Publicado: 23-06-2010
 
Tucumán.- Lejos de la abundante información que produjo el Tribunal de Cuentas (TC), en la Justicia la investigación del caso Funsal aún continúa en la etapa inicial de instrucción. En rigor, la fiscala penal María de las Mercedes Carrizo sólo lleva adelante actuaciones complementarias vinculadas a la irregular contratación de la Fundación Salud por parte del Siprosa.

La denuncia fue presentada el 19 de febrero, un día después de que LA GACETA diera a conocer una acordada del ente de control mediante la que se disponía el inicio de una comprobación sumaria en el Ministerio de Salud. Puntualmente, el tribunal frenó un pago de $ 800.000 autorizado por el ministro Pablo Yedlin a Funsal, por el dictado de cursos de capacitación. Luego de casi tres meses de investigación, el TC concluyó que el funcionario incurrió en "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" al avalar ese pago, puesto que legalmente la fundación no existía al momento de iniciados los ciclos. Por ese motivo, Yedlin y dos funcionarios (Alberto Sabaj y Daniel Alvarez Garmendia) fueron sancionados y multados con el pago de cinco sueldos. 

No obstante, en los tribunales la situación es diferente. Principalmente, porque ningún fiscal puede avanzar en una investigación jurisdiccional en contra de un ministro del Poder Ejecutivo, ya que estos gozan de prerrogativas constitucionales. Por ese motivo, cualquier medida que involucre a Yedlin debe ser solicitada por la fiscala Carrizo a un juez de instrucción.

Carrizo ya había formulado en abril una requisitoria penal al juez Juan Francisco Pisa, pero el magistrado la declaró nula por cuestiones formales. A partir de ese revés, a la fiscala se le presentaban las opciones de recurrir la decisión o de subsanar los vicios señalados. Optó por la suspensión de los plazos y se abocó al desarrollo de actuaciones complementarias respecto de aquellas personas mencionadas en la causa que no gozan de privilegios procesales. Por ejemplo, Sabaj y Alvarez Garmendia, y el presidente de la Funsal, Héctor Silva Olivares.

Ante una inquietud de los denunciantes (los abogados Oscar López y Raúl Moreno), el ministro fiscal, Luis de Mitri, detalló que la fiscala tomó declaración a algunas de las personas que figuran como asistentes a los cursos dictados por Funsal, según el listado que le proporcionó el Siprosa. Estos testimonios, según trascendió de fuentes judiciales, comprometerían a los funcionarios del Siprosa.

Sin embargo, los impulsores de la denuncia no están satisfechos con la actuación de la fiscala. Por ese motivo, reiteraron su pedido al jefe de los fiscales para que la aparte de la instrucción y designe a un nuevo fiscal.

Por el escándalo que desató la contratación de la Fundación Salud, sobre el ministro Yedlin pesan cuatro pedidos de interpelación presentados por legisladores de la oposición y un pedido de juicio político, que aún debe ser evaluado en la comisión parlamentaria. Como se recordará, los cursos que el ministro le atribuye a Funsal comenzaron en mayo de 2009, pero la fecha de inscripción de la fundación es de julio de ese año. Incluso, el convenio se firmó en agosto. 

Paralelamente, LA GACETA reveló que la sede inscripta por la entidad era un departamento céntrico. Y que el número de teléfono que figuraba en la guía correspondiente a ese domicilio estaba a nombre de Raúl Penna, actual jefe de Gabinete del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia), Juan Luis Manzur.