Publicado: 05-12-2010
 
Chaco.- La diputada nacional Alicia Terada presentó el viernes una impugnación contra el dictamen que un departamento interno del Tribunal de Cuentas emitió en torno de su denuncia sobre el "proyecto Antequerita", iniciativa de Lotería Chaqueña que apuntaba a la construcción de un casino en el barrio San Pedro Pescador, a un lado del puente Chaco-Corrientes.

La legisladora del ARI ingresó un escrito dirigido al fiscal Milcíades Segovia, del TC, impugnando el dictamen emitido por el director de Asuntos Jurídicos, Víctor Rolando Arbués. Terada considera que ese pronunciamiento omitió varios aspectos irregulares del proyecto, que de momento fue suspendido por orden del gobernador Jorge Capitanich, tras una escandalosa audiencia pública realizada por Lotería en la Municipalidad de Colonia Benítez. 

Opinión sin antecedentes 

En su presentación ante el organismo de contralor, la diputada había pedido que "el Tribunal de Cuentas se avoque a la investigación de los hechos denunciados y (...) se expida sobre el control de la cuenta y documentación pertinente, desde los aspectos técnicos, documentales y formales". 

En los fundamentos de la impugnación entre otros temas, Terada cuestiona que Arbués reconoce haber dictaminado el expediente sin reunir los antecedentes y elementos suficientes para formular un veredicto. 
La legisladora también refuta los términos del dictamen que mencionan una imposibilidad de determinar si el proyecto involucra "una licitación de obra pública o de concesión para la explotación de un centro de entretenimientos que incorpora una obra a ejecutar". 

Al respecto, Terada marca que "el doctor Mario Pascual, presidente de Lotería Chaqueña, con absoluta precisión informa que por Decreto N° 1.523 del 10 de agosto del 2010 el Poder Ejecutivo Provincial, autorizó a Lotería Chaqueña a efectuar un llamado a licitación publica para otorgar en concesión la explotación de un centro integral de entretenimientos". Y afirma que "las documentales presentadas por Lotería Chaqueña, el Asesor General de Gobierno y la diputada Maria Lidia Cáceres no permiten desnaturalizar las irregularidades denunciadas. Todo ello, sin perjuicio de la posible violación de las disposiciones de la Ley 4.159". 

"Debemos señalar, que si bien el dictaminante no requirió los antecedentes necesarios para evaluar adecuadamente la cuestión planteada, por los menos debió analizar las constancias obrantes en el expediente", indicó la legisladora, al tiempo que insistió en la obligación que tiene el Tribunal de Cuentas de expedirse en referencia al caso presentado, "dado que el dictamen de la dirección de Asuntos Jurídicos no es vinculante y que la desestimación de la imputación podría causar graves daños a los intereses de la provincia".