La inflación / Condiciones para asesorar al Gobierno: Afirma que deberían ser controlados por la Auditoría y la Sigen antes del asesoramiento académico

Sin fisuras internas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió ayer que pedirá una auditoría externa de las cifras y la apertura completa de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) como condición para colaborar en el comité convocado por el Gobierno para asesorar al cuestionado organismo oficial.

En una reunión entre el rector de la UBA, Rubén Hallú, y autoridades de las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas, se acordó la posición para este espacio, que comenzaría a funcionar esta semana, mientras se espera con gran expectativa el primer resultado del índice de precios al consumidor (IPC) de la gestión del ministro Amado Boudou.

Cerca del ministro aclararon que "es obvio que habrá acceso a la información para las universidades" y descartaron que el IPC de julio pueda reflejar modificaciones, ya que "aún no hubo tiempo para los cambios".

En tanto, la UBA decidió la siguiente postura crítica, según supo La Nacion:

Para que la UBA se sume a esta tarea "es preciso que previamente exista confiabilidad en la calidad de la información básica" procesada por el Indec, a cargo de "organismos auditores y de contralor ya existentes a nivel nacional", en referencia a la Auditoría (liderada por la oposición) y la Sindicatura General.

La discusión metodológica sólo puede concretarse en la medida en que el Indec "haga públicos los datos básicos a partir de los cuales elabora las estadísticas e indicadores a su cargo", tanto a los investigadores como al público en general.

Para las autoridades académicas, "la captación de datos fidedignos y pertinentes acerca de fenómenos económicos y sociales depende de la existencia de protocolos formales apropiados en cuanto al relevamiento de información", sólo a partir de la objetividad garantizada en la recolección y procesamiento de datos.

Esta actitud se opondría a la decisión de interpretar en forma subjetiva las cifras. Sólo con esas "condiciones básicas satisfechas" puede haber lugar para "la discusión analítica sobre el diseño metodológico de las estadísticas".

Esta precaución debe tomarse porque desde 2007 se observan "considerables discrepancias entre las estimaciones que publica el Indec sobre diversas variables (en particular, las referidas a precios, nivel de actividad e indicadores sociales) y aquellas derivadas de fuentes que usualmente arrojaban resultados comparables con los del instituto".

Por esta razón, se generaron "inquietudes" tanto en el ámbito judicial -hay una causa a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral que no avanza por ahora, pero que tiene imputados a los responsables de la intervención del Indec- como en el debate público.

Al poner en duda el "cambio de metodología" que los directivos del Indec señalan como responsable de la "discrepancia" entre las cifras oficiales y privadas desde 2007, la UBA cita el informe de la comisión Boskin de Estados Unidos, mencionado en el decreto presidencial que dio origen a este consejo.

"En el mencionado informe Boskin se estimaba que los cambios sugeridos en el cómputo del IPC afectarían a la tasa de variación anual en cerca de 1%", se indica en el preinforme.

En 2008, el Indec informó una inflación cercana al 8%, frente a un 20% calculado por consultoras y entidades académicas.

Tras ratificar que la UBA está dispuesta a colaborar en este comité, que podría comenzar a funcionar casi al mismo tiempo que se dé a conocer el IPC de julio (los analistas privados prevén una inflación del 1%, pero no se sabe en cuánto la estimará la intervención del Indec), se reiteró que "no resultaría oportuno constituir comisiones de índole académica para asesorar al Instituto sin que antes los organismos competentes hayan garantizado la satisfacción" de las otras condiciones.

Las otras universidades

Con matices, las otras universidades convocadas ayer por el ministro -Tres de Febrero, Mar del Plata, Rosario y Tucumán- también quieren tener acceso absoluto a las cifras antes de discutir la metodología.

El rector de la Untref, Aníbal Jozami, dijo que ese pedido "es lógico" y que formó parte de las conversaciones con Boudou. "Sólo podemos tener una opinión lógica para saber si los datos son confiables. No hay razones para creer que nos van a ocultar algo, cuando fue el Gobierno el que nos convocó, no fue al revés", expresó el rector a la La Nacion.

Jozami admitió que el trabajo se focalizará "hacia la construcción futura de nuevos índices", más que en el examen de los últimos años, que podría complicar hasta jurídicamente al Gobierno.

Debate regional sobre estadísticas

La directora del Indec, Ana Edwin, figura como la cabeza de la delegación argentina para el debate entre los organismos de estadística de América latina, que comenzó ayer en Bogotá. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que organizó el encuentro, también estaban en la comitiva Beatriz Paglieri -primera interventora del área de inflación en la era de Guillermo Moreno-, Roberto Muiños y Daniel Petetta.

El director de estadísticas de Colombia, Héctor Gómez, dijo que "es necesario promover, proteger y difundir en la sociedad y en el Estado" los valores que permitan contar con "estadísticas creíbles, confiables y con los estándares de calidad necesarios" para sostener políticas públicas que alienten el desarrollo. El caso argentino, se aclaró, no forma parte de las discusiones.