BUENOS AIRES - El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó ayer al gobierno que «resuelva favorablemente la movilidad de los haberes previsionales» y afirmó que «cualquier coeficiente tiene que tomar el 88,6 por ciento que se le otorgó a Badaro».

«Si finalmente se aprueba una ley de movilidad que repare el derecho vulnerado y el daño producido, no sería una concesión, sino el reconocimiento a un derecho constitucional que les corresponde» a los jubilados, enfatizó Mondino. Sin embargo, advirtió en declaraciones periodísticas que: «Hasta tanto sea un hecho concreto, la Defensoría nacional va a continuar con todas las instancias judiciales hasta lograr que se restablezca este derecho constitucional».

Y en ese marco el ombudsman nacional sostuvo: «Cualquier coeficiente de movilidad tiene que tomar como piso el que se le otorgó a (el caso testigo) Badaro -88,6 por ciento- a diciembre de 2006, porque otro índice menor seguiría provocando una desigualdad». »Pero además hoy deberíamos incluir el coeficiente de variación salarial nivel general del 2007 que fue del 22,66 por ciento», añadió.