Lejos de amainar, se profundizó ayer la polémica por el proyectado centro cívico y la posible venta de propiedades de la Provincia para financiar ese emprendimiento.

Al regresar de sus vacaciones, el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, le volvió a dar un guiño a esa iniciativa del gobernador Juan Schiaretti, al decir que acuerda "con los lineamientos generales", aunque aclaró que hay que estudiarla. En una dura réplica, el dirigente juecista Ernesto Martínez calificó el proyecto de "barbarie jurídica" y acusó a Giacomino de querer encubrir esa situación.

Schiaretti quiere construir un centro cívico y otro de convenciones en predios que eran del Ferrocarril Mitre; para financiarlos, se venderían la Casa de Gobierno y el ex Instituto Pablo Pizzurno. La iniciativa es de la firma Electroingeniería, que por haberla presentado tendría ventajas en la licitación. El juecismo procura frenar el proyecto en el Concejo Deliberante.

Desde la Casa de Gobierno informaron que por ahora no está prevista una reunión entre Schiaretti y Giacomino. Sí hubo ayer un encuentro, en la Casa de las Tejas, entre el ministro de Obras Públicas provincial, Hugo Testa, y el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Daniel Rey, para empezar a analizar la iniciativa.

"Hay que verlo". En su primer día luego de las vacaciones, Giacomino habló con periodistas y dio un guiño a favor del argumento oficial sobre la transparencia del proceso. "Creo que no hay que hablar de negocio ni de negociado. Hay que ponerlo en términos de urbanismo. Por ahí he escuchado unas barbaridades, que no hablan de urbanismo sino de negociados", definió.

Siempre sobre esta iniciativa, añadió: "Con los lineamientos generales estoy de acuerdo. No he visto el proyecto y quiero verlo". Aseguró que el tema será estudiado por el municipio y presentado a los colegios profesionales, las universidades y otras organizaciones.

Luego, criticó la idea lanzada por concejales juecistas de efectuar una consulta popular sobre el tema. "Para hacer una consulta popular –dijo– hay que conocer técnicamente el proyecto, si es bueno o si es malo".

"Obviamente que sí", respondió cuando le preguntaron si iba a dialogar con los concejales, que en el caso del Frente Cívico en su mayoría responden a Luis Juez y anticiparon fuertes críticas al proyecto de la Provincia. Pese a haber coincidido "con los lineamientos generales" del proyecto, Giacomino mostró un matiz diferente al advertir que "no es un proyecto para resolverlo en dos días (Schiaretti lo apura). Este proyecto es muy grueso, muy pesado para la ciudad", por lo que insistió en estudiarlo y consultarlo con otros sectores.

"Barbarie jurídica". La réplica fue severa. En ausencia de Luis Juez, que está de vacaciones, emitió una declaración Ernesto Martínez, vicepresidente del Partido Nuevo, fuerza que encabeza el Frente Cívico. Martínez, que además integra el Tribunal de Cuentas provincial, sostuvo: "La llamada iniciativa privada para construir el centro cívico es un hecho de barbarie jurídica y un acto administrativo absolutamente ilegal. Ratificamos que es un negocio ilegítimo, en vías de armado entre el gobernador y una empresa favorita del poder nacional, aunque esta realidad a Giacomino no le guste o la quiera encubrir".

Sostuvo que la esencia de la "iniciativa privada" es que ésta se financie con fondos privados y no por el Estado, en este caso a través de ventas de propiedades. Añadió que lo que está en marcha es "una licitación amañada" para que gane la empresa que propuso la obra, a la que calificó como "la favorita de la corona".

Recordó que una ley nacional de agosto de 2005, reglamentada por el entonces presidente Néstor Kirchner, definió que los proyectos "bajo el régimen de iniciativa privada" deben tener obligadamente recursos y financiamiento privados. "Una interpretación a la cordobesa –ironizó– procura financiar ideas privadas con dinero público".

"Esta falaz iniciativa privada importa un negocio ilegal aunque Giacomino, que es un soldado y no capitán de la industria de la avidez, no lo quiera entender".

Otras fuerzas, como la UCR y la corriente peronista de Olga Riutort, también participan de la polémica; y lo hacen desde posturas críticas al proyecto oficial, especialmente de parte del radicalismo.