Publicado: 22-08-2011

Catamarca.- En agosto de 2004, la fiscal de Instrucción Nº 4, Patricia Olmi, promovió acción penal la causa iniciada para investigar las compras directas de elementos para asistencialismo y pidió el desafuero del actual diputado oficialista Víctor Hugo Brandán. Fue el juez de Garantías Nº 3, Jorge Rolando Palacios, quien elevó a la Cámara de Diputados de la Provincia el pedido de desafuero para indagar a Brandán, finalmente rechazado. 

La investigación preliminar realizada por el juez Palacios tuvo en cuenta los resultados del sumario de responsabilidad realizado por el Tribunal de Cuentas que confirmaba el descontrol que rigió en el manejo de los gastos en Acción Social durante la conducción de Brandán.

En el informe remitido a la Cámara baja, que contenía un análisis de los elementos de prueba existentes en el expediente, se sostenía que, entre septiembre y diciembre de 2003, el juez destacó "la inexistencia de organización y previsión en la adquisición de alimentos destinados a la población" y resaltó la imposibilidad de determinar en forma fehaciente si los elementos habían sido efectivamente recibidos por los presuntos beneficiarios.

También subrayó que "al no existir licitación, se observa que todos los proveedores en todos los expedientes resultan comunes y que no se aplicaron los principios generales de toda contratación: concurrencia, publicidad, igualdad de posibilidades de rango constitucional".

Palacios se basó en testimonios de varios empleados y ex empleados del área de Acción Social y en la auditoría del TC para sospechar que Brandán, "con personal a sus órdenes entre los que se encuentran familiares y amigos de su entorno perfectamente identificados por los testigos, implementando la metodología del temor, avasallando los elementales principios establecidos por el derecho administrativo para el contrato de suministros e inclusive favoreciendo a empresas proveedoras del medio que obtuvieron finalmente pingües ganancias", encabezó "un verdadero aquelarre de maniobras ilícitas que en su momento el Ministerio Fiscal deberá investigar", señalaba alguno de los párrafos del escrito por el que requería la investigación.

En la sesión del 19 de mayo de 2005, el oficialismo en la Cámara baja impidió el desafuero del legislador, que continuó hasta diciembre de 2007, pero no obtuvo la reelección en la banca.