Publicado: 03-06-2013

¿De dónde provienen los recursos del gobierno de la Ciudad? ¿Cuáles son sus prioridades al momento de encarar los gastos? ¿En qué áreas se subejecuta el presupuesto? Dos especialistas responden esas preguntas.

A contramano del proceso de desendeudamiento iniciado por el gobierno nacional a partir de 2003, las autoridades porteñas emitieron deuda de forma recurrente desde que asumieron en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión no se tradujo en mayor inversión pública ni en la solución de los principales déficit estructurales de la Ciudad. En varios casos los fondos fueron mal gestionados, generando costos adicionales.

La renegociación de la deuda pública es una de las medidas más importantes del proyecto político iniciado en 2003. Inclusive los economistas más ortodoxos reconocen que el canje de la deuda y el proceso de reestructuración marcaron un antes y un después en la historia económica reciente. Al reducirse el peso de los intereses y vencimientos de deuda se pudo realizar una política económica más expansiva, alejando la restricción externa. Y, al cancelar la deuda con el FMI, se dejó de depender de las directivas y condicionamientos de los países centrales, logrando mayor soberanía y autonomía política. La deuda pasó de 166,4 por ciento del PBI en diciembre de 2001 a 41,5 por ciento del PBI en junio de 2012. La deuda con el sector privado representa apenas el 13 por ciento del PBI.

En cambio, la administración de Mauricio Macri eligió el camino contrario. El stock de deuda creció 147 por ciento entre 2007 y marzo de 2013, pasando de 571 a 1496 millones de dólares, según el Ministerio de Hacienda de la Ciudad. El porcentaje de deuda nominada en moneda extranjera en la ciudad pasó de 60 a más del 90 por ciento, también en un sentido contrario a lo hecho por el gobierno nacional, que redujo esa deuda de 90 por ciento en 2002 a un 61 por ciento en 2012. Esto asegura una menor dependencia de las variaciones del tipo de cambio en el momento del pago de la deuda, asegurando mayor previsibilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas.

Más allá de todo, el macrismo podría argumentar que el crecimiento paulatino del endeudamiento se debe a la realización de obras de infraestructura que, por el elevado monto que representan, necesitan de financiamiento a largo plazo. Pero las grandes obras que se necesitan para solucionar los problemas estructurales de la ciudad, como la ampliación de la red de subterráneos, la construcción del canal aliviador de la Cuenca Vega-Medrano o un programa de viviendas para reducir el déficit habitacional, están lejos de ser realizados por esta gestión. De hecho, gran parte de la deuda tomada por el Gobierno de la Ciudad ha sido utilizada para gastos corrientes. Según datos del Ministerio de Hacienda, la Inversión Real Directa, relacionada con los gastos en estas obras, representó el 13,3 por ciento del gasto del Gobierno de la Ciudad durante 2012, frente a un 14,5 por ciento en el año 2007. Es decir, lejos de existir un "shock de inversiones", el peso de las obras de infraestructura sobre el total de los gastos se ha visto reducido.

Las críticas son mayores cuando se analizan las prioridades del gasto, y también al ver en qué fueron realmente aplicados los fondos recibidos. Un caso paradigmático es lo que sucedió con el Bono Ley 3380, colocado en marzo de 2010 por 475 millones de dólares a una tasa muy elevada (12,5 por ciento en dólares). De estos, 300 millones eran para la expansión de las Líneas A, B y H. Sin embargo, el dinero no fue utilizado allí, ya que no estaban hechas las licitaciones de dichas obras y quedó depositada una parte en una cuenta especial del Banco Ciudad, a una tasa de interés anual del 6,5 por ciento, y la otra en Letras del Tesoro Nacional. Eso le hizo perder al Gobierno de la Ciudad un monto de 30 millones de pesos en menos de un año. Finalmente, de los 300 millones de dólares, el macrismo transfirió 186 millones a la construcción de obras de paso nivel, obras de bacheo y pavimentación e infraestructura escolar. El resto tardó años en ser utilizado por SBASE para la ampliación del subte por problemas de gestión del macrismo.

Otro caso fue el endeudamiento por 220 millones de pesos destinado al pago de indemnizaciones al gremio de Camioneros a mitad de año pasado, mientras el Gobierno de la Ciudad tenía los fondos necesarios para afrontar ese pago sin necesidad de recurrir al mercado. Nuevamente, el macrismo optó por profundizar la política de endeudamiento sin motivos suficientes. Por último, en septiembre del año pasado el gobierno porteño emitió deuda por 390 millones de pesos para la realización de bicisendas. Más allá de la valoración de este programa, vale preguntarse cuáles son las prioridades del Gobierno de la Ciudad, y cuáles son los motivos por los que no encara obras críticas para nuestra ciudad, como el caso ya mencionado del túnel aliviador para el arroyo Vega. La combinación no puede ser peor: una ciudad cada vez más endeudada, mientras que las obras más urgentes siguen siendo postergadas. Ese pareciera ser el modelo de ciudad PRO.

La subejecución

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por realizar más propagandas que obras. Sus campañas de comunicación y difusión son harto conocidas por los vecinos de la ciudad, pero no así las obras necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Según se desprende de la Ejecución Presupuestaria 2012, el macrismo gastó más de 35.000 millones de pesos para dicho período, un 29,6 por ciento más que en 2011. Dada la enorme riqueza que hay en la ciudad, el gobierno local puede financiar la mayoría de los gastos con recursos propios. De hecho, el 83 por ciento de los recursos provienen de la recaudación tributaria local, lo que marca una situación muy holgada para la Ciudad en relación con otros distritos como la provincia de Buenos Aires. A su vez, la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri recurrió de forma ininterrumpida al financiamiento vía endeudamiento, aumentando el stock de deuda un 124 por ciento desde su asunción.

A pesar de contar con una gran cantidad de recursos para ejecutar las obras de infraestructura para resolver un problema estructural como es el de las inundaciones, los vecinos de la ciudad siguen lamentando la pérdida de vidas humanas y enormes pérdidas económicas. El Gobierno de la Ciudad subejecuta las partidas destinadas a mejorar y realizar las obras hídricas necesarias. El Programa Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial contaba en 2012 con un presupuesto aprobado por la Legislatura de 233 millones de pesos, y solamente se ejecutaron 11 millones de pesos, es decir, un 5,1 por ciento. Las obras que debía encarar este programa estaban principalmente relacionadas con la Cuenca Vega-Medrano, principal zona perjudicada de las últimas inundaciones.

Para 2013 las obras de la Cuenca Vega-Medrano desaparecen del programa plurianual de inversiones. De hecho, el Programa Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial tiene un presupuesto de 20 millones de pesos para 2013, es decir, un recorte del 91,9 por ciento. De dicho monto, 11 millones corresponden a la Cuenca Matanza-Riachuelo.

A su vez, el gobierno porteño responsabiliza al Estado nacional por la falta de recursos para llevar adelante dichas obras, acusándolo de no aprobar ni salir como aval para poder tomar los préstamos necesarios para llevarlo adelante, razón por la cual las obras se encuentran paradas. Ahora bien, es la misma Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires la que informa que las dificultades que existieron para concretar el préstamo que iba a ser otorgado por el BNP Paribas y el BNDES brasileño, mediante el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), se debieron a errores del propio Gobierno de la Ciudad. Principalmente, el problema radica en la utilización en garantía de repago de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal, lo que no está permitido por el Convenio de la Aladi. Es por ello que el Banco Central no ha podido autorizar la operación y el gobierno porteño no tuvo más que finalizar la licitación por dichos inconvenientes.

Es interesante comparar ese derrotero con lo que sucede con la publicidad y propaganda oficial. La Secretaría de Comunicación Social, a cargo de la Jefatura de Gobierno, exhibe una ejecución del 99 por ciento año tras año. Para 2013 el presupuesto destinado a esta secretaría aumentó 27 por ciento, llegando a 277 millones de pesos.

En suma, es interesante que la política del Gobierno de la Ciudad de priorizar la imagen en vez de encarar las obras necesarias para solucionar los problemas estructurales de la ciudad se vea reflejada en el presupuesto y su ejecución.