Ada Ottolini, acusada de haber ocasionado daño al patrimonio estatal rionegrino a través de una serie de dudosas maniobras, debería pagar más de 40.000 pesos en concepto de resarcimiento por el irregular desempeño público.

 

Mientras, el Tribunal de Cuentas de Río Negro le inició juicio administrativo de responsabilidad.

 

Se trata de Ada Marta Ottolini, presidenta durante más de 15 años del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y actualmente domiciliada en calle 56 Nº972, tercer piso, departamento A, de la ciudad deLa Plata. Investigadapor los organismos de control, Ottolini renunció el 18 de mayo de 2005.

 

Ahora, tiene un plazo de 24 días a partir de la notificación de la resolución del Tribunal de Cuentas, emitida el 23 de setiembre, para que formule el correspondiente descargo y ofrezca todas las pruebas que tenga, documentación y testigos que proponga, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía.

 

 

Instituto de Asistencia a

Presos y Liberados Viedma

  

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, había solicitado la promoción de juicio administrativo de responsabilidad contra Ottolini para que se la condene a pagar al Estado provincial unos 40.362,97 pesos, más intereses, por considerarla responsable de haber ocasionado perjuicio al erario provincial, a partir del manejo irregular de fondos públicos correspondientes al Instituto que presidía.

 

Las actuaciones se iniciaron en el 2005, con una auditoría en el ámbito del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, cuyos resultados observaron la existencia de irregularidades en el manejo de fondos, por lo cual luego de formuló denuncia penal.

 

Si bien quedaron acreditadas irregularidades de carácter contable, se detectó falta de numeración en comprobantes agregados en expedientes de rendición, cheques impagos que estaban vencidos, falta de identificación de beneficiarios en constancias de pasajes, error de foliatura en actuaciones de rendición, faltantes de fojas sin salvado ni justificación.

 

También, falta de constancias de entrega a los beneficiarios de los materiales de construcción, errores en las conciliaciones bancarias, comprobantes de fechas distintas y anomalías con consecuencias patrimoniales en perjuicio de las arcas públicas.

 

Se explicó oficialmente que el procedimiento utilizado por el Instituto para el otorgamiento de ayudas económicas consistía en una evaluación llevada a cabo por profesionales respecto de la situación de liberados o familiares de personas tuteladas, confeccionado informes a los fines de justificar la admisibilidad de los pedidos.

 

Del relevamiento efectuado, se advirtió que gran cantidad de los informes sociales, confeccionados por profesionales, están agregados en fotocopias e inserta firma, en original, de la entonces presidenta del Instituto. En otros casos, se encuentra, también en fotocopia, con firmas incluidas y los datos completados con máquina de escribir, constando siempre la firma en original de la imputada.

 

Entre otras irregularidades, se determinó el desvío de fondos rendidos como ayudas económicas a familiares de internos o liberados, en San Carlos de Bariloche y General Roca. Nadie había cobrado dinero ni en efectivo ni en cheque. También hubo maniobras con materiales de construcción.