Publicado: 24-03-09

La Justicia Federal procesó al ex presidente peronista por el caso del supuesto fraude a la administración pública en la adjudicación del contrato a la multinacional francesa Thales Spectrum, para la explotación del espacio radioeléctrico argentino. También se confirmó la imputación del ex intendente de Córdoba y ex secretario de Comunicaciones de la gestión del mandatario riojano, aunque seguirá libre porque no se dictó prisión preventiva.

El juez federal Norberto Oyarbide procesó ayer al ex presidente Carlos Menem, en el marco de la causa por la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado imputó al ex mandatario riojano de ¨administración infiel¨, y le fijó un embargo de 200 millones de pesos.

La concesión cuestionada es de 1997 y fue anulada en 2005 por Néstor Kirchner. Hace 12 años, el gobierno de Menem le entregó por dos décadas el control del espacio radioeléctrico a Thales Spectrum, que así pasaba a cobrar cánones por el uso de ese espacio que hicieran la telefonía celular, los canales de televisión y las radios.

En la resolución de ayer, Oyarbide dejó sentado el argumento de que Menem no desconocía los hechos, razón que lo convierte en partícipe del delito. ¨No puede soslayarse de modo alguno que Carlos Saúl Menem, en orden al cargo detentado y en virtud de encontrarse bajo su exclusiva competencia todo lo relativo al control del espectro radioeléctrico, desconociera el desequilibrio existente entre la prestación brindada y la contraprestación percibida por TSA (Thales Spectrum) desde el inicio de la concesión, con el consecuente perjuicio que dicha situación ocasionaba al Estado nacional¨, dijo el juez.

Sin embargo, Menem no irá preso mientras dure el proceso judicial: ¨En el caso concreto, los peligros procesales de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, se ven neutralizados, por lo que no existe necesidad de privar al imputado de su libertad durante el proceso¨.

La causa

En 1998 el gobierno de Menem firmó un contrato con la empresa francesa TSA que entregaba el control hasta 2012 del espacio radioeléctrico nacional a cambio de un importante canon.

Tras la anulación del contrato, la Justicia abrió entonces una causa en la que el juez federal Jorge Urso dictó sobreseimientos parciales por entender que no hubo irregularidades.

Sin embargo, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción apelaron en base a las pruebas aportadas, por ejemplo las revelaciones de un financista ¨arrepentido¨ suizo que detalló supuestas cuentas secretas a las que se habría girado unos 25 millones de pesos de posibles sobornos.

Según una de las pericias aludidas por la Cámara, habría habido ¨un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99 por ciento¨ que se traduciría en ¨671.831.357,09 pesos¨.

A la luz de esa circunstancia se desvanece la hipótesis de Urso, quien expuso que ¨no hay elementos que permitan inferir un desequilibrio económico para el Estado¨ y cimentó la idea de que ¨no se ha visto afectada la prestación del servicio a cargo de TSA ni la administración y manejo de los bienes estatales por parte de la CNC, en el marco del contrato de concesión¨.