Publicado: 24-06-2010
 
Tierra del Fuego.- La ratificación legislativa sobre el acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la Provincia, que contempla la constitución del Fideicomiso Austral, comenzará a definirse el próximo miércoles cuando los responsables de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas fijen postura sobre las implicancias legales futuras que tiene para la Provincia el acuerdo que fuera rubricado por la gobernadora Ríos y el Ministro de Planificación Federal a mediados de marzo en Ushuaia.

Al encuentro también fue convocada la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno para que informe qué intervención tuvo en el tema y si emitió dictamen sobre el mismo, en cuyo caso se solicitarán precisiones respecto de por qué esa documentación no fue remitida a la Legislatura, tal fuera solicitado oportunamente.

Los legisladores esperan que la reunión con los órganos de control permita despejar algunas dudas que genera el texto del acuerdo, tales como los alcances legales del artículo primero del convenio que determina que con la suscripción del mismo se está propiciando "el fin de las controversias planteadas en relación con el dominio de lo recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental adyacente a la Isla Grande de Tierra del Fuego" sobre todo a partir de la sanción definitiva de los límites provinciales.

Otro de los aspectos sobre los que pretenden obtener precisiones esta vinculado con la eximición del pago de impuestos a los sellos e ingresos brutos, y otros tributos que se puedan generar en el futuro, a "todos los documentos, contratos, instrumentos, obras, emprendimientos, transacciones y actividades que se celebren, realicen o tenga efectos en la provincia, relativos a las obras a ejecutarse en el marco del convenio", a la que se obliga la provincia mediante la ratificación legislativa de ese instrumento.

Por otra parte se pretende conocer si la Fiscalía de Estado cuenta con alguna estimación del monto que podría percibir mensualmente la Provincia en función del 50% de la regalía off shore que Nación destinará al Fideicomiso Austral.

El acuerdo, conocido popularmente como Fideicomiso Austral, contempla que el Estado nacional transfiera, por un plazo inicial de 10 años, el 50% de las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los yacimientos ubicados costa afuera del límite provincial y de aquellas que se concesionen en el futuro, como así también 35 millones de dólares en concepto de coparticipación de regalías no percibidas por la demora en la constitución del fideicomiso que viene siendo negociado desde 2001.

Por su parte, la Provincia se compromete a aportar el 50% de las regalías hidrocarburíferas que se obtendrán de "las áreas actualmente en curso de licitación y de toda otra que se explotare sucesivamente en su territorio marítimo y terrestre". Estos recursos se verán afectados a la ejecución exclusiva de diversas obras de infraestructura vial, energética, hospitalaria, sanitaria y portuaria.

Se reúne hoy la Sala Acusadora de Juicio Político

Los legisladores oficialistas Deheza, Raimbault y López; los del FPV Furlan y Wilder; del MPF Urquiza y del MO Velázquez se reunirán hoy en su carácter de integrantes de la Sala Acusadora para recibir el pedido de juicio político que presentara el senador Martínez contra los vocales del Tribunal de Cuentas.

En este mismo encuentro se procederá a elegir de entre los miembros de la Sala a los tres integrantes de la Comisión Investigadora que deberá analizar los hechos denunicados y aconsejar si hay mérito para dar continuidad al proceso, para lo que contarán con un plazo de 30 días hábiles.

En la reunión, prevista para las 18, podría resolverse también remitir copia a los denunciados, para que dentro de los 5 días hábiles a la recepción de la misma formulen su descargo y ofrezcan la prueba de la que pretendan valerse en su defensa.

José Martínez denunció a los miembros del órgano de control por "mal desempeño del cargo". El Senador sostiene que estos funcionarios perciben remuneraciones que superan la de la Gobernadora en abierta violación a lo que dispone el artículo 73, inciso 4, de la Constitución y el artículo 7 de la ley de creación del Tribunal de Cuentas.