las causas y producir fallos en plazos razonables.

Cuando se habla de "medios" no sólo se alude a los recursos materiales y humanos, sino también a vacíos legales y a ciertas precisiones normativas. La Ley que creó el Tribunal de Cuentas deja fuera de su competencia a los gobernantes, pues establece "la suspensión de las actuaciones cuando la responsabilidad pudiera alcanzar a los legisladores y funcionarios que están sujetos a juicio político".

Con estos frenos, el Tribunal de Cuentas deberá esperar, por ejemplo, que un legislador en conflicto con el organismo termine su mandato para recién enjuiciarlo. Estos casos aquí no son desconocidos. Tanto lo son, que más de una vez se ha oído o leído que la Legislatura es un aguantadero y que a más de un diputado o senador del oficialismo se lo protege designándolo en otros cargos también seguros con respecto a un enjuiciamiento. Tal vez sea un dato de interés la circunstancia de que hay funcionarios del sector del Gobierno que se mantienen activos desde hace 25 años, claro que no en el mismo cargo, sino recorriendo distintas funciones, todas ellas protectoras contra el brazo del Tribunal de Cuentas.

Las insuficiencias del Tribunal de Cuentas han sido expuestas varias veces, pese a lo cual ha habido no pocos cuestionamientos, por parte de catamarqueños que dudan de la utilidad del organismo. Los más escépticos lo consideran poco menos que cementerio de las causas, dicho esto, seguramente, por la lentitud de los expedientes.

En realidad, no debería sorprender que un órgano de control de los funcionarios y legisladores no sea prioridad para los gobernantes. Que no haya inquietud por reformar la ley madre del Tribunal de Cuentas. Que no preocupen las carencias materiales y de personal. Y esto ni siquiera porque las obligaciones se han incrementado con el control de los recursos provenientes de las regalías mineras.

La necesidad de un contralor de los dineros públicos es cosa de interés mayor para los ciudadanos, cuya suerte depende de la transparencia de la administración. Por esto habría que acometer la reforma de la ley velando para que no sirva de coraza a ningún administrador o legislador deshonesto o desordenado. 

El Tribunal de Cuentas será más productivo si se superan sus carencias y si se modifica la ley por la que se lo creó.