La opinión pública está conmocionada por las denuncias contra Sergio Schoklender, su supuesto enriquecimiento ilícito y los eventuales desvíos de fondos de distintos tipo de subsidios que el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias canalizaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En el tapete está el problema de los subsidios del Estado hacia empresas, provincias y organizaciones de la sociedad civil, que se han multiplicado los últimos años. Además sabemos el enorme costo fiscal que tienen, la enorme discrecionalidad de su asignación, la ausencia de controles internos eficaces y los informes con observaciones de la Auditoría General de la Nación.

Menos conocido es la enorme cantidad de subsidios a empresas, gobiernos provinciales y municipales y ONGs que hoy día existen para ser ejecutados en los presupuestos de todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. Estamos frente al mismo patrón de falta de normas adecuadas, inconsistentes controles internos, falta de rendición de cuentas de los beneficiarios de las transferencias, débiles evaluaciones de resultados y escaso impacto de las observaciones de la Auditoría General de la Nación, la Ciudad y los Tribunales de Cuentas.

Estamos de acuerdo con la importancia que tiene la redistribución de recursos a través de transferencias financieras.

Aún más, una buena gestión de gobierno suele contar con el concurso de la sociedad civil organizada, las provincias y las empresas a la hora de ser socios para ejecutar políticas públicas.

Pero requerimos mejores instituciones: mejor control parlamentario, normas de control interno más adecuadas que garanticen la rendición de cuentas no sólo al Gobierno sino a la ciudadanía toda, y Auditorías y Tribunales de Cuentas que al ejercer su control sean organismos socialmente útiles.

Si no lo hacemos, no sólo corremos el peligro del desvío de fondos públicos. Además, les hacemos el juego a los eternos cantos de sirena en contra de la necesaria actividad del Estado para fortalecer a la sociedad civil.