Publicado: 19-12-2009
 
Fue más benévolo con el entonces tesorero, Omar Ghisio, y la presidenta de la empresa Consnor, Andrea Bensi. 

General Pico.- El fiscal de la Cámara del Crimen Carlos Salinas pidió ayer tres años de prisión de cumplimiento efectivo para el ex intendente de Alvear, Oscar Pepa, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fiscal lo encontró responsable del delito de fraude en perjuicio a la administración pública, por la obra de cloacas realizada en la localidad norteña. Igual pena solicitó para quien era el apoderado de la unión de empresas Ilka-Consnor, el neuquino Jorge Alberto Rodríguez.

Salinas fue mucho más benévolo con los otros dos imputados. Para el ex secretario tesorero de la municipalidad alvearense, Omar Ghisio, solicitó una condena en suspenso de dos años y seis meses de cárcel. Para quien ejercía la presidencia de la empresa Consnor, Andrea Bensi, el fiscal pidió 2 años de prisión de ejecución condicional, aunque dejó aclarado que en el caso de la mujer tenía un "90 por ciento de certezas" que había sido ajena a todo el episodio y que la duda que mantenía sobre Bensi debía resolverla el tribunal.

El pedido condenatorio no alcanza a tapar la sensación generalizada que dejó el juicio oral y público: los principales responsables de armar el acuerdo entre empresarios y poder político para realizar obras públicas con sobreprecios nunca fueron juzgados ni tampoco serán sentados en el banquillo de los acusados. A lo largo de extensas audiencias, y luego de escucharse a más de veinte testigos, hubo personas que fueron mencionadas en reiteradas oportunidades como participantes de reuniones claves. El ex funcionario marinista, Oscar Negrotto, los empresarios neuquinos Rubén Queirolo y Enrique Halcak, junto al presidente de Ilka, Luis Moldovan, fueron señalados en encuentros donde se definían aspectos presupuestarios. De manera llamativa, excepto Moldovan, nadie fue llamado a testimoniar durante la etapa de instrucción. 

En las sombras

Ayer al momento de alegar, el fiscal Salinas dio por probado que Oscar Pepa cometió dolo y que firmó un contrato para realizar la obra de cloacas sin llamar a licitación, en un acto que se asemejó a una contratación directa. Además, se valió del informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que estableció un sobreprecio en la construcción que rondó el 150 por ciento. Salinas destacó el aporte del testigo José De Ormaechea que estimó el valor de la obra en cifras similares a la de la SIGEN. El fiscal también le cargó a Pepa la responsabilidad de no custodiar los bienes y recordó el faltante de los equipos electromecánicos, valorados en casi tres millones de pesos dólares, que fueron justificados con remitos, algunos de ellos falsos. Salinas también dio lectura a fallos de casos similares que fueron juzgados en Neuquén, donde la justicia condenó a intendentes y empresarios por hacer obras sobrevaluadas, financiadas con aportes del tesoro nacional (ATN), declaradas de interés municipal por los concejales y realizadas con compañías constructoras, cuyos referentes fueron los mismos que actuaron en La Pampa. Entre ellos, el fiscal mencionó a Enrique Halcak al que señaló como el creador de empresas fantasmas, que le posibilitaba al neuquino moverse entre sombras.

Al justificar la pena que solicitó para el entonces secretario tesorero de la comuna, Omar Ghisio, recordó que el funcionario refrendó el contrato con las empresas Ilka-Consnor y no se opuso. Luego hizo mención a un dato que surge de la causa y de los testigos: al momento de firmarse el convenio en el municipio, la reunión se realizó a puertas cerradas en el despacho del intendente. Adentro fueron ubicados, Oscar Pepa, el titular de Ilka, Luis Moldovan y Oscar Negrotto. Ghisio esperó por una hora y media afuera junto al apoderado, Jorge Rodríguez, hasta que terminó el reservado encuentro.

El fiscal al momento de acusar a Rodríguez lo señaló como "mano derecha" del empresario Halcak, que lo había contratado para manejar pagos y retirar el dinero de los certificados de obra. Para la fiscalía, el maestro mayor de obras Rodríguez no podía desconocer que el proyecto estaba sobrevaluado ni cómo actuaba Halcak. Al momento de evaluar la carga probatoria contra Andrea Bensi, las palabras del fiscal fueron leves. Recordó que la mujer estaba procesada por firmar como presidenta de Consnor, a pedido de su marido y su suegro, quienes estaban inhabilitados para la actuación comercial. Bensi no manejo dinero y ni siquiera conocía La Pampa. El fiscal planteó una "leve duda" sobre su actuación.

Palabras defensivas

Por su parte, todos los defensores, que se mostraron muy preparados para el debate, solicitaron la absolución de sus defendidos, además de plantear nulidades y pedidos subsidiarios de penas en suspenso en caso de no otorgarse la absolución.

El defensor de Oscar Pepa, el abogado santarroseño Francisco Marull, pronunció un extenso alegato en el cual cargó sobre las deficiencias en la etapa de instrucción. Habló de una "historia con vacíos", en relación a los que nunca fueron citados a declarar o aquellos que obtuvieron sobreseimientos con una sugestiva rapidez. Marull desautorizó el informe de la SIGEN que habla de sobreprecio, despegó a su cliente de cualquier entendimiento turbio con empresarios y se apoyó en las declaraciones de los testigos que aseguraron que el ex intendente no se enriqueció. 

Para el profesional, el juicio mostró una foto y no la película completa y, por lo tanto, desde ese lugar no se pueden sacar conclusiones. Además, Marull consideró que el pedido de la fiscalía hacia Pepa de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, no se podía solicitar pues consideraba que ese cargo estaba prescripto. El abogado Armando Rodríguez y Figueira Huergo, que representó al ex tesorero Omar Ghisio dirigió sus palabras en similar sentido que Marull y aseguró que su defendido no tuvo "ninguna participación en actividad dolosa alguna". Rescató el modo de vivir de Ghisio, siempre en la misma casa y con una jubilación. Desestimó que el entonces funcionario municipal pueda haber cometido un perjuicio a la administración pública y solicitó a los jueces la absolución. 

Uno de los abogados que alegó por más tiempo fue el neuquino, Hernán Elizondo, defensor de Jorge Rodríguez. Fue quizás quien con mayor fuerza y precisión criticó la etapa de instrucción y dejó al descubierto las deficiencias "groseras" de la investigación. Su defendido quedó implicado en la causa porque el empresario santarroseño Luis Moldovan lo señaló como la persona que estuvo en reuniones claves donde se definió cómo se haría la obra de Alvear. Elizondo aseguró que Moldovan "mintió groseramente" y lo hizo también ante el tribunal para protegerse y no caer en un falso testimonio. "Moldovan mintió tanto que ya no sabía qué era verdad y qué mentira", dijo el abogado al calificar el relato del dueño de Ilka. 

Llamativamente el empresario no tuvo buena memoria para identificar el famoso encuentro que se hizo en una casona de Trenel, de la cual participó Oscar Negrotto, José Floridia, Enrique Halcak y Moldovan. Elizondo reveló un dato de la instrucción por demás elocuente. El 11 de noviembre de 2004 el dueño de Ilka fue llamado a declarar en Santa Rosa. Un día antes de la nochebuena recibió un regalo de tres carillas: el juez le dictó la falta de mérito. Semanas después, el 21 de febrero de 2005 en un escrito de una carilla el magistrado que intervenía firmó el sobreseimiento de Moldovan, en base a una pericia contable realizada a Ilka contratada por la propia empresa. Elizondo respondió a la acusación del fiscal y descartó que su defendido haya cometido alguna acción ilegal o que merezca pena alguna. 

El neuquino recordó al tribunal que fue el que solicitó la comparecencia de testigos como Halcak, que nunca fueron citados en la investigación. El abogado Norberto Paesani cerró la ronda de alegatos. Manifestó el "calvario" que vivió Andrea Bensi en los últimos 10 años y calificó como "una locura" a la instrucción. Después destacó los valores morales de la mujer y su familia. "Fueron victimas de los poderosos", dijo Paesani y afirmó que el empresario Enrique Halcak "podría comprar muchas voluntades". Solicitó la absolución de su defendida y pidió que se juzgue a los "verdaderos responsables". Luego de casi cinco horas, el tribunal integrado por Alfredo Alonso, Florentino Rubio y Fabricio Losi, dio por cerrado el debate y comunicó que la sentencia se conocerá el 29 de diciembre a las 18.