En los estrados judiciales la causa sigue avanzando en la búsqueda de determinar la totalidad de los implicados, toda vez que se entiende que puede haber más. El Tribunal de Cuentas confirmó responsabilidad administrativa por fallas en los controles de una decena de personas, tanto en el MSGG como en la Caja de Previsión Social. El ministro Gustavo Martínez confirmó que desde principios de julio se puso en funcionamiento una reestructuración general del área, que incluyó el cambio de funcionarios.

Santa Cruz.- El 18 de noviembre del año pasado, el Ministerio Secretaría General de la Gobernación (MSGG) presentó una denuncia penal ante el fiscal de Turno, Gabriel Giordano, por el posible delito de defraudación contra el Estado, por la posible alteración de las sumas de aportes previsionales, lo que terminó derivando en una causa judicial que fuera elevada al Fiscal ante el Juzgado de la Dra. Valeria López Lestón.

El ministro Gustavo Martínez hizo pública, en conferencia de prensa, junto al titular de la CPS, Marcial Cané, como fue la maniobra detectada, que fuera advertida, en primera instancia por el Banco Santa Cruz, ante una observación de la Administración Federal de Impuestos sobre un movimiento bancario en una cuenta sueldos de un agente público que desarrollaba tareas en la Dirección de Administración del MSGG.

Según pudo saber La Opinión Austral, hoy por esa causa, que aún permanece bajo la carátula "Fraude a la Administración Pública", lo cierto es que la calificación final puede variar, hacia una Asociación ilícita en perjuicio del erario público, hay imputadas seis personas, aunque no se descarta que se puedan sumar más.

En este sentido, el fiscal Gabriel Giordano, consultado por este diario días atrás, confirmó sobre esta causa, que aún guarda gran hermetismo, que la misma "está en pleno trámite" y se continúa con las pericias contables pertinentes. "Se están cruzando investigaciones que, en oportunidad del secuestro de documentación realizada en el allanamiento a la entidad bancaria (el 20 de noviembre pasado), corroborando la misma con lo que aportó el Ministerio Secretaría General para verificar dónde fueron a parar los fondos que tenían un destino oficial y terminaron en cuentas particulares".

Confirmó que no hay personas detenidas por esta causa pero "sí hay personas imputadas" y se considera, dijo "que hay más gente involucrada aparte de ellos y por eso es que se sigue avanzando en la investigación y cruzamiento de datos". Si bien el Fiscal no precisó la cantidad de personas, fuentes del Juzgado habrían indicado que serían seis los imputados, por el momento.

Cambios de estructuraConocidos los hechos desde el MSGG se encararon diversas acciones. La primera fue la denuncia penal ante la Justicia, la segunda notificar al Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, pidiendo el Juicio Administrativo, para, de hallarse un responsable, concretarse el resarcimiento patrimonial y finalmente una auditoría interna para evaluar las fallas en los procedimientos administrativos.

En su momento, ante este diario, Gustavo Martínez aseguró "iremos hasta las últimas consecuencias, queremos que se investigue a fondo y que vaya preso quién tenga que ir".

También acotaba que "si hay que modificar procedimientos administrativos, que hoy están regidos por la ley 760, también lo vamos a hacer, para que esto no pueda volver a ocurrir", indicó. Y así lo hizo. Desde los primeros días del mes de Julio existe funcionando dentro de la Dirección de Administración del MSGG una nueva estructura con nuevos responsables a cargo.

En declaraciones ayer a La Opinión Austral, Martínez sostuvo que "trabajamos desde dos aspectos, uno el interno, analizando los procesos administrativos para detectar, por un lado las falencias de procedimiento y por el otro, qué modificaciones había que producir, estructuralmente para tratar de evitar al máximo posible que vuelvan a ocurrir hechos como estos".

El otro aspecto que se desarrolló fue la propia auditoria, en el marco del Juicio Administrativo solicitado por el Ministerio del Tribunal de Cuentas, que derivó no sólo en un procedimiento hacia el Ministerio sino también en la Caja de Previsión Social, buscando las responsabilidades históricas sobre todas las personas que pudieron haber tenido responsabilidad sobre estos hechos, que, se habría determinado en principio no son recientes, sino que fue una maniobra que se produjo durante varios años y cuyo perjuicio supera el millón ochocientos mil pesos.

"Con los resultados de nuestra auditoría y el informe del Tribunal, generamos con la mirada puesta hacia delante, reestructuramos la orgánica del área administrativa" dijo Martínez. Desde los primeros días de Julio Eduardo Melo es el director General de Administración y en la Contaduría fue designado Juan Tureuna.

Ambos funcionarios tienen vasta experiencia en el manejo administrativo. Con ellos se realizaron diversos cambios en los procedimientos administrativos, se informatizaron los procedimientos de pagos "y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía e interactuamos con el Tribunal de Cuentas para un control más exhaustivo" indicó el ministro, al tiempo que también destacó que se creó el área de Auditoría interna, que permitirá una revisión integral de todo el proceso de administración y pagos del Ministerio Secretaría General de la Gobernación.

CarátulaSi bien por ahora parte del requerimiento fiscal está caratulado como "fraude a la administración pública", lo cierto es que la calificación final puede variar. "Hay que hacer el cotejo de la documentación y en virtud de ello se tomarán las determinaciones necesarias", dijo Giordano en su momento cuando se inició la investigación que aún no ha terminado. Si bien aún no se han revelado los nombres que están imputados en la causa, se sabe que habría un empleado del MSGG directamente involucrado, otro comprometido, particulares que tendrían alguna actividad comercial en el medio y no se descarta la participación de, al menos un cajero del Banco Santa Cruz, sobre todo por el análisis de algunos comprobantes hallados de años anteriores, dónde no quedaría abierta la posibilidad de una supuesta "adulteración" de las boletas, luego de realizado el depósito.

En lo que hace al juicio de responsabilidad administrativa que le cabe no ya a los acusados de haber cometido el perjuicio sino a aquellos agentes y funcionarios que tenían a su cargo el control de los mismos, los que habrían fallado, La Opinión Austral pudo saber que serían entre cinco los agentes que les cabría alguna responsabilidad administrativa en el MSGG y más de una decena en la CPS, no sólo actuales sino de años atrás, hasta dónde se determinó que llegó la maniobra fraudulenta y que tenían a su cargo el contralor de los procesos. Pero esto quedará determinado fehacientemente, una vez culminado el juicio administrativo que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.