La Pampa.- Los dos contadores oficiales, luego de analizar el peritaje de un veterinario sobre el movimiento de la hacienda, reiteraron que el ex funcionario no pudo demostrar un incremento patrimonial.

Los contadores oficiales, después de analizar la pericia de un veterinario sobre los gastos que le originó a Santiago "Patucho" Alvarez mover su hacienda, volvieron a decir que los números no cierran y que por lo tanto estaría demostrado, a priori,que el ex ministro de Bienestar Social se enriqueció ilícitamente durante su paso por la administración pública provincial.

Esas conclusiones ya están en manos del juez de instrucción Néstor Ralli, titular del Juzgado de Instrucción 6. Se trata de un trabajo realizado por los peritos contables oficiales Silvio Alvarez y Fernando Gasparini, quienes entrecruzaron datos de la pericia contable realizada por ellos con la segunda pericia oficial efectuada por el veterinario de General Pico, Pablo Guillermo Vaquero, sobre los gastos que le insumió al imputado mantener y mover los animales.

El resultado del informe deja a "Patucho" más cerca de un eventual procesamiento, aunque antes de dictar esa medida el juez le daría curso a un pedido del ex ministro de ampliar su declaración indagatoria. En realidad técnicamente ya fue indagado, en abril de 2009, pero en ese momento prefirió mantener en silencio.

La pericia contable oficial determinó que Alvarez no justificó un incremento patrimonial de 300.000 pesos durante el período investigado (1992-2004). ¿Por qué esos años? Porque de 1992 data la primera objeción del Tribunal de Cuentas a sus declaraciones juradas y porque 2004 es la referencia judicial, ya que el enriquecimiento puede ser investigado hasta dos años después de dejar la función pública en el ámbito de La Pampa.Ese peritaje mostró que hasta 2004 el ex ministro tuvo un total de bienes declarados por 700.000 pesos, por lo que no pudo demostrar casi la mitad. En ese momento Patucho tenía 1.950 vacunos y 130.000 pesos en acciones de empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Valores. A valores de ese año, sólo en animales poseía un patrimonio estimado en 1.400.000 pesos, ya que la vaca valía 1,20 el kilo, el ternero 3,00 y el novillo 2,65.

Un detalle que no es menor: Alvarez y Gasparini aplicaron una técnica contable en la que contemplaron solamente los valores originales, o sea se refirieron a valores no actualizados, por lo que se estima que el patrimonio global podría haber rondado los 2.00.000 de pesos.Un perito de parte -contratado por el imputado- llegó a una conclusión totalmente opuesta. Con los mismos números demostró que no existió el enriquecimiento. Pero ese intento de Alvarez por desvirtuar la pericia contable oficial encontró ahora otro obstáculo difícil de eludir: los contadores designados por la Justicia insistieron con el enriquecimiento luego de evaluar el peritaje de Vaquero, que había sido requerido por ellos a Ralli para aclarar algunos puntos específicos, como el pastoreo de los animales, entre otros.

¿Prescripción?

El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Además es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.Patucho fue ministro de Bienestar Social del marinismo hasta fines de 1999. Luego figuró como empleado de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación y el 31 de julio de 2001 volvió a un cargo de funcionario cuando el gobernador Rubén Hugo Marín lo designó vocal del directorio del Ente Provincial del Río Colorado. Catorce meses más tarde presentó la renuncia para irse al Programa Federal de Salud (Profe), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.La investigación penal contra Patucho se abrió hace más de cinco años, el 25 de noviembre de 2005, cinco meses después de que el Tribunal de Cuentas dijera que no había podido justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos.En esta causa, Patucho llegó hasta la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país le denegó por unanimidad un recurso de queja. La misma respuesta había recibido del Juzgado 6, de la Cámara en lo Criminal de General Pico y del Superior Tribunal de Cuentas.El ex funcionario, representado por los abogados Eduardo Aguirre y Hernán Víctor Gullco, quiso objetar dos cosas: a) que el requerimiento para justificar la procedencia de su patrimonio fue realizado en forma "infundada" por el Tribunal de Cuentas, ya que presuntamente le correspondía hacerlo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y b) que por la fecha de la denuncia el expediente debió quedar radicado en el Juzgado de Instrucción 3 y no en el 6.

Originalmente la investigación estuvo a cargo del juez Jorge Luis Howe y Rallí, su reemplazante, recién estuvo a cargo desde diciembre de 2008.

La estrategia dilatoria de los tiempos procesales apunta a obtener la prescripción de la acción penal. ¿Cuál sería el fundamento? Uno sería que pasaron más de seis años -la pena máxima del delito en cuestión- desde que Alvarez dejó de ser funcionario provincial. Ello ocurrió el 20 de septiembre de 2002