Con otra visión sobre el derecho a la intimidad y la privacidad, el legislador Manuel Raimbault priorizó la necesidad de que los funcionarios públicos rindan cuentas. Bajo ese análisis todos los patrimonios deben ser públicos y, quien no cumpla con la presentación de la declaración, no puede cobrar su salario.

Río Grande.- "El que no presente la declaración jurada, no cobra el sueldo", expresó por FM Aire Libre el legislador Manuel Raimbault, considerando que la ley que exige la presentación de los patrimonios y su publicidad, se debe cumplir a rajatabla.

"Leí la noticia en el diario y me entero por las personas que están cuestionando esta situación. Creo que hay que aplicarle la ley a rajatabla ?dijo sin titubeos luego del amparo presentado por el Dr. Ariznavarreta-. El que no presente la declaración jurada, no cobra el sueldo, que es lo que dice la ley, la Constitución y me parece que el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas deben actuar de inmediato", instó.

"Aquella persona o funcionario público que, obligado a hacer la declaración jurada no la hace, o la hace en forma errónea u omisa, lo que dice la ley es muy clarito, no se le tienen que pagar los salarios hasta tanto no cumpla con esta obligación", subrayó.

Con respecto al derecho a la privacidad y el temor a que sea pública la información que afecte la seguridad personal, no tuvo contemplaciones: "No hay incompatibilidad de ser funcionario con rendir cuentas. ¿Cuál es el problema en expresar cuál es el patrimonio? -se preguntó-. Esa discusión que se dio hace mucho tiempo, de que los funcionarios públicos teníamos que esconder el patrimonio por miedo a los secuestros, son discusiones que en realidad ponen a prueba la dimensión del sistema republicano. Si los funcionarios del Poder Judicial dicen que esto afecta al sistema republicano, la verdad que tenemos un concepto bastante raquítico de lo que es la república", criticó el parlamentario.

Cabe recordar que en oportunidad de discutirse la publicidad de las declaraciones patrimoniales en los comienzos de la gestión legislativa de la administración Colazo-Cóccaro, uno de los argumentos a los que adhirió la mayoría fue vertido en sesión por el legislador Jorge Bericua, y hablaba del riesgo al que se expone tanto el político como sus funcionarios, cuando resulta de dominio público el detalle de sus bienes.