Publicado: 31-10-2011

El Gobierno emplea a la Comisión Nacional de Valores y al secretario de Comercio para intentar apoderarse de Papel Prensa.

Más allá del amplio triunfo electoral del domingo pasado, el gobierno nacional ha abusado grave y reiteradamente del poder de policía administrativo del que dispone. Con frecuencia lo ha hecho a través de distintos organismos del Estado, mediante claros desvíos de poder.

Desde estas columnas nos hemos referido a la situación del Indec, de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (SNDC), de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca, el ex Comfer).

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha sido también utilizada abusivamente por el gobierno nacional y se ha constituido en el brazo ejecutor de las políticas maliciosas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Este funcionario ha utilizado a la CNV para obstruir la gestión de la sociedad Papel Prensa en procura de arrebatarles esa empresa a los accionistas privados. Más allá de sus formas violentas y de sus cuestionables métodos, lo que es grave desde el punto de vista institucional es haber desnaturalizado totalmente la función de un importante organismo del Estado destinado a velar por el buen funcionamiento del mercado bursátil argentino, la cual presupone respetar un imprescindible umbral ético cuando, en protección de los inversores, se trata de evitar las maniobras ilícitas con títulos valores.

En el caso particular de Papel Prensa, la función esencial de la CNV, la de protección del público inversor, no parece tener demasiada relación con la actividad de la empresa. Ocurre que la porción de sus acciones que se negocian en el mercado alcanza sólo al 0,36 por ciento, habiendo tenido un escasísimo movimiento a lo largo de los últimos años. Tanto es esto así que la última operación de bolsa relativa a esas acciones se registró en 2009, en tanto que la anterior data de 2007; en ambos casos por un 0,0005 por ciento del capital de la empresa. El resto del paquete accionario está dividido entre Agea (37%); el Estado Nacional (27,46%); SA La Nación (22,49%); Cimeco (12%), y Télam (0,66%).

De esos accionistas, ninguno ha manifestado intención de venta de su paquete accionario. En cambio, el Estado Nacional se comprometió estatutariamente a desprenderse de su paquete accionario hace ya nada menos que 28 años, lo que nunca hizo, existiendo un juicio en marcha para obligar al Estado a cumplir con su compromiso de vender su participación en esa sociedad de capital privado.

Con lo expuesto queda demostrado que la utilización de la CNV respecto de Papel Prensa es una mera excusa que intenta disfrazar el verdadero fin de su intervención, ya que su perversa utilización poco tiene que ver con el objeto esencial de la CNV. Desde octubre de 2009, cuando el secretario de Comercio Interior lanzó su primera ofensiva para tratar de apoderarse de Papel Prensa -la fábrica de papel de diario más grande de nuestro país-, la CNV se transformó en una de las "fuerzas de choque" de Moreno, a quien se designó como representante del Estado Nacional en esa empresa privada.

Los ataques comenzaron con el insólito cuestionamiento de un acta societaria, en noviembre de 2009. Desde entonces, ellos fueron aumentando en intensidad e insensatez. Plantarse contra las presiones de Moreno le costó oportunamente el cargo a Eduardo Hecker, digno presidente del organismo que no aceptó someterse a las presiones impulsadas contra la mencionada sociedad. Fue reemplazado por Alejandro Vanoli, quien el mismo día en que asumió dictó la primera de una seguidilla de resoluciones persecutorias, ordenando una serie de sumarios contra la empresa y sus directivos, sin fundamento alguno.

La ruin ofensiva desatada utilizando a la CNV se intensificó luego, al punto de que prácticamente no existe ninguna resolución societaria que hoy escape al cuestionamiento irrazonable del organismo de contralor. No obstante, a la fecha, la totalidad de esas decisiones administrativas de la CNV han sido revocadas judicialmente.

Se podrá argumentar que la Justicia también puede equivocarse. Esto es ciertamente posible. Pero cuando se trata de 15 resoluciones adoptadas contra la misma empresa, a las que se suma una acción claramente intimidatoria contra el personal y los directivos que representan a los accionistas privados, pocas dudas caben de que se está frente a un perverso "modus operandi", de contenido netamente persecutorio.

Esta innegable desnaturalización de la función pública ha derivado en el bochornoso espectáculo brindado por funcionarios públicos transformados en sumisos ejecutores de la operación de destrucción de una importante empresa nacional que, además, ha sido exitosa en su gestión a lo largo de más de tres décadas, sin haber sido jamás objeto de sanciones administrativas hasta que comenzó a ser perseguida por el secretario de Comercio Interior.

Lo descripto poco y nada tiene que ver con los dichos de la Presidenta en el sentido que es hora de comenzar una etapa de diálogo y armonía entre todos quienes habitamos nuestro país. Es de esperar que ahora la política de persecución y hostigamiento realizada a través de la CNV cese.