Chubut.- El Grupo Clarín puede perder la licencia que le permite explotar Canal 13 a causa de las irregularidades cometidas a partir de la adjudicación con que lo benefició el gobierno de Carlos Menem, advirtió el síndico general de la Nación, Daniel Reposo.

Reposo recibió de manos de José Carbonelli, ex delegado sindical en el canal de televisión, documentación que respalda las numerosas denuncias efectuadas por los trabajadores contra esa empresa. Reposo dijo que de comprobarse la veracidad de las pruebas presentadas, se podría revocar la licencia.

Las irregularidades van desde el precio al que el gobierno de Menem le adjudicó el canal, hasta la ocupación a lo largo de dieciséis años por Clarín del edificio que utiliza como estudio central de los Canales 13 y Todo Noticias (TN), uso por el que nunca pagó alquiler ni tampoco ejerció la opción de compra del predio. El prolongado tiempo que lleva usufructuando un bien público, proyecta al principal grupo mediático de la Argentina a un escalón superior al de los "ocupas" que tanto que condena.

Dudoso traspaso


El proceso de traspaso de Canal 13 al Grupo Clarín se inició tan pronto Menem asumió la Presidencia, cuando le entregó la intervención del canal. Y culminó en apenas un semestre. Durante ese lapso, el Grupo Clarín fue administrador y oferente a la vez.

Reposo recibió el 27 de enero a un grupo de ex trabajadores de Canal 13 encabezados por José Carbonelli, protagonista de una larga lucha contra los abusos de Artear S.A., la empresa del Grupo Clarín que concesionó el Canal 13.

El síndico general de la Nación ha hecho saber que a partir de la documentación recibida, la SIGEN inició una investigación exhaustiva. Los documentos que son objeto de análisis, permitirían comprobar la hipótesis de que el Grupo se hizo con el control del canal de manera irregular.

Un antecedente que la SIGEN tendría en cuenta al momento de evaluar la situación de la licencia, es el precio que Artear, la empresa con que se presentó Clarín, ofreció por Canal 13. Ese valor (poco más de 5 millones de dólares al cambio de entonces) habría sido la mitad del que pagó un año más tarde para comprar un pequeño canal de cable de la ciudad de Avellaneda.

Daniel Reposo hizo público también que Artear nunca pagó la cuantiosa deuda originada en reiteradas multas que le aplicó el COMFER (Consejo Federal de Radiodifusión). El ex presidente Eduardo Duhalde, en uno de sus últimos actos de gobierno, le condonó las deudas.

La denuncia hecha por Carbonelli, sostiene que Artear se hizo con el control de Canal 13 gracias a una licitación amañada, a pesar de lo cual no cumplió con las obligaciones fijadas en los respectivos pliegos. Así, en franca violación a la legislación laboral y a lo que disponían los pliegos (que comprometían al adjudicatario a no despedir trabajadores por el plazo de un año) Artear cesanteó personal a poco de hacerse cargo del canal. "Despidió en total a unos 700 trabajadores, 500 durante el primer año", dice Carbonelli.

A las cesantías le siguió el desconocimiento de los niveles salariales reconocidos por Proartel, la anterior licenciataria. Artear rebajó los salarios y con esa medida, calcula el ex delegado, ganó 7 millones de pesos-dólares, lo que le permitió "pagar un canon que fue irrisorio y quedarse con la diferencia".

"En pocos meses Artear llegó a facturar más de 30 millones de dólares mensuales, lo que le permitiría lanzarse a la conquista del monopolio de los canales de televisión por cable a lo largo y a lo ancho del territorio argentino", resume Carbonelli.

El ex delegado ratificó ante el síndico general de la Nación las denuncias presentadas ante la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Trabajo, las cámaras de Diputados y de Senadores, el COMFER y su sucesora, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

Carbonelli le dejó a Reposo copia de esa documentación, así como de los dictámenes y resoluciones de la Justicia y las autoridades administrativas y de control, que, sostiene, "comprueba la adquisición irregular de la emisora por el Grupo Clarín, y la violación sistemática de los pliegos de licitación".

De las pruebas aportadas se destaca un dictamen de la Auditoria General de la Nación de fecha 15 de julio de 1996 que afirma que los órganos de Control del Poder Ejecutivo, tales como el COMFER y la Secretaría de Medios de Comunicación, no cumplieron con su cometido.