Publicado: 20-12-2011

Capital Federal.- El proyecto que declara de utilidad pública la producción de papel para diarios, que tiene media sanción de Diputados, se encamina a convertirse en ley. Por qué el Gobierno decidió intervenir. Las múltiples irregularidades de Papel Prensa, la única proveedora de papel para diarios, dominada por Clarín y La Nación. La batalla judicial que viene.

Hace muchos años, Néstor Kirchner tuvo una convicción. Era necesario democratizar muchos aspectos del mapa mediático de Argentina. Hacia ese objetivo apuntó la Ley de Medios. También la intervención del Estado en las transmisiones deportivas, que derivó en la creación de "Fútbol para todos", permitiendo el acceso al fútbol de primera división, en directo y para todos los argentinos, sin tener que contratar ningún servicio de cable. El tercer round de esta "batalla por la democratización" de la comunicación se está librando por estos días.

El tema en cuestión: el monopolio existente en la actualidad con respecto a la fabricación de papel para diarios. Un poco de historia: hacia fines de los 60 surgió en Argentina la idea de crear una proveedora de diarios para todo el país, una única fábrica de papel que tuviera como socios tanto al Estado como a los medios privados; la idea tenía un objetivo claro, que era garantizar el acceso de todos los diarios a su insumo básico a un precio igualitario.

Una de las claves en este proceso es comprender cómo fueron cambiando de manos a lo largo de la historia reciente las acciones de Papel Prensa. Cuando la empresa se creó, las acciones fueron divididas en distintos tipos, pero manteniendo una proporcionalidad entre los medios privados y el Estado Nacional. A los pocos años, el empresario David Graiver consigue el manejo de parte del paquete accionario. Tras el golpe de Estado de 1976 y tras la muerte del financista, su familia fue despojada (bajo apremios ilegales, según denunciaron ante la Justicia) de estas acciones, y comienza una etapa durante la cual los diarios Clarín y La Nación inician un proceso de acumulación de acciones de la compañía, que continúa aun con la restauración democrática, hasta llegar a manejar la mayoría del paquete accionario, situación en la cual el Estado sólo ostenta el actual 27 por ciento, sin voz ni voto en las decisiones centrales de la empresa.

"La empresa fue planteada en sus inicios con cinco clases de acciones, donde pudieran estar representados los medios y proveedores. Lo que hicieron en la época de la dictadura, a través de un acta, fue permitir la adquisición del paquete accionario. Gran parte fueron las acciones del grupo Graiver, de las que hay denuncias ante la Justicia de que se lograron bajo tortura, pero también obtuvieron parte de las acciones en la etapa del gobierno democrático, incluso durante el gobierno de Du-halde se permitió a Clarín adquirir el paquete de acciones de otros inversores. La Razón, que era uno de los dueños, misteriosamente quiebra, y se queda con todo el paquete accionario el Grupo Clarín. Estas son situaciones que ningún organismo de contralor debió permitir en su oportunidad. Porque si hay un grupo que quiebra, esas acciones se tienen que distribuir con el sentido original. Se tergiversó totalmente esto para adueñarse de la única empresa de papel que hay. Otro de los agravantes es que papeleras muy chicas que producen otro tipo de papel, tienen ganancias anuales por encima de los 15 millones de dólares. Esta es una empresa que, por el capital que tiene, tendría que estar por encima de los 30 millones de ganancia, y hay meses que tiene pérdidas. Es inconcebible", relató a "Democracia" uno de los funcionarios del Estado que más conocen la situación de la empresa. Daniel Reposo es Síndico General de la Nación y es uno de los que representan los intereses del Estado en la empresa. Además de la grave denuncia efectuada por la familia Graiver acerca de que fueron despojados de las acciones mediante apremios ilegales durante la dictadura, denuncia que investigan los tribunales platenses, una vez que tomaron el control de Papel Prensa los socios mayoritarios olvidaron el objetivo inicial de la empresa -proveer papel a precio igualitario- y comenzaron a beneficiarse a sí mismos mediante distintos mecanismos.


Radiografía de un escándalo empresarial

El Estado, desde su lugar de socio minoritario en Papel Prensa, se cansó en los últimos años de hacer denuncias sobre su funcionamiento.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el sobredimensiona-miento de los costos y la falta de inversión del accionista privado. Esto genera que la empresa tenga pérdidas cuando es la única proveedora de papel para diarios y debería dar -lógicamente- ganancias.

Las denuncias del Estado sobre el funcionamiento de Papel Prensa también apuntaron al hecho de que gran parte del dinero se gasta en salarios de los gerentes, que arrancan en más de cien mil pesos, lo que no tiene comparación con ninguna empresa en el mercado de esta magnitud. La ecuación "empresa que da técnicamente pérdidas con gerentes que ganan 100 mil pesos" nunca le cerró al Estado, que como socio denunció la irregularidad.

Otro aspecto sobre el manejo irregular de la empresa que fue denunciado por el Estado es cómo el Grupo Clarín utilizó Papel Prensa para licuar una deuda que tenía derivada de la crisis de 2001.

Según denunció la Sindicatura General de la Nación en su momento, "el Grupo Clarín tenía una deuda a raíz de la crisis de 2001 y lo que hace es llevarla para que la pague Papel Prensa directamente, y Papel Prensa le hace una quita al grupo Clarín del 76% de los intereses, le da un plazo de gracia para pagarlos de tres años, y le da cuotas con una tasa del 2 por ciento anual, que es una tasa irrisoria, porque ni siquiera los bancos mayoristas les dan esta tasa a los otros bancos. Son sumas que exceden los 100 millones de pesos; convirtieron de dólares a pesos y en realidad quien paga la deuda de Clarín termina siendo toda la ciudadanía".

Otra anomalía denunciada por el Estado es cómo Papel Prensa operaba con Clarín y Nación en forma conjunta para comprar todo el papel de diarios, tanto el que necesitaban como el que no, con el único objetivo de quitarles a los otros medios el acceso a este insumo básico.

"Cada vez que hay un aumento en el costo del papel hacia todos los medios, ellos tienen información privilegiada porque son quienes llevan a cabo en el directorio este tipo de decisiones. Lo que han hecho es comprar la totalidad del stock a precio más barato, impidiendo por un lado que compren los demás medios, porque es un precio mucho más bajo, y por otro lado, al comprar todo el stock les quitan cupos de papel a los medios privados. Y todo este tipo de barbaridades son delitos, porque está expresamente prohibido en la ley, no pueden usar información privilegiada para favorecer a su propio grupo" denunció en su momento a "Democracia" el titular de la Sigen, Daniel Reposo.


Los manejos poco transparentes

no terminan allí. Papel Prensa abonó honorarios millonarios a un comité ejecutivo que no se reunió durante 18 años. En este aspecto también hay sobredimensiona-miento de costos.

El monopolio que tiene Papel Prensa también influye en el mercado de la producción de madera, de donde se extrae el papel para diarios. En vez de mantener un stock de papel por cuestiones estacionales (en épocas de lluvias la madera es más cara), Papel Prensa no mantiene stock y paga cifras siderales por la madera. Al ser la única compradora, termina fijando el precio. Papel Prensa también tiene grandes campos y árboles de donde se extrae material, con lo cual el precio que está pagando por la madera no debería ser tan caro.

Otras cuentas poco claras consisten en los abultados honorarios que se pagan a abogados: Papel Prensa invierte hasta dos millones de pesos en gastos de honorarios cuando tienen su propio servicio jurídico.


Lo que busca la nueva ley

Ante estas irregularidades, el Gobierno entendió que la ley que declarara de utilidad pública la producción de papel para diarios era la única manera de terminar con este monopolio y garantizar el acceso igualitario de todos los medios al insumo básico que necesitan para funcionar.

La ley considera que "la industria del papel para diarios es aplicable a las personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina que sean fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios y a los compradores de dichos productos".

En dos aspectos fundamentales, la norma aclara que apunta a "incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en la totalidad de las etapas de la actividad partiendo de la madera como insumo básico", y que también tiene como objeto "propender a una mejor operación de la industria de la pasta celulosa y del papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel".

También se crean instancias como la Comisión Federal Asesora, que tendrá representantes de las provincias con el objetivo de lograr el acceso igualitario al papel.

Las empresas fabricantes, en este caso Papel Prensa o las que puedan crearse a futuro, tendrán auditorías permanentes con el objetivo de que no tengan conductas monopólicas, como ocurría hasta el momento.

Otra posibilidad que deja abierta la ley es que el Estado pueda eventualmente incrementar su participación accionaria en Papel Prensa mediante inyecciones de capital.

De esta forma se apunta a que la empresa pueda crecer y terminar con la dinámica que existía hasta el momento. Una empresa que no tenía intenciones de crecer, ya que sólo estaba interesada en proveer a sus dos socios mayoritarios y su red de periódicos de todo el país. Para el esquema que mantuvo Papel Prensa hasta la actualidad, crecer implicaba ofrecer más papel a más diarios, y no estaban dispuestos a hacerlo.

La nueva ley también fija normas muy estrictas con respecto a la contabilidad y los balances de las empresas productoras de papel. Aquí se busca evitar los "balances secretos" y la falta de rendición de cuentas que caracterizaron la gestión de Papel Prensa.

Las empresas que fabriquen papel deberán, además, según la nueva ley, informar en forma diaria sobre el stock disponible y su capacidad de producción futura.

Esta parte de la ley apunta a limitar algunas de las maniobras que se habían observado en Papel Prensa. Por ejemplo, la Sigen había denunciado que "Clarín compra más papel del que necesita e imprime entre un 30 y 40 por ciento más de diarios de los que puede vender. Estos diarios vuelven a Papel Prensa para reciclado. Obtienen ganancias y también reducen la cantidad de papel disponible para otros medios".

Por último, la ley también plantea la necesidad de que los productores de papel para diarios informen sobre sus planes de inversión y establece importantes sanciones para el incumplimiento de la normativa.


Calcagno y Filmus: una ley necesaria

El diputado Eric Calcagno aseguró a "Democracia" que "hay que considerar esta iniciativa como el complemento de la Ley de Medios, porque sin igualdad de condiciones en el acceso a este insumo no puede hablarse de democracia. Y resulta imposible de entender que quienes dicen ser defensores de la democracia hayan intentado, mientras tuvieron mayoría en el Congreso, frenar esta ley".

Agregó que "la posición dominante de dos empresas periodísticas que controlan Papel Prensa ha venido significando un enorme privilegio. Muchísimos editores del interior del país lo han manifestado así y no creo que se pueda acusar al Gobierno nacional de sumar a esos pequeños y medianos empresarios a su presunta conspiración contra la libertad de expresión. Es al contrario, porque vimos cómo las empresas controla-doras de Papel Prensa condicionaban la capacidad de libre expresión de esos competidores al restringirles o directamente suprimirles el acceso al insumo".

Para Calcagno, la ley sancionada en Diputados y girada al Senado "aspira a terminar con esa situación de oligopolio; creo que es muy importante destacar la contribución a la libre competencia que va a haber con la aplicación de esta ley, porque hemos escuchado a algunos diputados de la oposición decir que el Estado nacional pretende sentar las bases de un monopolio: esto es total y absolutamente falso. Y que lo digan quienes dicen ser defensores de la libre competencia es paradójico, porque con esta ley el Estado tiene la herramienta necesaria para desarticular el monopolio y promover la verdadera competencia".

Calcagno consideró "indefendible la situación en la que dos empresas se atribuyen el derecho de regular precios y abastecimiento en detrimento de sus competidores. El Estado, entonces, aquí lo que busca es garantizar condiciones básicas para el efectivo ejercicio de la libre competencia; pero no podría hacerlo sin esta ley, que pauta la producción de manera de garantizar el pleno abastecimiento. Para eso, era indispensable declarar el interés público de este negocio. Así se llega a la raíz del problema, que es la inversión".

El diputado explicó por qué la nueva norma genera condiciones de igualdad para todos los demandantes de papel: "Al revés de lo que debe ser la lógica empresaria, que es la de invertir para aumentar ganancias, los socios hoy mayoritarios de Papel Prensa se han beneficiado más sin hacer inversiones. La producción de esta empresa es insuficiente, y esto no es por casualidad, sino porque ahí radica el privilegio de esas dos empresas. Con esta ley, van a tener que invertir para abastecer en igualdad de condiciones a todos, o de lo contrario será el Estado el que invierta. Y si es así, no se puede pretender que el Estado invierta más que los privados y siga siendo socio minoritario. La oposición ha hecho de esto un motivo de escándalo, acusando al Gobierno nacional de estatizante, pero lo cierto es que si el Estado se ve en la necesidad de intervenir, es porque esos socios han estado abusando de su posición en perjuicio de la libertad de expresión. Claro que, como ya lo han dicho algunos diputados opositores, esta discusión va a seguir en la Justicia. Pero creo que así como ganamos en el Congreso, vamos a ganar también en los tribunales".

Por su parte, el senador nacional por Capital Federal Daniel Filmus anticipó a "Democracia" sus argumentos a favor de la aprobación en la Cámara alta del proyecto que declara de bien público la producción de papel de diario. "Creo que están sacando de foco la cuestión: esta es una ley económica, no política", aseguró, y añadió que "lo que se busca es que funcione el mercado, que hoy no lo está haciendo porque hay un monopolio de la entrega del insumo básico para la libertad de expresión, que se está utilizando para mantener los privilegios de unos y perjudicar a otros. Nosotros consideramos que el Estado debe participar en aquellos espacios donde el mercado no genera condiciones correctas para que avance un sector, en este caso el de los medios de comunicación. Y sabemos que lo vamos a hacer exclusivamente para que todos puedan comprar papel al mismo precio".

Respecto de la supuesta falta de debate sobre el proyecto, señaló que el proyecto fue enviado al Congreso "mucho antes de las elecciones primarias de agosto siquiera" y que desde entonces se ha conversado sobre los puntos básicos de la normativa. "No hay novedades que cambien el panorama de ayer a hoy. Estamos quienes buscamos democratizar el acceso al papel para diarios, y aquellos que quieren seguir defendiendo los monopolios de privilegios para unos pocos".

El ex candidato a jefe de gobierno porteño cuestionó duramente la posición de los partidos que no acompañan la propuesta, y se mostró confiado en lograr aprobarla, teniendo en cuenta que pasó la Cámara de Diputados y ya hubo dictamen de comisión de libertad de expresión en la madrugada del mismo viernes 16.

La Cámara Alta podría tratar el proyecto en la próxima sesión, prevista para fines de esta semana.

-¿Cree que la oposición denuncia falta de debate y una supuesta intervención estatal sobre la empresa porque son funcionales a los medios más importantes? -consultó "Democracia".

-Por supuesto. No parecen haber tomado nota del 54% de los votos que obtuvo la Presidenta. Durante la campaña ellos defendían los intereses de los medios creyendo que a su vez el apoyo que recibían les iba a permitir quedarse con algún cargo e impedir que avancen otros proyectos, como este, o revocar la Ley de Medios. Pero hoy cayeron todos en descrédito, tanto opositores como medios opositores. Se intentan legitimar unos a otros pero no hacen más que exponer sus propias debilidades -finalizó.


El Senado y la Justicia

A fines de esta semana, el kirch-nerismo apuesta a que el proyecto de ley de papel para diarios se convierta en ley con la aprobación de Senado, que se da por descontada. Luego vendrá una larga batalla judicial. Desde el Grupo Clarín se desplegará previsiblemente una prolongada ofensiva en la Justicia contra la nueva norma, apuntando a que afecta garantías proclamadas en el artículo 32 de la Constitución Nacional. La nueva norma a ser sancionada ya fue recibida con elogios por medios cooperativos y diarios del interior del país, que consideran que se verán beneficiados por un acceso igualitario al papel. Mientras el debate sigue, y siguen los argumentos a favor y en contra, Argentina apuesta a democratizar sus medios de comunicación, algunos de los cuales convivieron muchos años con la dictadura, demasiados.