El Gobierno y el Grupo Marsans extendieron ayer hasta el 12 de noviembre la vigencia del Acta Acuerdo para la venta de Aerolíneas Argentinas, con el fin de alcanzar un consenso en torno al precio, ya que entre lo que ofrece el Estado y lo que quiere cobrar la compañía existe una diferencia de 1.000 millones de dólares, se informó oficialmente.

Las negociaciones comenzaron por la mañana con una asamblea de accionistas de la empresa, en la cual el Grupo Marsans hizo valer su mayoría accionaria, el 95% del paquete, y aprobó el cuestionado balance del 2007, con la oposición de los representantes del Estado.

El secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, había advertido el lunes que el Estado no daría su aprobación a los balances de 2007 y de parte de 2008 de las empresas AA y Austral, si éstos "no están debidamente auditados".

Luego de la Asamblea, y para que continúen las negociaciones, los representantes de Marsan decidieron prorrogar hasta el 12 de noviembre la Vigencia del Acta Acuerdo para la venta de AA, que vencía ayer, y que había firmado oportunamente con el Gobierno.

Por eso, durante la tarde, los socios de Marsans se reunieron con los representantes del Estado en el Ministerio de Planificación para firmar la prórroga y continuar las discusiones.

Por el lado de la empresa española participaron Jorge Molina, Vicente Muñoz y Eduardo Aranda (Marsans), mientras que del lado del Estado estuvieron Vilma Castillo y Julio Alak, entre otros.

Las diferencias entre el grupo Marsans y el Estado son muy amplias, ya que la valuación que realizó el Gobierno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, dice que la empresa tiene un valor negativo de 600 millones de dólares, según dejaron trascender fuentes oficiales a la prensa.

En cambio, los españoles consideran que el paquete de acciones cuesta entre 250 y 400 millones de dólares, según un trabajo que realizó el banco Credit Suisse, dijeron fuentes de la compañía.

Según el acta acuerdo firmada entre el Gobierno y el grupo Marsans, en caso de que no haya coincidencia en los montos, un tercero elegido por ambos debe realizar otra valuación.

Sin embargo, el Congreso aprobó el mes pasado una ley por la cual la valuación final deberá ser aceptada o rechazada por ese cuerpo.

Otro punto que está trabando la decisión es que la consultora Price Waterhouse se ha negado a revelar el contenido de los balances y papeles de trabajo de la empresa a la Auditoría General de la Nación (AGN) tal como se requiere la ley 26.412.