Editorial I: Dos designaciones le otorgan al kirchnerismo un peso decisivo en la Auditoría General de la Nación

Mientras lo acosan cada vez más casos de presunta corrupción, el kirchnerismo ha dado un paso más en su marcha imparable para debilitar o dominar los principales órganos encargados de controlar tanto a los funcionarios como a los organismos estatales.

Esta vez, la víctima ha sido uno de los pocos organismos de contralor que hasta ahora logran producir fundados informes críticos referidos a dependencias y empresas estatales. Se trata de la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo titular desde 2002 es Leandro Despouy, elegido por la oposición y hombre de mucho prestigio también en el exterior. Lo que ha hecho ahora la Presidenta es lograr que el Senado aprobara la designación de su asesora Vilma Castillo como nuevo integrante del cuerpo de la Auditoría.

Con toda razón, este nombramiento despertó fuertes críticas en sectores de la oposición, pues Castillo, además de haberse desempeñado durante casi una década como asesora de Cristina Kirchner cuando ésta era legisladora nacional, ejerce actualmente la representación del Estado en el directorio de Aerolíneas Argentinas. Se dará entonces la muy cuestionable situación de que a partir del año próximo, cuando Castillo ya esté dedicada a auditar, tenga que expedirse sobre su actuación en la aerolínea reestatizada. Se le ha criticado, además, su falta de experiencia en la materia.

En el Senado, los legisladores de la Coalición Cívica señalaron que la ley de ética pública impide que alguien se audite a sí mismo. Los senadores María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik, de la Coalición, también manifestaron que, en realidad, Castillo debería "ser investigada por no haber impugnado los balances de los últimos años que llevaron al vaciamiento y cuasi quiebra de la empresa. ¿No vio nada?".

Los auditores de la AGN son elegidos por el oficialismo y la oposición. En el caso de Castillo, los cuestionamientos no obedecieron solamente a su condición de oficialista. Por ejemplo, el Senado brindó un apoyo poco común a Francisco Javier Fernández para renovar su mandato en la AGN. Fernández fue propuesto por el oficialismo y obtuvo el voto favorable de los 57 senadores, incluido el del socialista Rubén Giustiniani. Había llegado a la AGN en 2001 gracias al ex ministro menemista Rodolfo Barra, quien presidió la Auditoría entre 1999 y 2001. El radical Alejandro Nieva tampoco fue objetado.

En realidad, ese trámite en el Senado también se explica por la necesidad del radicalismo de no perder pie en la AGN. Porque al margen de los denodados esfuerzos que realiza Despouy y de su reconocida capacidad, es la composición de la AGN la principal traba que impide convertirla en un órgano mucho más ágil. Es sabido que sus meticulosos informes, incluso los críticos, a veces parecen "lavados" porque para obtener las firmas de todos los auditores ha sido preciso eliminar o limar ciertos aspectos del contenido. Es sabido, también, que a veces transcurren varios meses hasta que un informe ya concluido logra el consenso interno para su aprobación final.

Esto obedece a la mayoría justicialista que reina en la AGN. El radicalismo ha propuesto en vano que el organismo cuente con mayoría opositora. Pero con el actual sistema el radicalismo debió guardar silencio en el Senado respecto de Castillo y Fernández, para así asegurarse el ingreso de Nieva.

Con las designaciones de los dos auditores oficialistas, el kirchnerismo se asegura la mayoría en la AGN hasta 2016. Y la necesita para protegerse, porque pese al cuadro de situación que trazamos de la AGN, ésta produjo un reciente informe en el que pidió investigar por qué el segundo tramo de una obra de tendido eléctrico de alta tensión que va de Río Negro a Santa Cruz costó un 48 por ciento más caro por kilómetro que el primero.

El kirchnerismo pretende seguir arrogándose el control sobre sus actos. Esto significa que, a medida que crecen las denuncias de corrupción, nadie controlará la gestión del oficialismo.