Publicado: 22-03-2012 
  
Así lo revela una auditoría que se sumará al caso de la mafia de los remedios.
Daniel Santoro.

S upuestos beneficiarios de prótesis de 178 años, troqueles truchos de medicamentos y el reciclado de expedientes archivados por denuncias judiciales son parte de las irregularidades incluidas en un informe que la Auditoría General de la Nación (AGN). El informe sobre la Administración de Programas Especiales (APE) de las obras sociales del período 2005-2010 se tratará el miércoles. El senador radical José Cano, presidente de la comisión de Salud, adelantó que luego de que la AGN -que preside Leandro Despouy- trate el informe presentará una denuncia penal que seguramente se sumará a la causa de la mafia de los medicamentos.

El informe se inició en el 2010 en base a denuncias de la ex ministra de Salud y actual diputada de la UDESO Graciela Ocaña.

La APE es el organismo encargado de pagar subsidios por tratamientos de alto costo. La auditoría encontró entre los expedientes 117 beneficiarios con la fecha de prescripción, la de práctica o el tratamiento posterior a sus fallecimientos. También 11 personas con más de 101 años diagnosticadas con fractura de cadera, la mayor de 178 años. Y la existencia de troqueles apócrifos y otros que "los laboratorios no han podido certificar como legítimos", agrega el informe que adelantó el diario Perfil.

Entre otras irregularidades, 57 de 153 prestadores no aparecían inscriptos en el Registro Nacional de Establecimientos Elaboradores y/o Importadores de Productos Medicinales; en el 43,9% de los casos analizados, el equivalente a un monto otorgado de $ 9.250.940, el médico auditor que suscribió los documentos no figuraba en los listados autorizados. En el 73,17% (por un monto de $ 16.424.415,20) se detectaron faltantes de la documentación respaldatoria de la aplicación de los fondos, como facturas, recibos, historias clínicas y análisis de laboratorios. "Puede haber una maniobra para pergeñar una estafa, lo que es inadmisible es que el Estado no tenga mecanismos para detectarla. Hay una decisión política del Gobierno de Cristina Kirchner de no controlar esos fondos, y de manejarlos con discrecionalidad. Evidentemente hay una asociación ilícita para financiar una caja", aseguró Cano a Clarín.

A su vez, los fondos otorgados por vías de excepción crecieron de $ 124.615,93 en 2004 a $ 423.962.409,09 en 2010. La AGN hizo también cuestionamientos por la falta de control, al señalar que "la Unidad de Auditoría Interna nunca fue habilitada ni ocupada".

Además de las prótesis para muertos, es grave el reciclaje de diez mil expedientes que estaban en el archivo ­ con diversas inconsistencias y denuncias judiciales.

"Fueron dados de alta mediante una Resolución Nro 20862/09 APE" durante la gestión del moyanista Daniel Colombo Russell al frente de la APE, recordó Ocaña.

Esos diez expedientes equivalen a pagos por 132 millones de pesos.

Entre ellos hay expedientes de la droguería San Javier que dirige Néstor Lorenzo, uno de los procesados en la causa que investiga el juez Norberto Oyarbide. Seguramente anticipándose a este informe de la AGN, la Presidenta pasó, la semana pasada, la APE a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud y nombró como gerenta general a Beatriz Korenfeld, una ultra K de Santa Cruz.