A contramano de las medidas que se vienen tomando en la Ciudad para mejorar la seguridad vial, la Legislatura porteña aprobó sobre el cierre de 2010 una ley que flexibiliza las condiciones que deben cumplir los micros escolares. Hasta ahora, debían dejar de circular a lo sumo a los 20 años y podían tener un máximo de 12 años de uso previo como transporte de pasajeros.

La polémica norma, la 3650, amplía la antigüedad máxima a 22 y el uso previo, a 15 años. Es decir, que antes de convertirse en micro escolar tuvo, por lo menos, 15 años de calle como colectivo con su consecuente desgaste.

Aunque despertó fuertes críticas en las propias tropas del oficialismo, y especialmente entre funcionarios que intervienen en el plan de movilidad, el Gobierno porteño no quiso pagar el costo político de aplicar el veto (el plazo se venció la semana pasada), según le confirmó a Clarín el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

La norma ­que aparecerá en los próximos días en el Boletín Oficial­ modifica el Código de Tránsito y amplía los plazos vigentes, establecidos en 2006 a través de la ley 2148. Desde el Ministerio de Justicia porteño dijeron que es un "retroceso" en términos de seguridad vial. "Hay que extremar los cuidados cuando se trata de la seguridad de los chicos. Una unidad más vieja es sin duda más peligrosa", se quejaron. También llegaron críticas desde el Ente Regulador. "Nunca fuimos consultados", confirmó el director Miguel Von Rozemberg. Y agregó: "La seguridad de los chicos debe estar por encima de todo".

¿Por qué se da esta situación? Los dueños de los transportes escolares compran las unidades que dan de baja las empresas de transporte público. Pero en los últimos años, la Secretaría de Transporte y la CNRT vienen aumentando el límite máximo para el transporte de pasajeros en la Región Metropolitana hasta llegar a 13 años.

"La realidad es que no había micros para comprar y con los tiempos actuales no daban los tiempos para amortizar el gasto. Nosotros no tenemos subsidios de ningún tipo", dijo una fuente del sector.

En el mismo sentido explicó que si debieran competir con el transporte público en la compra de unidades, el precio del transporte escolar aumentaría y el alza se trasladaría a los usuarios.

Ante la polémica, el subsecretario de Tránsito y Transporte, Guillermo
Dietrich, sostuvo que el planteo de los dueños de los micros era "válido" y resaltó que todas las unidades son controladas dos veces por año por SACTA, la empresa de la Comuna que habilita el transporte público. "Tenemos el sistema más controlado del país y con muy pocos accidentes", le dijo el funcionario a Clarín. Otro argumento a favor que se escuchó en su área es que "los micros escolares se ven sometidos a menores esfuerzos porque transportan menos peso y son utilizados menos horas por día". No es lo mismo que dijeron los técnicos que expusieron en la Legislatura en 2006 cuando se aprobó la ley vigente.

Lo llamativo es que la Ciudad, que debe controlar, también es contratista de estos micros. Sólo para las colonias de verano se contratan más de 300 unidades. A ese se suman decenas de actividades, durante el año, que realizan los colegios que dependen del Ministerio de Educación.

El proyecto por el cual se estiró la antigüedad permitida para los micros escolares fue impulsado por los diputados Avelino Tamargo (PRO) y Claudio Palmeyro (PJ y hombre del sindictao de peones de taxi de Oscar Viviani) y con el aval de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito y tuvo un paso exprés por la Comisión de Tránsito de la Legislatura antes de ser aprobado en la sesión del 13 de diciembre. En total, beneficia a unos 1.300 vehículos que se dedican al transporte escolar, aunque más del 60% son combis.

La votación se dio apenas unos meses después de la puesta en marcha de un Registro para conductores y acompañantes de transporte escolar, que endureció los requisitos, con exámenes psicofísicos para los choferes. Sin embargo, fuentes del sector dijeron que no fue parte de la negociación.