La Rioja.- El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, oficializó ayer la presentación de una denuncia penal en contra de las autoridades de la empresa Aguas de La Rioja S.A., entre las que se cuenta a Jorge Chamas. Se acusa a los representantes de la firma de perpetrar maniobras presuntamente fraudulentas que perjudicaron al Estado provincial.

Asimismo, advierten que de las diversas actividades desplegadas por Aguas de La Rioja S.A., surge claramente que en la casi totalidad de ellas, su vínculo favoreció a empresas o personas que tenían o tuvieron relación con la misma y que en algunos casos eran vínculos extrasocietarios y que nada tenían que ver con el objeto de la concesión. 

Jorge Luis Chamas, en su currículo figura como presidente de Aguas de La Rioja SA, de Latín Aguas Operaciones y Servicios SA y de UNISER SA; María Lorena Avellanada integra la comisión fiscalizadora de la empresa prestataria del servicio de agua en Capital, Chilecito y Chamical como sindica, que a su vez fiscalizó los estados contables a partir del 2002 en adelante. En este caso, la misma persona que ha producido los estados contables o los ha auditado o certificado, luego revisa su propia labor para dictaminar sobre ella como Sindica. 

Luego, Avellaneda representa a UNISER SA en un contrato celebrado con Aguas de La Rioja SA a fin de prestarle los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de redes de agua y cloaca de la ciudad de La Rioja, cuyo monto ascendía a $ 208.000,00 más IVA mensual, renovable automáticamente por un máximo de 28 años, es decir hasta el término de la concesión. 

Entre los relatos introducidos en el texto de la denuncia elaborada por la Fiscalia se destaca que el 3 de Abril de 2009, UNISER S.A. -presidente Chamas- con Martín Meza como apoderado, hoy también presidente de GEA S.A. actuando como adjudicataria de la obra acueducto Ramal Norte Tramo I, quien ante las dificultades en conseguir financiamiento ordinario, firman un convenio con Aguas de La Rioja S.A., para que esta última la asista financieramente por hasta un monto de un millón quinientos mil pesos, por las obligaciones devengadas en virtud de obras hídricas o servicios de saneamiento de aquella. 

Para la Fiscalia, con todos estos datos que obran en la denuncia no sólo se observa cómo se ha desviado el objeto social de Aguas de La Rioja S.A., sino que "también se vuelve incomprensible o al menos dudoso, que por un lado reclamen al gobierno por fondos a fin de poder prestar un servicio adecuado, y por el otro actúe como financiera de una empresa sin recursos". 

Perjuicio al Estado

En la denuncia, el Fiscal de Estado Gastón Mercado Luna considera que las conductas desplegadas por los denunciados, ocasionaron un daño patrimonial al Estado Provincial y señala que "es evidente el fraudulento manejo y funcionamiento de los órganos administradores y fiscalizadores de Aguas de La Rioja S.A., en detrimento del patrimonio del Estado Provincial". 

Entre los presupuestos del tipo penal se tienen en cuenta la fuente de relación con el patrimonio ajeno --contrato de concesión del servicio de agua y cloacas--, la relación del sujeto pasivo con esos bienes -administración de la unidad de afectación-, el objeto material -los bienes administrados son del Estado Provincial-, la acción típica -infidelidad defraudatoria-, el perjuicio -menoscabo de la unidad de afectación-, el tipo subjetivo -dolo en las conductas procurando un lucro indebido para sí y para terceros-, presupuestos que la Fiscalía entiende que se encuentran en los hechos denunciados. 

Según la presentación del fiscal de Estado existió el necesario quebrantamiento del deber de cuidado del patrimonio ajeno por parte del encausado que recibió la unidad de afectación por un acto jurídico particular aceptando el mandato que implicaba el especial cuidado, conservación y protección de dicho bien, quedando sujeto a proceder con lealtad a fin de evitar situaciones desfavorables al patrimonio del Estado. 

Maniobras ilícitas 

Se hace hincapié en el texto que los hechos son imputados a administradores que violaron los deberes, con una "administración desleal y fraudulenta, perjudicando el patrimonio confiado en la concesión, violando sus deberes". 

Para la Fiscalía, dicha actitud se da en la realización de diversas maniobras ilícitas en la administración, procurando para sí y para terceros un lucro indebido, maniobras que excedían los límites normativos, (estatuto de la sociedad, contrato de concesión del servicio de agua y cloacas, ley de sociedades comerciales), 

"todo ello en un supuesto contexto de crisis e iliquidez que obstaba a la política societaria que se había asumido, por ejemplo realizar inversiones en otras sociedades en un marco de diferimiento impositivo, estando la sociedad en supuestos graves problemas económicos, situación ésta denunciada en las diversas notas remitidas a la Administración, a más de resultar dudosas estas inversiones a la luz del objeto social de Aguas de La Rioja S.A". 

Gastos irrazonables 

Entre los gastos superfluos irrazonables en función del objeto societario y según Fiscalia "directamente de la concesión del servicio, onerosos e irritantes para su contabilidad," detalla un pago de reparación de un aparato marca Samsung por $ 350 pero sin lugar a dudas consideran que el aprovechamiento fraudulento permanente de Aguas de La Rioja S.A., en su beneficio personal y el de sus otras empresas, son los gastos particulares de Jorge Chamas y su familia. 

La empresa privatizada efectúa el pago del seguro de su vehículo particular marca Toyota Lan Cruiser el día 4 de mayo de 2009, con orden de pago, los services de otro vehículo particular marca Ford Eco Sport en Ayala Automotores S.A. de la ciudad de Corrientes. 

La denuncia advierte que "para no dejar dudas que la empresa era fuente de financiamiento a terceros y desfinanciamiento de ella, mientras solicitaba ayudas extraordinarias al Gobierno, en el detalle de AGUAS DE LA RIOJA S.A. a diversas prestadoras de telefonía por sus servicios para números que están a nombre de Chañarmuyo, uno de los cuales tiene característica de la ciudad de Buenos Aires; 6 números de la Compañía Personal, con característica de la ciudad de Corrientes a nombre de la familia Chamas por un monto cercano a los $ 3.000, correspondientes a los meses de junio y julio del año 2009. 

Cabe señalar, que en la Auditoría, el subgerente de Administración reconoce muchos de los pagos de los gastos personales de Chamas y manifiesta que luego son descontados de su cuenta particular, sin acreditarse lo afirmado y "cuando no pertenece a la empresa Aguas de La Rioja". 

Sumado a esos gastos, en la nómina de la prestataria del agua potable llama la atención que el mayor sueldo pagado es a Gabriela Mónica Bernes domiciliada en calle Riobamba 1250 P. B. de la Ciudad de Buenos Aires, con un monto de $ 12.000,00 y que también figura en una nómina de 133 empleados como desempeñando tareas en Corrientes. Es de apreciar que el monto abonado mensualmente supera lo que percibía mensualmente su gerente José Marottoli. 

Por otra parte, se destaca que Chamas desde el año 2007 ya no integraba el Directorio de Aguas de La Rioja, pero él, sus empresas y amigos, "seguían beneficiándose de la empresa que aparentemente no podía prestar buen servicio por falta de recursos y sin embargo pagaba el alquiler del inmueble que ocupa Víctor Villon quien a través de su empresa VICON S.A. es contratista de Aguas de La Rioja al que también se le pagó por supuestos servicios por los cuales no hay contrato firmado". 

También figuran pagos hechos a Jorge Omar de la Fuente que integró el directorio junto a Jorge Chamas como vicepresidente hasta el año 2009 por un monto de $ 12.000 mensualmente hasta julio del año 2009 al igual que el efectuado a Jorge Chamas en concepto de honorarios de Directorio-Corrientes diciembre del año 2008 por un monto $ 20.000. 

Pedido de asistencia 

Ante las reiteradas solicitudes de requerimiento financiero para mantener la calidad y la habitualidad en la prestación del servicio público, la Función Ejecutiva Provincial dictó el Decreto N 1011, disponiendo la asistencia financiera solicitada, que fue condicionada a la creación en la estructura de la sociedad, de una dependencia administrativa con funciones de disposición de los recursos financieros, cuya titularidad estará a cargo de una persona designada a propuesta de la Provincia. Por el mismo Decreto se instruye al EUCOP a realizar en la empresa una Auditoría General de los tres últimos ejercicios. El ente, la Unidad de Control Interno (UCI), la Secretaría del Agua y representantes del Ministerio de Hacienda, ordenan dicho proceso con fecha 18 de agosto de 2009, mediante Resolución Nº 001 -Acta 076-.

Con el informe de la Auditoria General, "queda demostrado que la empresa Aguas de La Rioja, dispuso de recursos para fines que no son precisamente para mantener la calidad en la prestación del servicio, contradiciendo las motivaciones de solicitudes de ayudas extraordinarias, y que resintieron directamente el cumplimiento del objeto de la concesión con serias falencias en la prestación del servicio, que en muchos casos debieron subsanarse con la intervención y el aporte de más recursos por parte del Estado", finaliza la demanda.