Publicado: 05-11-2011
  
La Rioja.- Una investigación del Tribunal de Cuentas, confirmó que un empleado de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) adulteraba la historia de contribuyentes, en particular en impuestos del automotor, para que paguen montos mucho menores. La maniobra realizada supera los 40 mil pesos de daño al erario, el responsable ya fue apartado y será denunciado penalmente.

El informe elaborado y al que tuvo acceso en exclusiva EL INDEPENDIENTE, fue elevado al Ministerio de Hacienda y se prevé concretar la denuncia penal por el delito de "defraudación a la Administración Pública, malversación de caudales y/o violación de documentos públicos".

La adulteración en la historia de los contribuyentes, habrían sido efectuadas por un empleado de la repartición, que ingresaba y operaba en el Sistema de Tributación Provincial (SiTriP) como usuario y adulteraba la documentación. De este modo reducía las deudas, abonando cifras inferiores a las reales y otorgando certificados de libre deuda en alguno de los rubros de los impuestos, contribuciones y tasas impositivas de la Dirección de Ingresos Provinciales.

De acuerdo con las conclusiones en las investigaciones, el usuario, empleado ingresaba al sistema y modificaba la base de datos adulterando la historia de varios contribuyentes, en especial y particular en el impuesto automotor.

Tras las investigaciones el Tribunal de Cuentas confirmó y detectó, en las pruebas efectuadas en los expedientes, la defraudación a la Administración Pública, en particular al sistema tributario, por el monto que supera los 40 mil pesos.

"Lógicamente se podría hacer extensivo el monto al momento de ampliar las investigaciones en la historia de los contribuyentes", indicó el presidente del Tribunal de Cuentas, Luis Zamora antes de reunirse y entregar el informe, junto al vocal del organismo de contralor Jorge Menem, al ministro de Hacienda Ricardo Guerra de quien depende la DGIP.

Recordó el titular del organismo de contralor que desde hace un tiempo se llevó a cabo la investigación y tras la conclusiones, se pondrá en conocimiento de las autoridades de Hacienda por la anomalías detectadas.

Consideró Zamora que la repartición deberá realizar y regularizar el sistema informático para la confección del impuesto, "porque el sistema actual es vulnerable y violenta el manual que utiliza la Dirección General de Ingresos Provinciales".

Aseguró que el autor material de las adulteraciones en los documentos públicos, está identificado, separado de funciones y no concurre a la repartición, tras reiterar que esta persona ingresaba al sistema modificando la base de datos y adulterando la historia de los contribuyentes a cambio de abonar un impuesto de menor cuantía.

Adelantó que con la elevación del informe y con la determinación de el o los responsables, el Tribunal de Cuentas hará las denuncias penales correspondientes, a las que les cabrían el delito de "defraudación a la Administración Pública, malversación de caudales y/o violación de documentos públicos".