Cristina Kirchner debería elegir: si deseara no incurrir en un caso de incompatibilidad, tendría que renunciar a su cargo en El Chapel, la empresa que creó con su familia en diciembre de 2007 y que se dedica, entre otras actividades, a la consultoría financiera y de inversión.

Esta es la conclusión a la que llegó Néstor Baragli, subdirector a cargo de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), a partir del análisis de una denuncia que hizo en septiembre la diputada de la Coalición Cívica (CC) Patricia Bullrich. El funcionario firmó un informe al respecto el 27 de octubre pasado, cuando el jefe del organismo era Abel Fleitas Ortiz de Rozas, que falleció un mes más tarde.

Su reemplazante, el ex síndico general de la Nación Julio Vitobello, asumió el 26 de enero, y desde entonces demora una decisión sobre el caso. Para que el informe de Baragli se convierta en un dictamen de incompatibilidad y una recomendación formal para la Presidenta, se requiere la firma de Vitobello, peronista cercano al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. ¿Se animará?

"Si no lo hace, como fiscal anticorrupción tendrá que dar una justificación muy fundamentada, salvo que esté sometido al poder político", dijo Bullrich, que le presentó el viernes un pedido de "pronto despacho" y solicitó medidas en línea con las recomendaciones que planteó Baragli.

Este subdirector, un funcionario de carrera que está en la OA desde su creación, no sólo sostuvo que la Presidenta debería renunciar a su cargo en El Chapel, sino que afirmó que la OA, dependiente del Ministerio de Justicia, debería encomendarle al Poder Ejecutivo no contratar los servicios de la empresa.

Sostuvo, además, que Vitobello debería recordarle a Cristina Kirchner que, en su carácter de presidenta, debería abstenerse de intervenir en toda cuestión que involucrara a la compañía, para "evitar que el interés particular pueda afectar la realización del fin público y preservar el deber de imparcialidad de criterio en la adopción de decisiones públicas.

Baragli consideró, asimismo, que la Presidenta debería "extremar los recaudos y tener especial cuidado, a fin de que la información a la cual tiene acceso, en virtud de su cargo, no sea posible ser usada en pos de un interés privado". Los voceros del organismo informaron ayer a LA NACION que aún no había ninguna resolución sobre el caso.

El Chapel es una sociedad anónima fundada por Néstor y Cristina Kirchner y por el hijo de ambos, Máximo, que, a su vez, es el presidente de la firma. Néstor y Cristina son los directores suplentes. Un año antes, los tres habían creado Los Sauces, la empresa dueña del hotel boutique del mismo nombre que los Kirchner construyeron en El Calafate. Pero allí, el único que desempeña un cargo es Máximo.

Según su escritura de constitución, El Chapel tiene por objeto dedicarse "por cuenta propia o de terceros o en participación con terceros, dentro o fuera del país", a numerosas actividades. Se menciona "la prestación de todo género de servicios de consultoría, estudio, inversión y asesoramiento en las ramas de la economía, finanzas, derecho, ciencias sociales, educación, administración y otras disciplinas a personas físicas o jurídicas del país o del extranjero". Sin embargo, aún no se le conocen actividades.

Decisión de alto impacto

De acuerdo con el informe de Baragli, no es incompatible que la Presidenta haya creado El Chapel, sino que tenga un cargo en la sociedad. "Mientras se encuentre en la jefatura de la Nación, no podría ejercer un cargo de director suplente de una sociedad anónima, a fin de evitar la configuración de una incompatibilidad", dice el informe.

La conclusión se basa en el artículo 92 de la Constitución nacional, que ordena que durante su mandato el presidente "no podrá ejercer otro empleo"; en el Código de Etica en la Función Pública y en la ley de ética pública. El artículo 13 de esa norma establece que es incompatible con el ejercicio de la función pública "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".

El dictamen sobre El Chapel es la primera decisión de alto impacto que enfrenta Vitobello, al que la oposición criticó por su supuesta falta de independencia del Gobierno. Una de las primeras medidas que tomó al llegar a su cargo fue desplazar a los dos directores de la OA. Puso en su lugar a hombres de su confianza, pese a que esas designaciones aún no se formalizaron.

Por encima de Baragli, nombró a Gerardo Serrano. En la Dirección de Investigaciones, donde se tramitan las denuncias contra los funcionarios, designó a Claudia Sosa, que lo acompañó en la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La funcionaria tendrá poco margen de acción. En diciembre de 2007, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, recortó las atribuciones de los directores de la OA, que ya no pueden abrir expedientes ni pedir información a otros organismos sin la firma del jefe del organismo.