Publicado: 22-07-2010
 
Jueves 22 de Julio de 2010 | Tras la feria, tres miembros de la Fundación Salud comparecerán ante la fiscala Carrizo. Las pesquisas intentan determinar si hubo ilícitos en la contratación de ciclos odontológicos en el Ministerio de Salud.

Tucumán.- El reinicio de la actividad en los tribunales promete traer consigo un desfile de funcionarios y de empleados del Siprosa que deberán declarar en el marco de la investigación por la presunta contratación irregular de la Fundación Salud (Funsal).

Días antes de que comience la feria de invierno, la fiscala penal de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo, libró sendos oficios para que al menos ocho personas brinden sus testimonios en sede judicial.

Largo derrotero

Tal como publicó LA GACETA, la funcionaria lleva adelante actuaciones complementarias a partir de la denuncia presentada el 19 de febrero por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). Los dirigentes opositores requirieron a la Justicia que investigue si hubo ilícitos en un intento de pago por $ 800.000 autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, en favor de Funsal.

Como constató el Tribunal de Cuentas (TC), la fundación no existía jurídicamente al momento de iniciada la capacitación odontológica (mayo de 2009) que le atribuyó el ministro. En rigor, la Fundación Salud obtuvo el alta de la Dirección de Personas Jurídicas en julio del año pasado. Por ello, en su Acuerdo Nº 990 el ente de control concluyó que hubo "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" en la firma del convenio y, en consecuencia, sancionó con el pago de una multa de cinco sueldos a Yedlin y a dos de sus funcionarios más cercanos, el médico Alberto Sabaj y el abogado Daniel Alvarez Garmendia.

Con fueros

Como el ministro de Salud goza de privilegios constitucionales (una investigación en su contra sólo puede ser autorizada por un juez de instrucción), la fiscala Carrizo avanzó con una serie de medidas complementarias. Por ejemplo, solicitó un listado de los asistentes a los cursos y una copia del acta constitutiva de la Fundación Salud a Personas Jurídicas. Con esos elementos, la funcionaria comenzó a citar a algunos testigos. Entre ellos, el tesorero de Funsal, Christian Guillermo Cúneo, y a odontólogos pertenecientes al Siprosa.

En la lista de quienes deberán comparecer en los próximos días ante la Justicia aparecen dos funcionarios de la estructura de Yedlin: la directora general de Salud Integrada, Sandra Tirado, y el director de Salud de las Personas, Hugo Jovanovics.

Paralelamente, la fiscala tomará declaración testimonial a otras tres personas que, en la nómina proporcionada por el Siprosa, aparecen como asistentes a los ciclos atribuidos a Funsal. Se trata de tres mujeres (dos empleadas del Estado y una tercera que participó de los ciclos pero que no forma parte del plantel de personal público). Finalmente, las expectativas también están puestas en lo que puedan decir tres integrantes de la Fundación Salud: Pedro Eusebio Sisali (ya renunció) Julio Paz y Luis Francisco Chincarini. Estos, junto al tesorero Cúneo (ya declaró), prestan servicios en centros asistenciales del Ministerio de Salud.

No se investiga a Yedlin 

Si bien la fiscala Mercedes Carrizo avanza con las actuaciones complementarias (referidas a las personas que no cuentan con fueros), aún no elevó una segunda requisitoria para que el juez Juan Francisco Pisa decida si abre una investigación contra el ministro de Salud, Pablo Yedlin. El primer planteo de la fiscala fue rechazado por el magistrado: dijo que tenía errores formales.