Las demoras en la adhesión de muchas municipalidades, y la implementación del sistema de control y seguimiento diseñadas en la provincia de acuerdo a las exigencias nacionales, postergaron la distribución del Fondo que distribuye entre las provincias el 30 % de las retenciones a las exportaciones de soja.

Los diez municipios de primera categoría repartirán $ 2 millones, aunque Resistencia, Barranqueras y Sáenz Peña no recibirán nada por la primer semana en que demoraron la adhesión, relegando en conjunto unos $ 450.000 que pasaron a acrecentar el total a repartir entre los que si cumplieron en término con las formalidades.

Los Municipios de segunda categoría recibirán $ 1 millón, y las comunas de tercera categoría unos $ 690.000

La tercer semana se comenzaría a pagar desde el lunes 18 de mayo, y la proyección del Fondo, permite adelantar que la suma a distribuir será de unos 2,2 millones de pesos, que llevarán a 5,6 millones el total distribuido en las tres primeras semanas.

Puja política La demora en la adhesión y posterior distribución de los fondos, no estuvo exenta de la puja política entre la posición y el oficialismo. La negativa de los municipios de la Alianza a adherir mediante Ordenanzas y a cumplimentar las demás condiciones de la adhesión provincial, fue seguida por una andanada de Cartas Documentos y denuncias públicas sobre manipulación política de los fondos, favoreciendo a comunas oficialistas.

El propio gobernador reprochó esta puja desde en la presentación de los candidatos del Frente Chaco Merece Más. "No quieren venir pero después nos intiman judicialmente. Muchachos, decídanse, quieren o no quieren la plata para hacer obras?", fustigó desde la tribuna política.

Triple control

Estos fondos se deberán aplicar en obras de infraestructura social, con una inversión sujeta a un sistema de triple control para evitar su uso en gastos generales.

Es que de acuerdo al mismo decreto nacional de creación del Fondo, la provincia exige la presentación de los proyectos a los que se imputan los fondos para asegurar su viabilidad técnica y financiera. Se suma a esta verificación previa, el control concomitante que ejercerá el Tribunal de Cuentas de la Provincia, tanto en la aplicación del Fondo en Municipios, como en la Provincia.

Finalmente, el mismo Estado Nacional ejercerá control sobre toda la operación, con la facultad de paralizar los envíos a las provincias que no cumplan con la aplicación de los fondos en obras de infraestructura social básica. El control estará a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que también inspeccionará la aplicación en cada provincia.