Tal como estaba previsto, ayer comenzó la última etapa en el juicio oral y público por el "Affaire en Educación", con la exposición de las conclusiones de las distintas partes intervinientes en el proceso que lleva más de una década sin resolución. El primer alegato le correspondió a los abogados representantes del Estado provincial constituido como actor civil y querellante particular, quienes reclamaron que los imputados paguen un resarcimiento de más de 19 millones de pesos, de los cuales más del 90% recayó sobre los imputados Héctor Ricardo Moreno y Norma del Valle Barroso, como los principales responsables del desfalco millonario, y el resto a los demás involucrados.

Así lo dejaron planteado los abogados Tomás Aybar y Marcos Denett, al exponer los alcances de la demanda civil en contra de los cinco imputados en la causa.

El primero en hacer uso de la palabra fue Aybar, quien se refirió detalladamente a los montos a los que consideraban que el tribunal debía condenar a abonar en base a la pericia contable realizada por las contadoras María Fabiana Herrera y María del Valle Echenique. El monto actualizado al 31 de diciembre de 2005 alcanza los $ 19.029.996,75, además de los intereses hasta el momento de hacerse efectivo el pago.

El letrado cargó la mayor responsabilidad en Moreno y Barroso -ex director de Administración del Ministerio de Educación y ex tesorera del área, respectivamente-, quienes deberían cubrir la mayor parte del monto reclamado en forma conjunta y solidaria.

Respecto de los otros imputados, en el caso del ex empleado Jorge del Valle Brizuela, solicitaron que sea condenado a pagar hasta $ 598.589,68, del monto total como uno de los responsables del desfalco. También pidieron un resarcimiento de hasta $ 1.363.451,16 a Jorge Anselmo Nieva, un particular a nombre de quien se libraron cheques por importantes sumas, que cobró sin tener ningún vínculo con el Ministerio de Educación.

Finalmente, para el caso de Oscar Aníbal Pérez, quien está imputado en sólo 4 de los más de 140 hechos que se ventilan -y en similar condición que Nieva-, le reclamaron una reparación de hasta $ 168.658,09 del total.

"Gravísimas irregularidades"

Al momento de fundamentar el reclamo, Denett sostuvo que "quedó plenamente acreditada la existencia de gravísimas irregularidades" cometidas por los ex funcionarios hoy en el banquillo, a través de los distintos testimonios y la prueba documental que se ventiló en el debate.

Entre otras, enumeró que se confirmó que los atrasos de los rendimientos al Tribunal de Cuentas databan de 1991; que no se llevaba un libro Banco de algunas cuentas que manejaban fondos millonarios, como las destinadas al pago de sueldos al personal docente; la utilización de chequeras sin números correlativos y sin consignar en los talones el nombre de los beneficiarios; la emisión de cheques de cuentas específicas para otros fines; la no devolución de los abultados remanentes en las cuentas sueldo; el pago de artistas y eventos en los que el Estado no era organizador y con incumplimiento de las normas impositivas; la compra de vehículos y bienes de uso sin seguir los procesos de licitación y violando los límites establecidos para las compras directas; la ausencia de documentación respaldatoria de las cuentas que manejaban. Y lo que calificó como "lo más grave": la emisión de cheques a nombre de los funcionarios del área y de personas ajenas al Ministerio de Educación. "Todas estas irregularidades generaron una cifra tremenda en perjuicio de la educación, uno de los roles fundamentales del Estado", destacó Denett.

Los representantes de la Fiscalía de Estado alegarán en su rol de querellantes luego de las conclusiones de los fiscales de Cámara, donde además reclamarían condena penal para los sospechosos.

$ 19.029.996,75

Es el monto total del reclamo del Estado provincial a los cinco imputados. Esa cifra está actualizada al 31 de diciembre de 2005, por lo que se deben sumar intereses generados desde entonces.