Lea aquí la nota de El Auditor

Publicado: 09-01-2011

CABA.- Aquel río que fue lugar de recreación para los porteños y donde se realizaban regatas internacionales es actualmente uno de los 12 cursos de agua más contaminados del planeta. En sus orillas, miles de pibes padecen problemas respiratorios y en la piel. Cómo se llegó a esta situación
Tal vez lo más fácil sea echarle la culpa a Carlos V. El monarca español del siglo XVI estableció que todas las industrias contaminantes que funcionaban en las colonias que dependían de su corona debían instalarse aguas abajo de las jóvenes ciudades para evitar que los desechos ensuciaran los cauces potables que se utilizaban para el consumo. Desde entonces, lo que después se conoció como Cuenca Matanza Riachuelo se convirtió en asentamiento de establecimientos fabriles de todo tipo, dando lugar a una auténtica cloaca a cielo abierto de Buenos Aires.

Ya en 1871 –como narra Antonio Brailovsky en su Breve Historia del Riachuelo–, los diarios daban cuenta del desastre ambiental y reclamaban soluciones: "El lecho del Riachuelo –se leía en La Nación de principios de ese año– es una inmensa capa de materias en putrefacción. Su corriente no tiene ni el color del agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, parece un torrente de pus que escapa a raudales de la herida abierta en el seno gangrenado de la Tierra. Un foco de tal infección que puede causar de todos los flagelos, el cólera y la fiebre amarilla. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y beberemos la podredumbre de ese gran cadáver tendido a espaldas de nuestra ciudad?".

Quizás aquel indignado articulista jamás imaginó que su pregunta no hallaría respuesta ni siquiera iniciada la segunda década del siglo XXI. Desde entonces, se han anunciado –y abonado con fondos públicos– más de dos decenas de planes de saneamiento, incluido el grandilocuente anuncio de limpieza en mil días de María Julia Alsogaray. El ejemplo más claro de la desidia lo señala, tal vez, un informe de la Auditoría General de la Nación, que menciona un crédito del BID por 250 millones de dólares tomado en 1998: la Argentina debió desembolsar más dinero del que recibió en concepto de multas por incumplimiento de las obras. Resulta de Perogrullo señalar que ninguno de los programas anunciados se ha plasmado en los hechos. Y de esta situación no podemos hacer responsable a Carlos V.

Lo mismo entendió la Corte Suprema de Justicia, que el 8 de julio de 2008 dictó un inédito fallo conminando al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recomponer el daño ambiental causado en la Cuenca Matanza-Riachuelo, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para prevenir futuras contaminaciones. En ese mismo acto, delegó en el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el seguimiento de la causa para que arbitre las medidas necesarias para que el fallo se cumpla.

Aquella sentencia se había originado en una denuncia colectiva presentada por vecinos de Villa Inflamable contra los tres estados, los 14 municipios que tienen injerencia en la ribera y 45 empresas asentadas en el Polo Petroquímico Dock Sud después de que un informe científico realizado en 2001 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Yaica) demostrara que los habitantes de la zona tenían elevados índices de plomo, cromo y otras sustancias contaminante en su sangre.

La sentencia fue calificada de histórica porque hacía lugar a los derechos difusos –también llamados colectivos–, contemplados en la reforma constitucional del ’94 pero no adoptados como hábito por el sistema jurídico argentino, más acostumbrado a defender la propiedad privada que los derechos sociales y ambientales. También se resaltó aquel dictamen por su fuerte aporte a una democracia más participativa y de mejor calidad: otorgó a las organizaciones sociales la potestad del control, a través de un Consejo Consultivo presidido por la Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado por agrupaciones vecinales de base –como la Asociación de Vecinos de la Boca– y ONG, como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Además, el máximo tribunal convocó a audiencias públicas para que los distintos actores involucrados pudieran presentar sus posiciones, invitó a las universidades públicas para realizar estudios científicos y solicitó a la Auditoría General de la Nación que realice un seguimiento de la ejecución de las partidas presupuestarias. A la vez que movilizó a los diferentes actores para que cada uno desarrolle el papel que le corresponde, la Corte tuvo otro gran logro: instaló, de prepo, el saneamiento del Riachuelo en la agenda gubernamental e institucionalizó la emergencia ambiental.

Una de los primeros obstáculos para sanear el Riachuelo que advirtió el tribunal fue la carencia de una única autoridad política sobre la Cuenca. Sobre Matanza-Riachuelo –la tercera más contaminada del mundo– tienen jurisdicción el Estado Nacional, Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y 14 municipios del conurbano. Semejante dispersión de poder generó una superposición de normativas –muchas veces contradictoria– que se había convertido en la excusa histórica con la que los sucesivos gobiernos justificaron su inacción.

Ante esta evidencia y en paralelo al trámite judicial, en 2006 se creó por ley la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), órgano tripartito que reúne representantes de la Nación, la Provincia y la Ciudad. Sin embargo, los insuficientes avances que se lograron desde entonces se debieron más a la presión del juez Armella –de bajo perfil pero con insistente tenacidad– que a la gestión que tuvieron los dos primeros presidentes del ente: Romina Picolotti y Homero Bibiloni, quienes corrieron siempre por detrás de las iniciativas del magistrado y llegaron a ser multados por él a causa de sus incumplimientos. Ahora es el turno de Juan José Mussi, un barón del conurbano que hasta ahora no demostró grandes antecedentes en materia ambiental, aunque tal vez maneje mejor que sus antecesores los resortes políticos imprescindibles para llegar a buen puerto.

"Para que pueda sanearse el Riachuelo es necesario que haya recursos, decisión política y capacidad técnica. Hasta ahora hubo recursos que se subejecutaron y fallaron los otros dos componentes. El proceso de la creación de Acumar ha tenido dos grandes momentos. Ha habido una primera etapa en donde no se cumplió prácticamente nada de la sentencia, donde se sucedieron marchas y contramarchas, permanentes cambios institucionales y de funcionarios. Se desperdició mucha energía y se ejecutó aproximadamente apenas un 35 por ciento del presupuesto. Pero desde hace poco menos de un año, empezaron a notarse algunos avances concretos: se creó una estructura, se nombró personal, hay un edificio acorde...", señala Cristina Maiztegui, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Firmas bajo la lupa. Uno de los avances más notorios de los últimos meses consistió en el empadronamiento de las industrias que están asentadas a lo largo de la Cuenca. Después de cuatro años de existencia, Acumar logró contabilizar 23.000 establecimientos en la zona, cinco veces más de lo que se presuponía cuando se realizaban diagnósticos para sanear el lecho. De ellos, 362 fueron declarados como agentes contaminantes por la autoridad de cuenca. La mayoría son frigoríficos y curtiembres, pero también hay grandes empresas de otros rubros, como Coca-Cola, Coto, Acindar o los laboratorios Andrómaco o Temis Lostaló.

"La cantidad de empresas que fueron declaradas agentes contaminantes es muy baja en relación con el total de empadronadas. O no se inspecciona, o se hace de manera muy lenta o se utilizan parámetros demasiado laxos, porque los niveles de plomo, cromo, cadmio y mercurio superan en algunos casos más de cien veces los parámetros guía para la protección de la vida acuática. En realidad no se sabe cuántas empresas contaminan ni qué volumen de tóxicos arrojan y sin eso no se puede hacer un diagnóstico y un plan serio. Lo que más nos preocupa son las metas pobres del programa, que sólo contemplan recuperar el Riachuelo para un uso pasivo de la población. Se busca eliminar el olor, cambiar la viscosidad del agua, pero no la toxicidad y la peligrosidad", se queja Consuelo Bilbao, representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo.

Según declaró a Miradas al Sur el presidente ejecutivo de Acumar, Gustavo Villa Uría, el ente cuenta con 38 inspectores que visitan tres industrias por día y realizan, en total, unas 8.000 inspecciones mensuales que hasta ahora realizaron –de acuerdo con la información oficial– media centena de clausuras temporarias, la mayoría levantada después de presentar un plan de reconversión. "Sólo una empresa permanece clausurada, porque descubrimos la utilización de cianuro en tambores alimenticios que después eran utilizados para miel o dulce", describe Villa Uría.

Acumar cuenta con un presupuesto de 40 millones de dólares para otorgar créditos a pymes y micropymes que permitan financiar la reconversión de los establecimientos para una producción sustentable. Sin embargo, al día de la fecha ninguna empresa se acogió al Programa de Reconversión Industrial. "Averiguaron ochenta y cinco están en trámite avanzado para obtenerlo. Pero es muy difícil. A veces es más largo el tiempo que lleva la gestión del préstamo que lo que puede demorar la obra. El grado de informalidad es muy grande en muchas de estas empresas y los requisitos que se piden son demasiado estrictos", reconoce Villa Uría.

La responsabilidad de la población. La otra gran fuente contaminante del Riachuelo son las aguas servidas de buena parte de los tres millones de habitantes que viven a lo largo de la Cuenca. Para paliar esta situación se planificaron diversas megaobras públicas, entre las que se destacaba una colectora gigante que recorrería el margen derecha del lecho con una planta de tratamiento en la boca del Riachuelo que por un conducto emisario descargaría todos estos residuos 11 kilómetros adentro del Río de la Plata.

El plan original –a cargo de AySa– contaba para su realización con un crédito del BID –monitoreado por el Banco Mundial– de 820 millones de dólares y un aporte del Presupuesto Nacional de otros 620. Se esperaba que estuviera finalizado en el año 2016, para dar lugar a una obra similar en la margen izquierda, que debería concluirse en 2020. Estos plazos ya se parecen bastante a una utopía: hasta ahora no se pudo determinar siquiera qué empresas estarían precalificadas para licitar. "Sufrimos demoras por diversas cuestiones, entre otras por la última crisis financiera internacional. Muchas compañías tenían avales de bancos que terminaron hundiéndose, como la Brothers, y ahora el Banco Mundial exige nuevos requisitos para que las compañías oferentes demuestren solvencia", explica Villa Uría.

La última resolución del juez Armella corresponde al 23 de diciembre pasado. A través de ella conmina a Acumar a presentar antes del 1º de febrero un plan de relocalización de viviendas para las familias que viven sobre el camino de sirga, que abarca la franja de 35 metros de ancho inmediatamente linderos con el curso de la cuenca.

Para hacer frente al requerimiento, Acumar firmó un convenio que creó dentro del Plan Federal de Viviendas un subprograma específico para el Riachuelo. Allí se prometen 17.000 soluciones habitacionales, de las cuales –según el presidente ejecutivo del ente– 8.000 están en distintas etapas de ejecución. No obstante, en el Cels objetan –además de que el programa no fue ni informado ni consensuado con las poblaciones destinatarias– la inexistencia de censos y de información específica. Plantean que no se sabe de manera precisa cuántas familias viven en la zona, cuántas viviendas se necesitan, quiénes deben tener prioridad y a quiénes se les van a adjudicar las casas que ya están en marcha. De hecho, mientras Acumar presentó informes en el juzgado de Armella que hablan de 18 asentamientos precarios en la sirga, un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo junto con la Universidad de General Sarmiento señala que se trata en realidad de 38.

Para la misma fecha el Consejo Consultivo cuestionó el informe trimestral del estado del agua superficial, las napas subterráneas y el aire de la cuenca que Acumar debe presentar. Lo tildó de incomprensible para el ciudadano común y remarcó la ausencia de conclusiones.

"Lo visual, lo cosmetológico, ahora se corrige. Los materiales sobrenadantes, los barcos, los terraplenes, se limpian, se planta pasto y árboles. De hecho en mi barrio había 40 barcos hundidos y ahora sólo quedan cuatro, de los cuales dos se están desguazando. El trabajo parece que es de la línea de flotación para arriba, pero en profundidad no se ve nada", protesta Alfredo Alberti, miembro de la Asociación de Vecinos de La Boca e integrante del Consejo Consultivo.

El ente presidido por el defensor del Pueblo también denunció, cuando se cumplieron dos años de la sentencia de la Corte, que los basurales a cielo abierto crecieron en la cuenca de 149 a 217, cuando en verdad deberían erradicarse. "No es que aumentaron, sino que ahora se contaron bien", se defiende Villa Uría, que añade que la Acumar lleva retiradas de la zona 75.000 toneladas de basura. El funcionario señala que es un problema muy difícil de abordar debido a los altos costos de la disposición de la basura y a los numerosos circuitos informales de recolección de residuos que existen en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano.

La triste realidad del Riachuelo no sólo se metió en la sangre y los pulmones de los habitantes de la Cuenca. También en su subjetividad. El grupo de teatro comunitario del Circuito Cultural Barracas, por ejemplo, montó Flora y Fauna del Riachuelo, uno de sus espectáculos más exitosos. "Queridos contaminados", exclama Tereso desde un púlpito montado en el escenario. Con los brazos en alto y la voz cascada, el candidato presidencial promete a los vecinos declarar a su barrio "zona protegida contra el aire puro". Argumenta –con cierto aire demagógico– que a los que viven en Barracas "les da un colapso mortal cuando toman agua mineral". Con una estética que remite a la murga uruguaya y una mirada tan ácida como irónica, el elenco expone las "ventajas" de vivir en un barrio contaminado. Para no perderlas, le reza a Santa María Julia de los Mil Días, a quien le ofrenda plomo, zinc, benceno y tolueno. "No vaya a ser –dicen sus devotos– que les dé un ataque de salud." Trece cantantes, un quinteto de percusionistas y dos decenas de bailarines de todas las edades se ríen con más rabia que alegría a lo largo de casi todo el espectáculo. Pero de pronto, hay un momento donde los eufemismos y las ironías se terminan y los murgueros se ponen serios porque –como gritan a coro– "lo que mata, mata".