Montiel y quienes fueran sus ministros sumaron un nuevo revés en la Justicia provincial

Publicado: 24-11-2010

 

Entre Ríos.- A siete años de comenzado el expediente judicial, la Sala I de la Cámara del Crimen rechazó el planteo de prescripción de la acción penal presentado por los abogados de Montiel. Si bien el paso del tiempo debería jugar a favor del ex mandatario, la Justicia entendió que como Villaverde continuó con los fueros de funcionario público, ya que después de 2003 fue diputado provincial y luego convencional constituyente en 2008 cuando se reformó la Constitución Provincial, se suspende el plazo de prescripción.

En síntesis, los jueces Miguel Ángel Giorgio, Héctor Villarodona y Raúl Herzovich consideraron que resulta aplicable a Montiel, el 2º párrafo del artículo Nº 67 del Código Penal, que dice que cuando cualquiera de los coimputados se desempeñe en un cargo público se suspende al plazo de prescripción. De esa manera, los camaristas rechazaron el planteo de los representantes del dos veces gobernador, que se fundamentó en que "los plazos de prescripción son individuales".

Los camaristas indicaron en la resolución que "no resulta acertado lo aseverado por los recurrentes -abogados de Montiel- en cuanto a la creación en el artículo Nº 62 segundo párrafo del Código Penal de un nuevo tipo de deltitos imprescriptibles, sino que en realidad se trata de un sistema de prescripción de la acción más exigente en cuanto a la manera de computar los plazos para que dicha causal extintiva opere". 

Luego se añade: "Entonces, si cualquiera de los encartados entendía que no se hallaba en condiciones de soportar ese incremento en las exigencias para la operatividad de la prescripción de la acción penal, no debió haber aceptado desempeñar el cargo para el que fue electo o designado según el caso". 

Asimismo, los jueces argumentaron que "son numerosas las oportunidades en las que la ley de fondo adscribe consecuencias diferentes cuando quien transgrede la norma es un funcionario en el ejercicio de su cargo o función"

La compleja investigación judicial que sumó fojas y tres jueces de Instrucción parece que está llegando a su última etapa. Primero investigó Héctor Toloy, quien fue apartado por supuesta parcialidad. Luego llegó Ricardo González, quien dejó su cargo de juez para asumir como camarista. En lugar de González asumió Patricia Yedro, quien entre otras cuestiones procesó a los funcionarios.

La causa por la supuesta emisión de decretos antedatados que permitieron el pase a planta permanente de empleados públicos durante la gestión de Sergio Montiel se inició en 2003 y había sido caratulada como fraude a la administración pública, una estafa agravada por la datación de decretos.

En las acciones se habría ocasionado un perjuicio por unos 100.000 pesos contra el erario público, según constaba en la denuncia presentada inicialmente por el ex gobernador, Jorge Busti. 

En la actualidad el expediente ya estaría en condiciones para ser elevado a debate. No obstante, los abogados de Carbó y Berón también podrían presentar un recurso de prescripción para que sea analizado por la Cámara.

Si las causas contra el ex gobernador radical Sergio Montiel y sus ex ministros Berón y Villaverde no se unifican, los tres serán juzgados por lo menos dos veces en 2011. Primero, Montiel deberá afrontar el juicio por la causa San José. En este expediente lo acompañan Villaverde, Berón, junto a Fermín Garay y Osvaldo Cepeda. Todos están procesados por Defraudación y negociación incompatible con la función pública.

Montiel y quienes fueran sus ministros de Economía, Oscar Berón y Osvaldo Cepeda, y de Gobierno, Fermín Garay, están procesados por esta causa desde 2007. Villaverde en tanto, esquivó la situación escudado primero en los fueros, igual que en la causa anterior.

Esta causa ya se encuentra en la Sala 1 de la Cámara del Crimen, compuesta por Hugo Perotti; Ricardo González y José María Chemez y sólo resta fijar fecha de las audiencias.

En el caso, la Justicia evalúa si las autoridades radicales, al aceptar colectivos de la empresa San José en pago de una deuda impositiva, incurrieron en delitos.

La situación fue denunciada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas el 1º de setiembre de 2003. Actualmente es querellante la Oficina Anticorrupción, dependiente de Fiscalía de Estado y a cargo de Gustavo Adolfo Acosta.

En Tribunales todas las voces apuntan a una posible unificación de las causas, pero desde ya anuncian un largo debate para establecer responsabilidades, consignó Uno.