Córdoba.- Esta semana a más tardar la siguiente, se conocerán los resultados de la auditoría a la empresa municipal de transporte, Tamse, dispuesta por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad (TCM) en julio, luego de que este diario difundiera los resultados de una auditoría externa y del informe del último trimestre de la Comisión Fiscalizadora que controla administrativamente a la empresa.

Es cierto que los primeros proyectos de auditoría fueron impulsados por el bloque de concejales radicales, a medida que comenzaron a difundirse noticias inquietantes sobre desmanejos en la empresa, por entonces a cargo de Hugo Germán.

Sin embargo, debieron darse cambios de encuadramiento político en el cuerpo de control para que estos proyectos prosperaran. El cambio decisivo fue la postura de Mario Agüero de tomar distancia definitivamente de Daniel Giacomino, lo que colocó al intendente en indefensión absoluta en el TCM: los cinco vocales en la oposición.

Pero fueron dos informes, ambos publicados por este diario, los que precipitaron los acontecimientos. Se trata de una auditoría externa realizada por el estudio Dutto y Asociados, sobre el sistema de liquidación de sueldos en la empresa municipal.

Esta auditoría externa pudo comprobar que existían serias irregularidades, poniendo como principales ejemplos liquidaciones duplicadas de vacaciones y horas extras. El informe de esta auditoría terminaba aconsejando hacer presentaciones judiciales debido a que existían posibilidades de que se hubieran cometido delitos.

El informe del último trimestre 2009 de la Comisión Fiscalizadora, por su parte, advierte sobre la existencia de un pasivo de $ 81,3 millones, que supera en casi 10 millones sus activos. Por esto, ya hace un año la empresa estaba al borde del quebranto. Ni hablar si se tiene en cuenta que en los tres últimos meses del año pasado había recibido subsidios por $ 28.805.856,97, el 55% de origen municipal y el 45% restante de la Nación.

Aunque ésta o la próxima semana se conocerán los resultados de la auditoría en marcha, versiones originadas en el Tribunal de Cuentas indican que los auditores han tenido problemas para encontrar la contraparte documental a gastos por $ 65 millones. Es una versión interesada porque parte de los mismos que impulsaron la auditoría, por lo que habrá que esperar los resultados definitivos.

La fecha de corte para esta auditoría es el 30 de junio de este año, quedando principalmente aludidos los ex titulares Raúl Merino y Hugo Germán.

Por esto, el actual directorio, presidido por Ignacio Olocco, queda al margen de la investigación administrativa. Incluso, las designaciones implican, por un lado, reconocer la situación crítica y, por el otro, hacer los cambios necesarios para tratar de corregirlas.

Y algunas cosas parecen insinuar algunas tendencias positivas. Un ejemplo concreto es la reciente rescisión del convenio con la Fundación Liliana Vera, para el traslado de pasajeros discapacitados.

Este convenio suscripto por primera vez en el gobierno de Luis Juez, le significaban a la empresa gastar en sueldos para personal adicional, que le significaban dedicar $ 101 por el traslado de cada pasajero discapacitado.