La ministra de Salud de la Nación ordenó realizar una amplia auditoría en aquel organismo luego de que la Sigen y la Auditoría General de la Nación (AGN) detectaran en sendos informes severas anomalías y fallas en los controles sobre los subsidios y las prestaciones que allí se otorgan.

Se investigarán las transferencias a las obras sociales sindicales y se suspenderán beneficios por 100 millones de pesos a dichas entidades, en busca de dotar de un adecuado control de los fondos al sistema, y para ello se suscribió la semana pasada un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que acompañe el relevamiento.

 Las auditorías que efectuaron la Sigen y la AGN sobre la Superintendencia de Servicios de Salud pusieron su lupa en las fallas en los controles que debe ejercer el organismo, y advirtieron sobre la falta de manuales de normas y procedimientos en los niveles inferiores, así como sobre el incumplimiento de la normativa respecto de compras y contrataciones.

Si bien hay obras sociales que mantienen situaciones financieras deficitarias crónicas, el control financiero que aplica el organismo resulta insuficiente, y los mecanismos de que se vale para llevar a cabo el control no aseguran la evaluación crítica de la gestión de los agentes de salud. Por ello, se resolvió dejar sin efecto la asignación de 100 millones de pesos de fondos a los agentes del Seguro Nacional de Salud y controlar las transferencias ya realizadas, rechazar pedidos de algunas obras sociales para ofrecer a sus beneficiarios planes superadores que no estén aprobados por la Superintendencia, y derogar el registro de proveedores de prótesis de las obras sociales para evitar irregularidades.

La organización sindical de salud es la segunda por la amplitud de su cobertura de todo el país después del sistema de hospitales públicos, lo que evidencia hasta qué punto la crisis que la afecta desde hace algunos años está repercutiendo en el sistema nacional de salud. De las aproximadamente 300 obras sociales que actúan en el país sólo una parte reducida atiende con cierta eficiencia a sus afiliados, mientras que el resto lo hace con una capacidad instalada insuficiente y hasta obsoleta y con presupuestos deficitarios.

 La reforma del sistema de obras sociales con el fin de mejorar sustancialmente la atención de una elevada proporción de la población de todo el país e imponer racionalidad en el enorme gasto que la comunidad hace en salud exige tanto del Estado como de las organizaciones sindicales con responsabilidad en la cuestión una revisión de viejos criterios que han sustentado la pretensión de mantener los problemas de la salud como si fueran una ínsula al margen del interés general y están postergando desde hace años el desarrollo de servicios adecuados además de perturbar la asistencia pública de los sectores sociales sin cobertura.