Publicado: 15-06-2011

Capital Federal.- El manejo político de los entes reguladores de los servicios públicos que viene realizando la administración kirchnerista generó un nuevo conflicto que podría terminar en la Justicia.

Esta vez el cortocircuito quedó planteado entre el gobierno porteño de Mauricio Macri y la Casa Rosada por la conducción del organismo de control de los servicios de agua potable y saneamiento.

La vicepresidenta del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamientos) que representa a la ciudad de Buenos Aires, Mariana García Torres denunció que la Nación está "usurpando" la presidencia del ente que debe defender a los usuarios de la estatal AYSA.

Según el planteo de García Torres, el mandato como presidente del representante de la Nación, Carlos Vilas venció la semana pasada y todas sus decisiones administrativas carecen de validez.

"Como el ERAS no está intervenido y la Nación no prorrogó el nombramiento de Vilas, su continuidad al frente del ente constituye una virtual usurpación del cargo", advirtió García Torres.

Agregó que "como titular de facto, Vilas se limitó a enviar consultas al ministerio de Planificación y la SIGEN y mientras aguarda las repuestas tomó la decisión de permanecer en el cargo para el cual no está habilitado".

"De esta manera, Vilas actúa como si el ente fuera de su propiedad, cuando la realidad marca que es un organismo colegiado, tripartito e interjurisdiccional", sostuvo la representante de Macri.

El ERAS fue creado en 2007, tras la estatización de Aguas Argentinas y el nacimiento de la operadora estatal AYSA.

Al igual que el ex ETOSS ­el ente regulador que tenía la concesionaria privada­, el ERAS se armó con la participación tripartita de la Nación, la ciudad y la provincia.

Desde diciembre de 2009, el directorio del ente funciona sólo con los representantes del gobierno nacional y de la administración porteña. La silla que le corresponde a la gobernación bonaerense permanece vacía porque el expediente con la designación del nuevo representante lo tienen parado los subsecretarios de Planificación, Roberto Baratta y Rafael Llorens.

García Torres indicó que, si bien no está expresamente establecido, la conducción del ente le correspondería en esta etapa a la ciudad.

Anticipó que "si no se resuelve el problema y el representante de la Nación sigue tomando decisiones sin sustento jurídico, en los próximos días acudiré a la Justicia para denunciar esta marcada irregularidad que compromete la defensa de los usuarios".