Insólito: La Nación retiene más de 10 millones, porque quiere unas balanzas entregadas en el año 97
La discriminación a la que viene sometiendo el gobierno nacional a la provincia de Catamarca a partir de que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral se pronunció a favor del campo el año pasado, no parece tener fin.
Así quedó al descubierto en cada ocasión que la Nación pudo dejar de lado a la provincia: fue la única que quedó fuera de la posibilidad de reasignar cupos en el marco de la Promoción Industrial. Catamarca fue una de las pocas que tampoco pudo acceder al programa de asistencia financiera que implementó la Nación. Nuestra provincia quedó excluída del programa de inversiones públicas en el norte del país que incluía rutas, viviendas, etc. Y de todas las provincias que sufrieron los embates climáticos -como la sequía- también fue una de las pocas que quedó al margen de la emergencia agropecuaria. Este programa permitía a los productores, que perdieron su cosechas, acceder a asistencia crediticia privada. La ayuda para seguridad jamás llegó a Catamarca, sino basta recordar lo que denunció el ministro de Gobierno Javier Silva, que fue la única policía provincial que no recibió armamento originalmente donado.
Y en áreas muy sensibles como salud, educación y desarrollo humano, directamente la Nación borró a Catamarca del mapa de asistencia.
El colmo del ridículo
Dentro de este marco, se conoció que las autoridades del ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Alicia Kirchner se niegan a remitir alrededor de 10 millones de pesos correspondientes a Catamarca en el marco del Programa de Seguridad Alimentaria, porque antes quieren conocer el destino de unas balanzas enviadas a la provincia, en 1997, como parte de un programa similar; pero que ya no está en vigencia desde principios de esta década.
La cartera que encabeza la hermana del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner exige la rendición de cuenta de aquella época para destrabar los fondos destinados a los sectores más vulnerables.
Así los explicó el ministro del área, José Vega a Multimedios Unión.
"Me piden cosas de hace 12 años atrás. Me pidieron rendiciones de cuenta de programas del año 97, con detalles, como: dónde se encuentran unas balanzas; y dónde se han distribuido en esa época. La verdad que de primera uno dice que no se puede conseguir esas rendiciones, pero nos pusimos en contacto con los encargados de este programa denominado PRANI y nos aseguraron que fue enviado todo en aquella época, cuando era uno solo el ministerio de Salud y Acción Social. Las balanzas fueron a las postas de todo el interior de modo que como parte de ese programa alimentario -que terminó en 2004- la gente se hacía los controles de peso", explicó el funcionario.
Un poco de lógica
"Fuimos al Tribunal de Cuentas de la provincia, donde mandamos copias de todas las actuaciones, tomamos el libro de actas de ese año, y las rendiciones pedidas. Se las vamos a enviar una vez más, pero es lamentable que siempre tengamos que hacer un careo con la Nación", añadió Vega, que al mismo tiempo reflexionó: "En este tipo de cuestiones, cuando hay tanta gente de por medio nos debemos manejar dentro de la lógica, y ésto que nos están pidiendo para destrabar los fondos no lo es".
Al respecto, indicó que desde enero está aprobado un programa de Seguridad Alimentaria para todo el país. Pero en el caso de Catamarca "tuvo como 4 meses de corrección, todo fue muy burocrático, me corregían hasta la coma y el punto. Hicimos todo lo que pedían, y sin embargo estamos a más de la mitad del año y no nos mandan los fondos, que son aproximadamente entre 8 y 10 millones de pesos, lo que representa el 50 por ciento del programa de Seguridad Alimentaria para la provincia", indicó.
A modo de conclusión, se podría destacar que la misma funcionaria nacional que estuvo hace unos meses en campaña en la provincia, ahora se niega a enviar recursos esenciales para la puesta en marcha de programas alimentarios bajo el insólito pretexto.
120 millones
La deuda que mantiene la Nación con Catamarca supera largamente los 120 millones de pesos. Esto incluye fondos de viviendas, salud, y educación. Aunque esta cifra es la que se puede contabilizar, y exigir, hay otras formas más sutiles de perjudicar a la provincia, como por ejemplo, dejar fuera de la emergencia agropecuaria, significa dejar sin posibilidades de créditos privados a pequeños productores catamarqueños.