El Concejo Deliberante de la ciudad de Justo Daract, en San Luis, recibió en los últimos días centenares de boletas de impuestos municipales sin pagar. Fue la modalidad que decidieron vecinos autoconvocados para rechazar el aumento de entre un 300 y un 400 por ciento, y reclamar que el intendente justicialista Alfredo Domínguez "rinda cuentas detallando en qué invierte los dineros públicos de todos los contribuyentes". El lunes 23, los vecinos se movilizarán hasta la casa de gobierno provincial, para pedirle al gobernador Alberto Rodríguez Saá que frene los aumentos.

En los primeros días de marzo, los propietarios de Justo Daract –una ciudad de 12 mil habitantes– comenzaron a recibir sus boletas de tasas municipales que triplicaban y hasta cuadruplicaban el importe de la factura anterior. Organizados en tres asambleas, los vecinos decidieron enviar sus boletas impagas al Concejo Deliberante donde se abrió un registro de quienes adhirieron a la rebelión fiscal. Encontraron terreno favorable al reclamo, ya que el cuerpo mantiene un conflicto con el intendente desde diciembre de 2007. Luego de ganar las elecciones, el jefe comunal había intentado ubicar en la presidencia a su primo, Martín Pereira, pero el cuerpo rechazó el nombramiento y designó a Daniel Pairone. "Desde entonces, el intendente gobierna por decreto y el Concejo Deliberante apenas puede cumplir sus funciones. No nos muestran los balances ni explican el destino de los fondos públicos", indicó Pairone.

El intendente Domínguez argumentó ante este diario que los balances no fueron enviados ante la situación "irregular" del Concejo Deliberante: "La justicia provincial debe resolver sobre la legitimidad de los miembros del Concejo, por eso los balances los mandamos únicamente al tribunal de cuentas de la provincia".

Los vecinos iniciaron entonces la organización en asambleas barriales y acordaron una primera medida de reclamo ante el Concejo. "Las boletas llegaron con un aumento de hasta cuatro veces el valor que solíamos pagar, es por eso que nos negamos a abonarlas hasta que nos den explicaciones", protestó Ramón Guerrero, vecino daractense. Para muchos, el aumento fue la gota que rebalsó el vaso: señalaron la inexistencia de obras públicas y el abandono general de la ciudad. "No vemos ningún tipo de inversión pública, no tenemos salud y ha crecido enormemente la deserción escolar. Las obras de agua y cloacas son un desastre y las calles están rotas", dijo Guerrero a Crítica de la Argentina.

El gobierno defiende el aumento amparándose en una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2006. El intendente Domínguez planteó que se trata de "un mero reordenamiento que ya había sido decidido" tres años atrás. Y le restó importancia a la rebelión fiscal: "Es una rebeldía sin rebeldes, la gente está feliz y aprueba mi gestión", se ufanó.

Los concejales no reniegan de la norma que permitió la actualización de las tasas municipales y señalan que "la ordenanza existe. Pero lo que se cuestiona son los montos desorbitantes que se aplicaron con la reglamentación". El radical John Rodríguez agregó una sospecha: "La reglamentación estuvo viciada de irregularidades administrativas".