La iniciativa se originó en el bloque oficialista, pero dado el tenor del tema fue acompañado por el resto de los parlamentarios. Esperan que el abogado riograndense aporte pruebas de sus expresiones. Tanto el justicialista Wilder como la arista De María reconocieron que el debate sobre las inversiones chinas que se está dando en el Parlamento es positivo. No obstante, remarcaron que aún resta seguir analizando la información requerida al Ejecutivo.

USHUAIA.- En el marco del análisis y debate que los legisladores vienen realizando en torno al memorando de intención que la mandataria fueguina Fabiana Ríos rubricó con capitales chinos con el objetivo de la instalación de la planta de metanol, aparecieron en escena diferentes voces que cuestionan la modalidad con la que el tratamiento del tema se está llevando adelante en el parlamento.

Una de ellas es la del polémico abogado riograndense Alejandro de la Riva, quien en declaraciones públicas indicó que los legisladores estaría recibiendo compensación económica por aprobar el escrito rubricado por la mandataria con el gerente de la empresa Tierra del Fuego y Química SA, el pasado 10 de octubre.

Tiempo Fueguino dialogó con el titular del bloque del Frente para la Victoria, Ricardo Wilder, quien informó que los distintos bloques politicos firmaron un acta donde le solicitan al presidente de la Cámara, Manuel Raimbault, inicie las acciones legales que aclaren los dichos públicos vertidos por el abogado De la Riva, en los que plantea que habría sospechas de actos de corrupción en torno al tratamiento que el Parlamento está realizando del acuerdo firmado por Ríos.

Wilder indicó que ayer el legislador oficialista se presentó ayer ante la Justicia para iniciar acciones sobre el tema, al tiempo que estimó que ese poder del Estado tomará las medidas que busquen aclarar los hechos. En tanto, manifestó que el abogado deberá presentar pruebas que certifiquen sus dichos, puesto que en sus palabras involucra a integrantes del parlamento y por lo tanto es necesario tomar alguna medida al respecto, según mencionó Wilder.

Remarcó que al momento de dar una opinión sobre la situación que se está analizando en torno a los alcances de la rubrica de la carta de intención con los chinos se debe contar los elementos necesarios y aclaró que desde el bloque del FPV se encuentran analizando la situación desde los aspectos legales y técnicos.

Pero no dejó fuera del escenario las cuestiones políticas "que son importante, y no hay que desconocerlo. Seguramente llegado su momento el bloque tendrá una posición en este sentido pero hoy no la tenemos", aclaró.

Por su parte, la oficialista Verónica de María remarcó que la instancia judicial prevé la presentación de pruebas, como estas declaraciones "forman parte de un clima bastante enrarecido de los últimos tiempos". Y agregó que "la verdad lo que queremos es pruebas que se pueden aportar y que la Justicia dictamine".

Indicó que se debe citar a los testigos que se crea conveniente y si es necesario solicitó la realización de los careos necesario que permitan llegar a la verdad al tiempo que calificó a las acusaciones de "graves".

Estimó que el marco de situación que vive la provincia es lo suficientemente serio como para "decir estas cosas, puesto que es un proyecto importante", remarcó la legisladora. Además, recalcó que con esta posible llegada de capitales chino no deben existir vinculaciones políticas algunas, "por lo tanto quitarle credibilidad al trabajo de control o seguimiento que está haciendo la Legislatura, o socavar cualquier intento de despegue o salvataje nos parece que ese margen se tiene que acotar y por eso nos presentamos ante la Justicia", expresó.

Aclaró que esta iniciativa surgió desde el bloque del ARI, pero una vez que el resto de los parlamentarios se enteraron de esta acción quisieron acompañarla.

Sobre la instalación de la planta de metanol

Wilder informó que el cuerpo parlamentario giró al Ejecutivo una serie de preguntas que se deben clarificar y deben dar las respuestas que se necesitan. Para Wilder, se debe tener en cuenta la opinión de otros organismos como lo son el Tribunal de Cuentas, quienes podrán especificar si es pertinente llamar a licitación o no.

Asimismo, planteó que se debe solicitar la intervención del Fiscal de Estado y sobre este contó que "creemos que es necesario porque es un tema de relevancia para la provincia que va a convenir con una empresa privada para comercializar el gas a 1.80 dólar".

El parlamentario indicó que sí se están vendiendo los recursos, en contraposición de las declaraciones públicas de la gobernadora. "Estamos hablando de un contrato de 35 años y tenemos que saber si el recurso es duradero en el tiempo y para eso necesitamos información", dijo el titular de bloque del FPV.

En tanto, minimizó la postura que exhibiera el PJ a través de un comunicado en el que reclama la licitación pública. "Es más una opinión de un integrante del Congreso partidario como también de la diputada Rosana Bertone. Nosotros hacemos un análisis extenso del tema. Sí le pedimos que no subestimen nuestra inteligencia, y lo digo por los cuatro legisladores que integramos el bloque del FPV".

En tanto, la parlamentaria del ARI calificó como "positivo" el análisis que se viene realizando en la Cámara, pero dudó sobre cómo proseguirá puesto que el debate continuará en el marco de la Comisión de Legislación General a cargo del radical Gabriel Pluis.

"No sé ni qué tiempo ni qué voluntad política podrá tener Pluis, porque personalmente están en tratamiento temas importantes pero aún no se tocaron esos temas. Espero que se tome (el proyecto) con absoluta seriedad y con legítima preocupación", expresó.

En relación a la licitación pública que desde el PJ se solicitó a través de un documento difundido el lunes, De María mencionó que es "materia de interpretación", al tiempo que marcó su postura en contra de esa postura.

"Sorprende que sea tan coincidente con opinión de la diputada Bertone que no ha colaborado mucho con la provincia en esta gestión, por lo menos con este proyecto", cuestionó.

No dudó sobre la participación de la comunidad en la audiencia pública impulsada por el Gobierno será importante. Sin embargo, observó que si es necesario realizar otro tipo de consultas a la comunidad tales como un plebiscito "no tengo inconveniente que esto suceda, siempre y cuando no sean maniobras que demoren la concreción del proyecto porque Tierra del Fuego tiene que pensar en una reconversión económica seria".