Fue incluida a último momento en el proyecto de presupuesto 2011 que se votará hoy. Permite que los jefes comunales que desviaron fondos durante este año no reciban ningún tipo de sanción. Afirman que la iniciativa viola un tratado internacional contra la corrupción que suscribió la Argentina.

Buenos Aires.- "Acá no ha pasado nada", reza una frase que sirve para describir la amnistía que otorgará el gobierno bonaerense a aquellos intendentes que no tengan las cuentas en orden.

Ocurre que, según pudo saber Hoy, entre gallos y medianoche, el Poder Ejecutivo agregó algunos artículos al proyecto de presupuesto 2011, que hoy será debatido -y seguramente aprobado- por ambas cámaras de la Legislatura provincial, que convierte en una suerte de cartón pintado al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

Concretamente, el artículo 87 que formará parte de la denominada "ley de leyes" autoriza "al Tribunal de Cuentas a suspender la imposición de las sanciones previstas en su ley orgánica a aquellos funcionarios municipales que hubieran autorizado, en el ejercicio 2010, la utilización de recursos afectados para un destino distinto al de su afectación, siempre que tal utilización sea fundada en razones de carácter excepcional". No son pocos los que creen que, en realidad, "las razones de carácter excepcional" son las elecciones del año que viene, siendo este beneficio de tinte escandaloso una forma encubierta de mantener a los jefes comunales encolumnados. Prácticamente estarán eximidos de dar explicaciones respecto al uso que hacen de dinero de terceros, es decir, de los recursos que provienen del conjunto de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas que, con esfuerzo, pagan sus tasas y cumplen con sus obligaciones fiscales.

Un beneficio similar se otorgó en el presupuesto de este año para el ejercicio 2009, y en su momento fue justificado por el gobierno provincial en el hecho del "impacto" que estaba teniendo la crisis económica internacional en los municipios. El escenario actual es totalmente diferente, dado que casi todas las variables económicas del país muestran signos positivos, con aumento récord de las exportaciones y de la recaudación". 

"No se requiere de un esfuerzo intelectual demasiado importante como para advertir que, frente a la posibilidad de suspender sanciones, el artículo del proyecto favorece a los intendentes afines al oficialismo", le dijo a Hoy el jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Walter Martello. Y agregó: "El año pasado las circunstancias excepcionales era la crisis económica, y ahora son las elecciones. En definitiva, se está consagrando la impunidad".

El proyecto en cuestión entra en evidente contradicción con otras normativas de la Provincia que establecen, en lo referido a las normativas bajo las que debe regirse el Tribunal de Cuentas, que "aquel funcionario público imputado como responsable de un gasto injustificado debe afectar su propio patrimonio para retornar ese dinero más los intereses que correspondan".

Eso no es todo: en el agregado del proyecto de presupuesto 2011 también se otorga un amplio plazo para que aquellas comunas que no tiengan las cuentas en orden cubran los agujeros de su administración. Concretamente, el artículo 86 establece: "Los municipios que registren déficit al cierre del ejercicio 2010 deberán presentar ante el Ministerio de Economía la fundamentación que lo justifique, debiendo éste emitir un informe técnico económico y financiero, que convalide el mismo. La cancelación del déficit registrado deberá realizarse en un plazo no mayor a doce meses desde la entrada en vigencia de la presente ley". 

No fueron pocos los que definieron este artículo como una forma de patear la pelota para adelante, y especular con el año electoral. "Es como decirles a los intendentes que tienen los números en rojo que está todo bien, otorgándoles un año de plazo para encontrar las excusas que justifiquen por qué sus comunas están en crisis económica. Así, da lo mismo el intendente que hace bien las cosas que aquellos que tienen un comportamiento irregular. Se trata de un beneficio que, difícilmente, pueda tener un ciudadano común, a quien prácticamente se le exige un examen bucodental para darle un crédito o ingresar a una moratoria impositiva", explicaron fuentes consultadas, que participaron en las reuniones donde se cocinó la amnistía para intendentes.

El rol del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de la Provincia es un organismo constitucional que tiene las siguientes atribuciones:

  • Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como así también el monto y la causa de los alcances respectivos.

  • Inspeccionar las oficinas públicas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.
Estas atribuciones podrían verse alteradas a partir de los artículos incluidos en el presupuesto 2011.

"En la Provincia hay graves problemas de corrupción"

"Toda norma que tienda a poner trabas a la imposición de sanciones contra funcionarios públicos que no cumplen con su deber es contraria a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 5 establece: Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas".

Así definió el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1, Luis Federico Arias, los artículos del presupuesto 2011 que otorgan una amnistía económica a los intendentes de la Provincia. Arias agregó: "El Estado argentino suscribió la mencionada convención en 2003 y fue ratificada en el año 2006. Y con esta ley que se pretende aprobar se estaría violando lo que el propio Estado se comprometió a cumplir".

El magistrado sostuvo que, con esta ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo estaría convalidando, vía Legislatura, una ilegalidad".

Arias consideró que la Argentina, y especialmente la provincia de Buenos Aires, está atravesando por un grave problema de "corrupción", que es reflejado por distintos indicadores internacionales.

"En lugar de impulsar leyes que quiten los controles a los funcionarios, la Provincia tendría que recorrer el camino inverso, como es que haya más controles", agregó Arias.

El magistrado sostuvo que "uno ve que en la Justicia federal hay funcionarios y ex funcionarios nacionales que son procesados y tienen que dar explicaciones en la Justicia. En cambio, en la Provincia los fiscales prácticamente no investigan a los funcionarios, no hay un solo funcionario condenado. Uno de los pocos casos es el del diputado Raúl Pérez, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que tuvo un proceso penal abierto durante más de doce años por enriquecimiento ilícito". Tal como lo informó este diario, la causa contra Pérez no llegó a buen puerto debido al accionar de varios de sus amigos, que habrían sido elegidos a dedo desde el Consejo de la Magistratura para formar parte del Poder Judicial, en desmedro de los funcionarios de carrera con sobrados méritos para administrar justicia.