La Aduana sigue ''paralela''
Un informe de la Auditoría General de la Nación sobre los mecanismos de control aduanero de la actividad exportadora, que abarcó las aduanas de La Plata, Córdoba, Salta y Posadas, revela graves irregularidades que crean un terreno fértil para las maniobras de sobre y subvaloración de mercancías.
Poco y nada parece haber cambiado desde los '90... Y el país sigue perdiendo.
La inexistencia de "verdaderas" tareas de valoración de mercancías, la falta de un sistema que permita el seguimiento de los expedientes hasta su "efectivo pago", la carencia de personal y la ausencia de copias de documentación básica, son algunas de las anomalías que la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó en la aduana de La Plata.
Lejos de ser meras observaciones técnicas, el organismo de control, en su informe al que tuvo acceso Hoy, concluye que todas estas cuestiones "facilitan la proliferación de maniobras de sobre o subvaloración, con el consiguiente perjuicio para la economía nacional". En otras palabras, gran parte de la estructura de la Aduana, que generó escándalos de corrupción durante la década menemista, sigue teniendo plena vigencia. Los Kirchner poco y nada hicieron para solucionar la situación.
En el primer trimestre de este año, el organismo publicó los resultados de un exhaustivo examen realizado en el ámbito de la dirección General de Aduanas -dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, con el fin de controlar la gestión de esa direción respecto del control aduanero, los procedimientos de valoración de exportaciones y las acciones judiciales vinculadas a la actividad.
El trabajo de campo se extendió durante seis meses e incluyó a la dirección Regional La Plata -que abarca las aduanas de La Plata, Campana, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú- y a las direcciones regionales de Córdoba, Posadas y Salta.
La AGN explica que la clasificación y la valoración de la mercadería a exportar constituyen los dos "elementos básicos" que debe poner en marcha el servicio aduanero para evitar "la incorrecta declaración de valor" -subvaloración y sobrevaloración-, máxime cuando en nuestro país "no existen restricciones especiales en relación a la exportación de productos", de modo que el control de los precios de exportación debe ser "permanente".
En este ítem, los auditores señalan que en la Regional La Plata constataron
"la inexistencia de una verdadera tarea de valoración", pues no pudieron verificar "procedimientos de comparación con precios internacionales (vía análisis de mercado o internet) ni cruce de información con otras aduanas nacionales o internacionales".
También se remarca la falta de personal "para el cumplimiento en término de los plazos normativos, debido a la importante carga de documentación existente".
El informe resalta la ausencia de copias de los informes técnicos y los papeles de trabajo en los sobres contenedores, donde debe constar la información clasificada sobre la mercancía.
"No se encuentra implementado un sistema -prosigue- que permita efectuar el cruce de información y el seguimiento de los expedientes valorados hasta su efectivo pago, entre la dirección Regional La Plata y las aduanas bajo su jurisdicción".
También se destacan operaciones impagas "por dificultades de ejecución, debido a la existencia de operadores con domicilios desactualizados, insolventes y operaciones con personas inexistentes al momento del reclamo por demoras en el proceso de valoración, etc.".
En dialogo con Hoy, el ex titular de Aduanas, José Sbatella, consideró que el trabajo de la AGN "tiene un diagnóstico muy duro y profundo", pero consideró que "las soluciones que propone son superficiales".
Falencias generalizadas
A las anomalías enumeradas, a la Aduana platense habría que sumarle aquellas que la Auditoría señala para las cuatro direcciones regionales. No poseen manuales de procedimientos unificados para valorar las exportaciones, ni procedimientos estandarizados, ni una grilla orientadora de
procedimientos a seguir, todo lo cual "facilita la proliferación de diferentes criterios" de actuación, se detalla.
Asimismo, todas poseen "escasos valores de referencia en materia de exportación" (precios orientadores de los distintos productos para guiarse a la hora de ponerle un valor a los que llegan a la aduana), lo que redunda en una "reducida recaudación obtenida por diferencia de valor".
La falta de personal en las secciones que se ocupan de la valoración, el escaso o nulo apoyo técnico con que cuentan los valoradores en funciones y la poca formación que reciben, aparecen como uno de los elementos más preocupantes.
Bases de datos poco fiables
En el informe se alerta -mucho antes de entrar en el capítulo de las observaciones donde se detallan las anomalías mencionadas- de que en el momento de hacer la selección por muestreo (escoger las muestras para realizar el estudio), los auditores no tuvieron otra opción que recurrir a bases de datos de "confiabilidad e integridad cuestionables, pues surgen-dice- de sistemas basados en planillas Excel, no homologados por la AFIP", es decir, por el propio organismo al que pertenece la dirección de Aduanas.
A la hora de analizar los sobres contenedores, los auditores se encontraron con documentación donde la firma del valorador no estaba acompañada por la del jefe de sección; una sola firma para operaciones de valoración y, en el peor de los casos, "informes técnicos sin firma".
Demoras de hasta dos años en devolver la documentación a la aduana de origen y la ausencia de las fechas en que se realizaban los trabajos de valoración, son otras falencias apuntadas.
Un tema aparte es el de la capacidad tecnológica. El informe asegura que "el Sistema Informático María (usado por las aduanas) es subutilizado". Se trabaja con sistemas lentos que "se tildan" a menudo y que muy pocos trabajadores saben manejar correctamente.
En algunas regionales se ven obligados a recurrir a bases de datos privadas, poco confiables por ser externas.
Los auditores destacan que recibieron reclamos -por parte del personal- por el estado del parque informático instalado y el "acceso restringido a internet", lo cual impide a los valoradores acceder a información sobre valores comparativos de otros mercados internacionales.
Caso testigo
El informe de la Auditoría General de la Nación, en el capítulo dedicado a la Regional La Plata de la dirección general de Aduanas, describe en detalle un proceso jurídico que reviste un doble valor. Por un lado, queda demostrada la operatoria de los llamados "casos de triangulación" en operaciones comerciales fraudulentas y, por el otro, que si se actúa de acuerdo a los procedimientos que corresponden los resultados son satisfactorios.
Se trata de la Actuación n° 12.647-378-2006. "Este caso es sobre una presunta subfacturación observada en el marco de las tareas de fiscalización y valoración" de una destinación oficializada en fecha 3 de marzo de 2005 y ‘documentada por la firma Altamar Yacht SA’", dice el informe.
"Mediante dicha destinación se exportó, con destino a Emiratos Arabes Unidos, una embarcación identificada como Altamar Modelo 64, año 2005, siendo la factura de exportación emitida por Altamar Yacht SA, domiciliada en la Argentina, a nombre del supuesto comprador, Atrimar Company SA, con domicilio en la ciudad de Montevideo.
Por cruce de información con la ROU (República Oriental del Uruguay) se consideró que dicha empresa intermediaria reunía las características de las consideradas ‘fantasmas’ y, realizado un cruce con los Emiratos Arabes, destino definitivo de la exportación, se detectó que la documentación de ingreso a ese país difería sustancialmente del valor declarado en el egreso de la Aduana Argentina (el monto declarado en la factura a la firma intermediaria es de US$ 530.000, mientras que el valor final de la factura al comprador en Emiratos Arabes Unidos, registrado por la Aduana de Dubai, es de US$ 951.750, lo cual muestra una subfacturación de US$ 421.750, o sea, de un 79%)".
El servicio jurídico de la Aduana de La Plata se expidió en el sentido de "profundizar la investigación", por entender que no se encontraban reunidos en autos los elementos que permitieran concluir la configuración del delito de contrabando.
La División Fiscalización de Operaciones Aduaneras remitió las actuaciones a la División Aduana de Campana, dependencia de radicación de dichas actuaciones.
La sección Sumarios de la División Campana, con fecha 18 de abril de 2007, aperturó un "sumario contencioso", que derivó en una multa de $ 1.230.244,75 más $ 40.562 en concepto de tributos, el cual se encuentra a la fecha para notificar.
"Los procedimientos aplicados en este caso configuran una investigación acorde a los requerimientos... y demuestran los resultados obtenidos cuando dichos procedimientos se ejecutan plenamente, y no con acciones parciales", destaca la Auditoría.