Concejales quieren soluciones luego de detectar serias irregularidades.

Alguien debe ser responsable de las gravísimas irregularidades y en este caso sería la Secretaría de Gobierno Municipal.

Ayer, en el Concejo Deliberante se dio a conocer el informe de la Comisión Investigadora conformada por concejales y que tuvo como objetivo dilucidar algunas cuestiones poco claras en el Municipio local. 

Dicha comisión contaba con amplias facultades para investigar sobre cuestiones administrativas del Gobierno local. 

La investigación se inició en base a la declaración brindada por la Secretaria de Gobierno Municipal, María Pérez Hernández, que a criterio de los concejales se caracterizó por "la inconsistencia de sus dichos y la falacia de su ponencia". 

La investigación 

La tarea de la Comisión Investigadora se basó sobre cuatro cuestiones: la delegación de funciones, agentes con licencia del 70 por ciento; empleados cartones e informe sobre la situación de lotes donados al Consejo de Abogados. 

La exposición del informe de esta comisión investigadora se extendió ampliamente, y las conclusiones fueron precisas. 

La concejal Viviana Romero precisó que este informe será remitido a las áreas respectivas. Respecto a las conclusiones, Romero afirmó que de la investigación se desprende que "hay un desmanejo bastante marcado; evidentemente hay falta de capacidad o desinterés para corregir ciertas situaciones". La edil también consideró que las irregularidades detectadas deben solucionarse "para corregir el rumbo lo antes posible, ya que estamos a casi dos años de gestión" dijo. 

Como parte del informe, también se precisa que comparando lo expuesto por la secretaria de gobierno y la información recogida del Municipio se concluye que lo expresado por María Pérez Hernández resulta "falaz y mentiroso". Además se la considera responsable de avalar a empleados ñoquis configurando su conducta en "incumplimiento de los deberes de funcionario público más el delito de falsedad ideológica". 

La comisión investigadora concluyó que se detectó "irregularidades graves y constituyen en algunos casos conductas tipificadas y penadas por la Ley". 

Es por ello, y con la intención de aclarar las cuestiones planteadas, que los concejales remitirán este informe a los organismos técnicos pertinentes como la Fiscalía de Instrucción; Fiscalía de Estado Municipal y Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas. 

El objetivo es lograr que estos organismos investiguen profundamente y ejecuten las sanciones correspondientes. 

También se espera que el intendente Lázaro Fonzalida tome medidas con respecto al accionar de algunos miembros de su gabinete, como es el caso puntual de la Secretaria de Gobierno, María Pérez Hernández. 

Lo que falta

Los concejales dejaron aclarado que "existen muchas situaciones irregulares que no han sido plasmadas. No se investigó a la totalidad de los empleados Municipales sino que se trabajó sobre un listado remitido por la Secretaria de Gobierno" precisaron.

"Esperamos que el censo efectuado permita detectar la totalidad de irregularidades con el personal y solucionarlas por el bien de la comunidad" ampliaron. 

También se precisó que hay 34 empleados que no se censaron a pesar de ser obligatoria dicha acción y por ende se desconoce a donde prestan servicios y quien es el funcionario que les otorga los correspondientes certificados para cobrar sus sueldos. Este tema sin duda también generará muchas sorpresas.

Lo investigado

Se detectó un grave incumplimiento a los deberes de funcionario público de la Secretaria de Gobierno en cuanto a la delegación de funciones del Intendente Municipal al Viceintendente. Se detectó en varias ocasiones estados de acefalía.

Respecto a la licencia del 70 por ciento se dilucido que algunos empleados no cumplieron con la reincorporación a su trabajo. En casos puntuales se detectó a empleados con domicilio actual en otras provincias pero que cobran su salario municipal. Otros cobran pero no trabajan

Se confirmó la existencia de empleados cartones, es decir aquellas personas a las que "alguien" les cobra el sueldo sin su autorización, en algunos casos por que no creen estar nombrados y otros porque supuestamente están en uso de licencia.