La sesión del Senado de esta tarde tendrá entre sus temas un debate que puede encender otro escándalo en las bambalinas del Gobierno kirchnerista.

Será el turno de que los legisladores de la Cámara alta designen por primera vez en el Gobierno de Cristina a tres nuevos miembros en la Auditoría General de la Nación (AGN), la principal institución del Estado creada para controlar los actos de Gobierno, después de una inesperada postergación del tema en el plenario de la semana pasada.

La AGN se conformó como un ente autárquico a partir de la reforma constitucional de 1994. Es un cuerpo colegiado de siete miembros, tres elegidos por la Cámara de Diputados y otros tres por el Senado (en cada caso dos por la mayoría y uno por la primera minoría). Su presidente es designado por el principal partido de la oposición, según marca la Constitución: actualmente lo encabeza el radical Leandro Despouy.

Pero hecha la ley, hecha la trampa: la legislación existente no es tan explícita cuando define cómo deben designarse los integrantes del colegio de auditores. Quizás debido a esas ambigüedades es que entre los nombres que se manejan para ser designados hoy por los legisladores haya casos tan llamativos.

La principal candidata del oficialismo para quedarse con el puesto -de 8 años de duración- es la actual directora en Aerolíneas Argentinas y asesora de la presidenta Cristina Kirchner durante su paso por el Senado, Vilma Castillo. De ser elegida, Castillo debería auditarse a sí misma.

Junto con ella, el oficialismo postula a Francisco Fernández, a quien la oposición vincula con la causa por sobresueldos de los integrantes de la llamada mayoría automática menemista. Fernández, asesor del ex ministro Rodolfo Barra (y devenido ahora en kirchnerista) procura renovar su cargo, que ocupa en la AGN desde 2001.

El tercer auditor corresponde a la primera minoría, el radicalismo, que postulará al diputado nacional Alejandro Nieva (Jujuy), proveniente de la línea de Gerardo Morales.

Cuestionamientos

Previa a la sesión de hoy, el socialismo y los senadores nacionales de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchick salieron al cruce de las dos posibles nuevas designaciones propuestas por los senadores kirchneristas y adelantaron que realizarán sus cuestionamientos. "Sus antecedentes no alcanzan las condiciones éticas ni de transparencia que exige formar parte de este organismo fundamental de control externo del Poder Ejecutivo", afirmaron los senadores.

La mayor objeción que se ha hecho a Castillo es que como auditora tendrá que pronunciarse sobre la situación de Aerolíneas Argentinas, empresa en la que es directora en representación del paquete accionista minoritario en poder del Estado, y que actualmente está en proceso de expropiación (esta semana se trataría el proyecto en Diputados).

A los reparos, se suma el pedido de Poder Ciudadano, elevado al presidente del Senado Julio Cobos y a todos los bloques, para que se publiquen por internet los currículums de los candidatos de modo que su designación se realice "con la mayor transparencia".

El radicalismo, por su parte, se abstendrá de opinar respecto de estas decisiones. "Los postulantes oficialistas pueden ser cuestionados desde el punto de vista ético, pero cumplen con todos los recaudos legales" aseguran los senadores de la UCR.

Antecedentes del Gobierno en la AGN

Desde 2007 se habla de que el kirchnerista jefe de Gabinete Alberto Fernández comenzó una "intervención virtual" del organismo estatal.

La historia se inició cuando el oficialismo abusó de su mayoría en la Cámara de Diputados para imponer la nueva integración del Colegio de Auditores y en noviembre del año pasado designó a dos auditores de sus filas para establecer una estructura de poder en la AGN que obstaculice la investigación sobre los gastos oficiales. Para ello, llevó a dos de sus leales: Vicente Brusca y Oscar Lamberto.

 Los mandatos de los auditores salientes -el menemista César Arias y el frepasista Mario Fadel- vencían el 10 de diciembre y debían ser elegidos por la nueva composición del Congreso, que asumiría ese mismo día. Pero un mes antes de la fecha programada, y sin aviso previo, el bloque kirchnerista designó a aquellos dos hombres cercanos a Fernández.

La designación irregular fue denunciada ante la Justicia por el bloque de la Coalición Cívica que reclamaba para sí uno de esos cargos vacantes.

El desembarco de Brusca y de Lamberto surtió un efecto inmediato. Todas las auditorías en curso que podían comprometer la situación judicial de los miembros del Ejecutivo quedaron congeladas.

Con Lamberto y Brusca adentro de la AGN, por primera vez en la historia de la institución, la mayoría kirchnerista desplazó a personal de carrera de algunas áreas sensibles y colocó a gente de su confianza para monitorear las investigaciones que estaban en curso. El Gobierno pasó a ocupar las gerencias de gestión, en donde se evalúa si los fondos se utilizan correctamente.